Los 8 asuntos que marcarán la presidencia española de la UE

Tras la crisis migratoria de 2015, la Comisión Europea propuso un nuevo pacto para reforzar el control de las fronteras exteriores y el registro de inmigrantes, y nuevas reglas para garantizar más solidaridad entre los Estados miembros en el reparto de refugiados. Es un tema muy divisivo, sin resolver desde hace 8 años. Los 27 lograron en junio un acuerdo político por mayoría cualificada sobre una de las principales piezas legislativas como es el reglamento de gestión. Hungría y Polonia votaron en contra y han anunciado una dura oposición.

El plan incluye una decena de propuestas, como la reubicación obligatoria de 30.000 refugiados al año y la posibilidad de que los países paguen 20.000 euros por cada persona no acogida a una cesta común con la que se financiarán proyectos en países terceros. Las negociaciones entre los colegisladores ya están en marcha. España aspira a cerrar el paquete de propuestas en su presidencia o a dejarlo perfilado para que la presidencia belga lo cierre durante el primer semestre de 2024.

Las reglas fijan los límites de déficit y deuda en que pueden incurrir los países del euro. La propuesta introduce planes plurianuales de reducción de la deuda a medio plazo, simplificarla gobernanza y deja margen a los gobiernos para diseñar sus sendas de ajuste. La discusión quedó en bloqueada con la irrupción del covid19 y la guerra de Ucrania, cuando la Comisión Europea activó la cláusula de escape que permite dejar en suspenso las reglas fiscales que volverán a aplicarse en 2024. En abril, Bruselas presentó una propuesta legislativa para reformar las reglas que ahora negocian los ministros de economía y finanzas de la UE.

Una decena de países, con Alemania a la cabeza, exigen "criterios cuantitativos" de reducción de la deuda, más automatismo en el ajuste y plazos no demasiado largos. Francia, Italia y otros países exigen más flexibilidad y más espacio para las inversiones. Es la principal prioridad en materia económica que tendrá la presidencia española de la UE sobre la mesa que aspira a llegar a un acuerdo antes de finales de año.

El marco financiero establece límites máximos de gasto para las distintas políticas a largo plazo. El actual abarca el período 2021-2027 y la Comisión Europea quiere aumentarlo en 100.000 millones más por la subida de los tipos de interés, el coste de la deuda y la guerra de Ucrania y de los cuáles 66.000 millones tendrían que aportar los Estados miembros. Países como Alemania, Austria o Hungría ya han mostrado públicamente su rechazo.

Bruselas presentó la propuesta de revisión del marco presupuestario el 20 de junio y ha pedido a España que, como presidencia de turno, acelere las negociaciones para tratar de cerrar un acuerdo entre los Veintisiete y con el Parlamento Europeo antes de finales de año para responder a las necesidades financieras de 2024.

Esta ley es una pieza clave de la estrategia de biodiversidad de la UE y del pacto verde europeo. Incluye objetivos para restaurar y recuperar ecosistemas y hábitats degradados de aquí a 2030 (al menos el 20% para 2030) con flexibilidad para que los gobiernos establezcan medidas de restauración. Los 27 llegaron a un acuerdo político el 20 de junio y ya están listos para negociar con el Parlamento Europeo, con la nueva presidencia rotatoria española al mando, el texto final.

La norma incluye objetivos para restaurar y recuperar ecosistemas y hábitats degradados de aquí a 2030 (al menos el 20% para 2030) con flexibilidad para que los gobiernos establezcan medidas de restauración. El PP europeo y otros partidos conservadores de la Eurocámara aspiran todavía a frenar la ley en el pleno del 10 al 13 de julio en Estrasburgo, y obligar a Bruselas a retirar la propuesta.

Este reglamento quiere convertir a la UE en la primera región del mundo en regular el uso de la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa como el ChatGPT. Los gobiernos adoptaron su posición común en diciembre y hace dos semanas lo hizo el Parlamento Europeo, abriendo la puerta al inicio de negociaciones interinstitucionales. La presidencia española de la UE será quien asuma el peso de intentar cerrar un acuerdo político el segundo semestre del año.

Se quiere regular en función del riesgo: a mayor riesgo para los derechos fundamentales o la seguridad, mayores obligaciones. El principal obstáculo será el uso de datos biométricos por parte de las autoridades públicas y la policía. Comisión y Consejo quieren que sea posible en casos de desapariciones de menores y lucha contra el terrorismo. La presidencia española de la UE será quien asuma el peso de intentar cerrar un acuerdo político el segundo semestre del año.

La ley de materias primas y la ley de la industria de cero emisiones ('net zero act') son claves para impulsar la autonomía estratégica de la UE, pero ninguna de estas normas están maduras. Aunque España aspira a avanzar todo lo posible, previsiblemente será la presidencia belga, el primer semestre de 2024, quien cierre los expedientes.

La ley de materias primas pretende que "al menos el 10%" de las materias primas estratégicas que consume la UE se produzcan en territorio comunitario, mientras que la ley de industria cero emisiones pretende reforzar el ecosistema de tecnologías limpias simplificando y acelerando permisos.

Bruselas hizo su propuesta en diciembre de 2021 con el objetivo de regular los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, como Uber Eats, Glovo o Deliveroo. Algunos países, como España, consideran que el texto acordado es poco ambicioso y tratarán de mejorar durante la negociación final con el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo adoptó su posición a principios de febrero. Los gobiernos lo hicieron el pasado 12 de junio, con lo que las negociaciones interinstitucionales ya pueden comenzar con el objetivo de negociar un texto final durante el segundo semestre del año. La primera discusión tendrá lugar durante la sesión plenaria de Estrasburgo en julio.