El fiscal general,
visto para sentencia:
las claves de un
juicio histórico
El fiscal general,
visto para sentencia:
las claves de un
juicio histórico
Por Jose Rico
Un fiscal general del Estado ha sido juzgado por primera vez, y ahora espera sentencia. Álvaro García Ortiz se enfrenta a una petición de entre 4 y 6 años de cárcel por presunta revelación de secretos. La cronología que desemboca en el juicio incluye correos, chats, llamadas, posibles bulos, un fraude fiscal confeso y una supuesta filtración. Un caso insólito en la historia judicial de España.
Quién es quién
EL ÚNICO ACUSADO
EL DENUNCIANTE
LOS TESTIGOS
Los antecedentes
En mayo de 2022, la Agencia Tributaria abre una investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por defraudar 350.951 euros en 2020 y 2021. El 5 de marzo de 2024, la investigación salta de Hacienda a los juzgados cuando la Fiscalía presenta una denuncia.
El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador envía un correo a la Fiscalía en el que su cliente reconoce la comisión de "dos delitos" contra Hacienda y ofrece un pacto por el que se declara culpable. Ese correo se acabaría publicando después de que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, dijera que era la Fiscalía quien había pactado y luego había retirado la oferta por "órdenes de arriba".
El Supremo abrió la causa contra García Ortiz en octubre de 2024 para esclarecer si tuvo alguna responsabilidad en la filtración de esos correos electrónicos.
Dos años y medio más tarde del inicio de la investigación de Hacienda, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo para ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos.
La versión del fiscal general
(y sus apoyos)
- Las seis sesiones del juicio se saldaron sin que se presentase ninguna prueba directa de que el fiscal general del Estado fue el autor de la filtración a los medios de comunicación del correo del abogado de Alberto González Amador reconociendo los dos delitos fiscales. García Ortiz se mostró rotundo al afirmar que él no había "hecho llegar el correo a personas ajenas a la fiscalía", lo que le permitió negar la piedra angular de la acusación.
- Esta versión fue apuntalada, sobre todo, por una decena de periodistas de diferentes medios. Todos aseguraron que accedieron al contenido del correo filtrado antes de que le llegara a García Ortiz. Uno de ellos afirmó que tenía una copia física del 'mail' desde una semana antes. Otro, que lo leyó seis horas antes. Y otro, que su fuente provenía de la Fiscalía de Madrid, y no de la general.
- La otra gran acusación es que el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil cuando el Supremo abrió la causa en su contra. García Ortiz alegó que elimina cada mes los whatsapps porque contienen información sensible de distintos casos y para evitar que consten datos que puedan afectar a terceros, por si olvida, pierde o le hackean el aparato.
Los que acusan al fiscal general
- La voz cantante de las acusaciones al fiscal general la llevaron González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Ambos atribuyeron sin pruebas la difusión de los correos a un complot urdido por "todo el aparato del Estado" contra la presidenta madrileña, algo que García Ortiz negó con vehemencia alegando que la nota aclaratoria de la fiscalía se limitó a recoger "lo que ya era de conocimiento público".
- Los agentes de la UCO que elaboraron informes para la causa también señalaron al fiscal general, concluyendo que tuvo un papel "preeminente" en la filtración. Su argumento principal fue que, por razón de su cargo, tenía un "dominio total" de la acción de la fiscalía, que "no se haría nada sin su conocimiento", y que la información "ya estaba en manos de la Fiscalía General" cuando trascendió a los medios.
- La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró que García Ortiz tenía urgencia por hacerse con los 'mails' de González Amador, y que cuando habló con el fiscal general, le acusó de haber filtrado los correos y él respondió: "Eso ahora no importa". García Ortiz negó esta versión.
La cronología
Se desvela el fraude fiscal de González Amador. El fiscal Salto envía un correo a su abogado para informarle de la denuncia
El letrado de González Amador envía a su cliente un mensaje de que el pacto sigue adelante y este envía un pantallazo del correo a Miguel Ángel Rodríguez
Todo se precipita cuando sale a la luz la oferta de pacto, pero atribuida a la Fiscalía. Tras un intercambio de llamadas, mensajes y 'mails', el fiscal Salto envía sus correos con el abogado a sus superiores y la fiscal Pilar Rodríguez los envía, a su vez, a la cuenta personal de García Ortiz
A los pocos minutos, varios medios informan de que fue González Amador, y no la Fiscalía, quien ofreció el acuerdo. Miguel Ángel Rodríguez envía entonces a un chat de periodistas el contenido del correo y afirma que el pacto lo ofreció la Fiscalía, pero que retiró la propuesta por "órdenes de arriba"
Más de 20 comunicaciones documentadas
Más de 10 personas involucradas en las comunicaciones
La publicación íntegra del correo clave lleva a la Fiscalía de Madrid a emitir una nota para aclarar que fue el abogado de González Amador quien ofreció el pacto
Más de 40 comunicaciones documentadas
Más de 12 personas involucradas en las comunicaciones
Se desvela el fraude fiscal de González Amador. El fiscal Salto envía un correo a su abogado para informarle de la denuncia
Todo se precipita cuando sale a la luz la oferta de pacto, pero atribuida a la Fiscalía. Tras un intercambio de llamadas, mensajes y 'mails', el fiscal Salto envía sus correos con el abogado a sus superiores y la fiscal Pilar Rodríguez los envía, a su vez, a la cuenta personal de García Ortiz
La publicación íntegra del correo clave lleva a la Fiscalía de Madrid a emitir una nota para aclarar que fue el abogado de González Amador quien ofreció el pacto
Dos años y medio después del inicio de la investigación de Hacienda, Alberto González Amador continúa procesado por fraude fiscal y está investigado por presunta corrupción en los negocios. Por su parte, el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo para ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos.
· Más de 60 comunicaciones documentadas
· Más de 15 personas involucradas en las comunicaciones
Un reportaje de EL PERIÓDICO
Textos: Jose Rico
Con información de Tono Calleja,
Cristina Gallardo y Ángeles Vázquez
Diseño: Ramon Curto
Coordinación: Rafa Julve