El Congreso tumba las comparecencias de ministros que pedía el PP tras adelantarse la de Sánchez al día 3

Sobre el papel, y mirando fríamente los datos, el Gobierno no tuvo una mala jornada parlamentaria este miércoles, cuando se reunió la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el órgano de la Cámara Baja fuera de los periodos ordinarios de sesiones. Cinco peticiones de comparecencia se votaron, que afectaban a cuatro ministros, los vicepresidentes primero y tercera, Carlos Cuerpo y Sara Aagesen, y los titulares de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Todas fueron rechazadas gracias al voto negativo del PSOE y casi todos sus socios. La oposición les reclamaba explicaciones por diversos asuntos, incluida la regularización de inmigrantes acometida este año, un asunto que tangencialmente toca la crisis de Ceuta, aunque también sobre los incendios forestales que han vuelto a afectar a España este verano o sobre la prórroga de la vida útil de la central de Almaraz, que aprovechando el sigilo estival aprobó el Ejecutivo en contra de sus previsiones y promesas.

Al finalizar la sesión, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, charlaban distendidamente en la sala Constitucional, sin duda aliviados por el resultado de las votaciones. Pero como en los eventos deportivos, los resultados pueden tener varias lecturas. Desde el Partido Popular (PP) se arguye en primer lugar que el Gobierno no salió favorecido, pues solo el efecto del voto ponderado que se aplica en la Diputación Permanente permitió que todas las comparecencias fuesen rechazadas, a pesar del apoyo a la mayoría de ellas de Junts, que votó a favor invariablemente salvo en la que se refería a Cuerpo, titular de Economía, sobre la gestión de los fondos europeos, donde los de Carles Puigdemont se abstuvieron.

Pero más allá de eso, la sesión comenzó marcada por el consenso contra natura de oposición y los socios del PSOE de que la comparecencia de Pedro Sánchez sobre Ceuta llegaba "tarde", como llegó a decir el portavoz adjunto de Sumar y diputado por Compromís, Alberto Ibáñez. Algo que provocó un volantazo de última hora de Moncloa, que si bien había sondeado la posibilidad de que el presidente del Gobierno compareciese en el pleno el próximo 9 de septiembre (una fecha que el Gobierno llegó a trasladarle a los medios de comunicación) finalmente aceptó que ese pleno se celebre seis días antes, el jueves 3 de septiembre. Es decir: la próxima semana.

Comparecencias obsoletas

El PP atribuye ese giro a que el Ejecutivo tenía "perdida" de antemano la votación sobre una comparecencia de Sánchez, y que hubiera obligado al presidente a comparecer esta misma semana, la última antes del periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre. Los populares, que estuvieron representados por la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, argumentan además que lo que se votaba en la Diputación Permanente ya había quedado en buena medida obsoleto.

En algunos casos por el propio objeto de la comparecencia, como la que se reclamaba a Marlaska por el escándalo del Director Adjunto Operativo de la Policía, el DAO José Ángel González Jiménez, quien dimitió en febrero tras las acusaciones de acoso sexual por parte de una agente con la que previamente había mantenido una relación. Un asunto ampliamente debatido ya. Y en el resto porque esas comparecencias o se van a producir, por ejemplo Aagesen, titular de la cartera de Transición Ecológica, que lo hará a petición propia sobre los incendios y las políticas climáticas, o algunos de los ministros ya han comparecido, como esta semana Robles y Marlaska, este último el próximo viernes. Aunque en este caso específicamente sobre la crisis en Ceuta, como también lo harán los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Elma Saiz (Seguridad Social, Inclusión y Migraciones), Mónica García (Sanidad) y Sira Rego (Infancia y Juventud), de aquí al próximo lunes.

Lo escuchado en la sesión del miércoles, al margen del intercambio habitual de posturas entre unos y otros actores políticos, por ejemplo sobre la cuestión migratoria, evidenció que el Gobierno ya no tiene tantos apoyos como al principio de legislatura. Especialmente significativa al respecto fue la intervención de la líder de Podemos, la exministra Ione Belarra, que llegó a tildar de "racista" al PSOE al hijo de la crisis en Ceuta.

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