El Supremo pide una reunión con Bolaños y que suba el sueldo a sus funcionarios

El magistrado Pablo Lucas ya no preside la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su cese al frente de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal se produjo el pasado 13 de julio, cuando cumplió 72 años, momento en que también abandonó su responsabilidad como juez enlace con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue sustituido en esa responsabilidad por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, con el que en su día compartió la fecha de sus respectivos nombramientos. Solo una semana antes de dejar el Alto Tribunal Lucas presentó un informe en el que, entre otras medidas, proponía reclamar a Justicia una subida retributiva para los funcionarios del Supremo que les equiparase a los de los juzgados madrileños.

En el acta de la Sala de Gobierno del pasado julio, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se da cuenta de la jubilación del hasta ahora presidente de la Sala Tercera y del último informe que redactó para plantear a Justicia una serie de mejoras en relación con el nuevo modelo organizativo de la Oficina Judicial. Unas medidas que la Sala de Gobierno del alto tribunal quiere trasladar en una reunión, el próximo mes de septiembre, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El acuerdo señala que el pasado 6 de julio, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, remitió una carta al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y se quiere dejar "constancia de la ausencia de respuesta por parte del destinatario". La Sala de Gobierno ha decidido, no obstante, insistir en ella, pero esta vez dirigiéndosela al ministro Bolaños junto con el informe de Pablo Lucas en el que se proponen una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del Alto Tribunal.

El objetivo del encuentro será que el vicepresidente del Tribunal Supremo y los magistrados Antonio del Moral y Sebastián Moralo se aborden con el ministro en persona las necesidades detectadas. Lucas plantea reiterar un informe del año pasado de la Sala de Gobierno por el que ya se proponía de cara a la implantación del nuevo modelo organizativo de la Oficina Judicial que, dentro del complemento específico de las retribuciones de los funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia que sirven en el Tribunal Supremo, se contemple uno "que, al menos, iguale su retribución a la que perciben los funcionarios de Justicia que sirven en órganos judiciales situados en la Comunidad de Madrid".

También reclama que las secretarias y secretarios particulares de los magistrados "conserven el puesto de trabajo de origen y no sufran merma retributiva alguna, contemplándose, en su caso, el paso a la correspondiente situación administrativa", y que los letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo "se equiparen, a los efectos retributivos de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ, antiguos secretarios judiciales), directores de los servicios comunes".

En el acuerdo del pasado mes de julio del alto tribunal también se propone al Consejo General del Poder Judicial (CPJ) el nombramiento de un nuevo letrado para el Gabinete Técnico del alto tribunal y la prórroga por tres años más de ocho de ellos: dos están especializados en Civil, otros dos en Social y cuatro en Contencioso-Administrativo.

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