La Policía sostiene que agentes marroquíes "guiaron" a los migrantes a Ceuta para "colapsar" la ciudad española

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ya tiene en sus manos el informe policial que resultará clave para determinar si el tribunal especializado debe ser el encargado de investigar las circunstancias en que se produjo la entrada masiva de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. En él, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señala la participación de la Policía de Marruecos en la ejecución de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma, al haber guiado a través de personas de agentes uniformados y otros de paisano a las personas para que cruzaran la frontera. "La finalidad migratoria opera solo como una cobertura formal", destaca el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, lo que considera "confirmado por el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español (solo permanece aproximadamente un 10% de la cantidad total estimada de tos que acceden ilegalmente)".

En su informe, entregado a la magistrada que lo solicitó, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional argumenta que el incidente obedece a una operación en la que agentes marroquíes, con y sin uniforme guiaron la entrada de personas en Ceuta. Las fuentes añaden que en los puestos había pocos agentes y apuntan a la necesidad de investigar a los que no estaban uniformados para determinar si efectivamente eran agentes policiales o de los servicios secretos marroquíes. El informe, que va acompañado de fotografías de las distintas fases en las que se produjeron las entradas, procedentes de redes sociales y de meidos de comunicación, descarta la actuación de mafias migratorias y no dice nada relativo a una supuesta implicación de Israel en el asalto.

Estructura marroquí inoperante

"La existencia de una segunda convocatoria, mucho más explícita", el 15 de agosto, fue "absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí", que "estuvo inoperante en un proceso que duró más de 48 horas" entre los días 30 y 31 de julio. "La difusión de mensajes posteriores que, incluso a nivel oficial, justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla", señala el informe, de 55 páginas.

Para los agentes del CENIF, ello "conlleva la existencia de una planificación previa y, por lo tanto, una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control. Ambas van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español y de la que se proyecta sobre todas tas cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta de España".

Tras conocerse el contenido del informe el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reaccionado pidiendo explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, puesto que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre se ha negado cualquier participación de Marruecos en el asalto masivo de más 72.000 inmigrantes en Ceuta. El Cenif señala que existen numerosas imágenes de los momentos previos y durante la llegada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes difundidas que acreditarían cómo se condujo a miles de personas para que cruzaran la frontera.

En su opinión, "resulta evidente la concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación asociadas a elementos externos (como la sentencia del Supremo sobre las entradas a nado, el proceso de regularización extraordinaria o la falta de vigilancia ) que permite hablar también de la mencionada planificación previa y refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actúan conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso".

Artículo 25

La juez María Tardón abrió diligencias para determinar si debía investigar la entrada masiva y comprobar si había indicios de un delito contra la independencia del Estado o cualquier otro competencia de la Audiencia Nacional. Su primer paso fue solicitar informes a la Policía y la Guardia Civil en relación con lo sucedido para determinar si detrás estuvieron organizaciones criminales. Con ellos, el fiscal adscrito al caso, José Perals, deberá pronunciarse a favor o en contra de la apertura de una causa. Lo hará tras consultar a sus superiores, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y hasta a la propia fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dada la trascendencia del caso, conforme establece el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal. De dar por buenas las conclusiones policiales, ese posicionamiento previsiblemente será favorable a que la Audiencia Nacional investigue lo ocurrido.

El único informe que de momento está en manos de la titular de la plaza central de Instrucción número 3 sostiene que lo ocurrido en Ceuta fue un proceso planificado contra la frontera española y, por tanto, de la Unión Europea, al que se dio cobertura con una crisis migratoria, más que un incidente espontáneo promovido desde sociales por las mafias dedicadas al tráfico de personas sin capacidad para movilizar a semejante número. El dictamen considera una prueba de esa conclusión que el 90% de quienes habían entrado retornaran a Marruecos en pocas horas.

Proteger agentes

Por su parte, Iustitia Europa, que presentó una denuncia tras la entrada masiva, ha presentado un escrito a la magistrada en el que le pide protección para los agentes que han redactado el informe dado a conocer ahora sobre la participación de Marruecos en el asalto a Ceuta.

En un escrito presentado este miércoles en la Audiencia Nacional, el partido que ejerce la acusación popular en los procedimientos seguidos contra el entorno de Pedro Sánchez, "interesa que cualquier medida administrativa o disciplinaria relacionada con dichos funcionarios sea comunicada inmediatamente al tribunal y que se advierta de las posibles responsabilidades, incluidas las penales, que pudieran derivarse de cualquier actuación dirigida a interferir, obstaculizar o condicionar la investigación judicial o la actuación de los agentes que la desarrollan".

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