Justicia
La fiscalía denuncia al activista ultra Alberto Pugilato por instigar al acoso en redes sociales
Los actos van contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la periodista Sarah Santaolalla
La fiscalía denuncia al ultra Alberto Pugilato por instigar al acoso en redes
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Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía de Valladolid ha denunciado al activista de extrema derecha Alberto Pugilato, alias de Alberto González de Juan, por instigar al acoso desde sus perfiles de redes sociales contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la periodista Sarah Santaolalla.
La denuncia, interpuesta por un particular y a la que ha tenido acceso EFE este lunes, incide en que González de Juan habría incitado, legitimado y reforzado el acoso contra personas por razones ideológicas a través de sus perfiles de X, @albertopugilat y @pugilato2014, que suman más de 85.000 seguidores y su canal de YouTube.
Asimismo, señala que en esas publicaciones se jalean estos actos, se emplea un lenguaje exhortativo que llama a la acción colectiva de terceros, se normaliza la violencia política, se validan los actos de acoso y se insertan en un contexto real de movilización ideológica.
En concreto, indica que el denunciado habría compartido fechas y localizaciones de las actuaciones de Quequé a través de X, donde invitaba a "aplaudirle" como "eufemismo de agresión", y que se jactaba, en publicaciones posteriores y en su propio canal de YouTube, de que el cómico salmantino hubiera cancelado parte de su gira por las presiones recibidas.
La denuncia enumera numerosas publicaciones, también dirigidas a la comunicadora Elena Reinés y a la periodista Sarah Santaolalla, ambas vinculadas a posturas de izquierdas, así como la apelación a insistir en la presión contra estas figuras con comentarios como "Apreteu" o "Apreteu que funciona".
Por todo ello, la Fiscalía vallisoletana concluye que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510 1.a) y 1.b) párrafos 3º y 5º del Código Penal.
Los delitos de odio, recogidos en el artículo 510, tienen penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
El texto indica que el Ministerio fiscal remitió su denuncia a la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid y que el pasado 24 de julio incoó diligencias previas para investigar delitos que podrían haberse cometido desde su perfil de X.
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