El Gobierno negocia el último paquete de transferencias de competencias a Euskadi en la legislatura

La irrupción de la crisis en Ceuta ha dejado en cuarentena algunas de las carpetas previstas para impulsar durante este arranque del curso política. Entre ellas, el último paquete de transferencias de competencias a Euskadi, como el régimen económico de la Seguridad Social y puertos de interés general. Un acuerdo crucial para retener el apoyo del PNV y acercar su voto a favor de los Presupuestos. Los nacionalistas vascos, considerados socios “prioritarios”, han elevado durante los últimos días sus críticas a la respuesta del Gobierno, llegando a referirse a “negligencia”. Aunque las negociaciones se han mantenido, la pretensión de cerrar un acuerdo “tras el periodo estival” está ahora en el aire.

Fuentes de las negociaciones evitan ahora ponerse plazos y desde el gobierno vasco reconocen que no hay fecha fijada para la celebración de la comisión bilateral. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sido nombrado al frente del mando único para la gestión de la crisis migratoria, mientras que Sánchez ha ordenado a sus ministros centrar sus esfuerzos en la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.

La falta de avances sustanciales, obligando ya a retrasar la bilateral Estado-País Vasco prevista inicialmente para el pasado mes de julio, se topa así ahora con una situación que ha trastocado la agenda del Ejecutivo. La reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales solo tendrá lugar si se levantan los bloqueos para materializar los traspasos pendientes. En el Ejecutivo central se limitan a mantener el compromiso de “seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos”.

Antes del verano, en el ministerio de Transportes ya advirtieron sobre la complejidad de atender a la reivindicación del traspaso de los puertos de Bilbao y Pasaia. Se trata puertos de interés general de la red de Puertos del Estado, por ley, algo que consideran que no es fácil cambiar. Con todo, se evitan líneas rojas como frente a la petición del traspaso de los aeropuertos vascos, que finalmente se desbloqueó optando por la creación de órgano bilateral con mayor coparticipación del ejecutivo autonómico pero sin alterar la red de aeropuertos de interés general de Aena.

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno vasco se fue de vacaciones dejando acuerdos cerrados en la Junta de Seguridad. Entre ellos la participación de la Ertzaintza en los procedimientos de expulsión de extranjeros, aun sin traspaso de competencia, o la prohibición de portar armas blancas en espacios públicos. Está pendiente de que el Ejecutivo materialice este acuerdo con una reforma reglamentaria que deberá llevar al Consejo de Ministros. También se produjo una cesión de competencias es en lo relativo a los servicios privados de seguridad.

Euskadi ha acaparado esta legislatura más de la mitad de las transferencias de competencias realizadas por el Estado a la comunidad autónoma. Su acuerdo de investidura con el PSOE fijaba como plazo finales de 2026 para completar todas las recogidas en el estatuto de Gernika.

Compromisos con la Generalitat

Con la Generalitat también están pendientes de materializar traspasos, como el de Rodalies o los acordados en la comisión bilateral celebrada el pasado mes de mayo en la sede del ministerio de Política Territorial. Entre ellos el cambio de mayorías en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para que las instituciones catalanas tengan un peso mayoritario (un 45% el Estado, por un 40% la Generalitat y un 15% el Ayuntamiento de Barcelona) o el refuerzo de medios humanos en los Mossos d'Esquadra para avanzar hacia el traspaso de competencias de seguridad en puertos y aeropuertos.

Además de Euskadi y Catalunya, las otras comunidades con las que el Gobierno ha pactado traspasos de competencias esta legislatura son Navarra, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Con la Xunta de Galicia, además, está pendiente de convocar la Comisión Mixta de Transferencias para abordar la cesión de la AP-9 tras el acuerdo en el Congreso impulsado por el BNG para su cesión.

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