Sánchez encara la recta final del mandato cercado por la corrupción y con el lastre de la gestión en Ceuta

Pedro Sánchez enfila la recta final de su mandato cercado por los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno inmediato y lastrado por la gestión de la grave crisis migratoria de Ceuta, que llegará a septiembre lejos de resolverse más de un mes después de la entrada masiva de migrantes. El líder socialista ganó en 2018 la moción de censura con la bandera de la limpieza democrática y la regeneración tras la sentencia del 'caso Gürtel', que condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, y puede acabar, ocho años después, viendo cómo un juez de la Audiencia Nacional imputa al PSOE por delitos vinculados con la corrupción, como ya teme la cúpula del partido.

Tras la condena al exministro José Luis Ábalos -exmano derecha del presidente- a 24 años y tres meses de cárcel por el 'caso Mascarillas', diversas causas judiciales acorralan a varias de las personas que fueron de su máxima confianza, como el exsecretario de Organización, Santos Cerdán; su exjefe de Gabinete en el partido, Juanma Serrano; o la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Además, en los próximos meses se seguirán sucediendo informaciones comprometedoras que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y en la pieza separada abierta dentro de esa misma causa por las joyas encontradas en su despacho y de origen todavía desconocido. El exjefe del Ejecutivo ha sido un puntal del liderazgo de Sánchez y a nadie se le escapa que fue clave para que el resultado de las elecciones de 2023 le permitiera mantener el Gobierno. Pero muchos en el PSOE ya están marcando distancias con el expresidente, más teniendo en cuenta que está incumpliendo sus propias promesas de transparencia y explicaciones públicas, sobre todo, a cuenta del origen de las joyas, valoradas por una tasación judicial en 1,3 millones de euros.

En estos próximos meses también se sucederán los últimos trámites procesales que llevarán hasta la celebración del juicio con jurado a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En este caso, la polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado, corregida en múltiples ocasiones por la Audiencia de Madrid, permitirá al Ejecutivo y al PSOE escudarse tras un supuesto 'lawfare', esto es, una instrucción judicial basada en motivos políticos.

La crisis migratoria

Cuando el presidente y todo el Gobierno se incorporen oficialmente este lunes a sus despachos deberán seguir lidiando con un agosto de vértigo que no ha dado respiro a la mayoría de los departamentos. Los mayores incendios de la historia reciente a finales de julio -que obligaron a activar la emergencia nacional de protección civil- dieron paso de forma inmediata a la peor crisis migratoria y humanitaria de España, con la entrada de unos 80.000 migrantes irregulares a Ceuta el 30 y el 31 de julio.

Fuentes del Ejecutivo asumen que esta crisis tardará meses en darse por resuelta. Cierta imagen de descoordinación, mensajes en apariencia contradictorios de unos ministros frente a otros y la lentitud en la resolución de algunos problemas -como el hecho de que no se empezaran a habilitar espacios para los migrantes hasta 20 días después de la avalancha- lastran una gestión ya de por sí muy difícil. Como adelantó EL PERIÓDICO, el ministro designado para coordinar la acción del Gobierno en Ceuta es el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El Gobierno tendrá en las próximas semanas y meses que hacer frente al reparto de los menores en distintas comunidades autónomas, deberá resolver las peticiones de asilo, que los recursos judiciales pueden luego eternizar, y mientras tendrá que acoger a los que pidan protección internacional.

La financiación y los presupuestos

Quedó pendiente para septiembre la gran medida con la que el Gobierno esperaba cerrar el curso político, el decreto ley para afrontar lo que denominan la emergencia habitacional. La falta de apoyos parlamentarios y el desacuerdo entre los socios ha retrasado el decreto que incluía la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028. Esta era una de las principales novedades, pero no la única porque la norma abarcaba desde el mayor control del alquiler temporal hasta la modificación de la Ley del Suelo.

También se aplazó la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado el 4 de septiembre. El Ministerio de Hacienda plantea aumentar los recursos de las comunidades en unos 21.000 millones de euros en 2027. Las 11 comunidades gobernadas por el PP lo rechazan por considerar que está condicionado por el acuerdo con ERC, pero no son las únicas, ya que otras dos comunidades gobernadas por socialistas, Castilla-La Mancha, que ha mostrado una oposición radical a la fórmula, y Asturias, votarán en principio en contra "a no ser que haya cambios sustanciales en el modelo", explican a este diario desde los dos gabinetes socialistas. El modelo solo cuenta con el respaldo de los gobiernos catalán y canario. El Gobierno puede aprobar el modelo con los únicos votos a favor de Hacienda y estas dos comunidades, pero en las próximas semanas intentará ganarse el apoyo del Gobierno socialista de Asturias para sumar más apoyos.

Más dificil parece aún el otro reto en manos del ministro de Hacienda, Arcadi España, que va a presentar los primeros presupuestos de la legislatura, aunque tengan muy pocas posibilidades de ser aprobados. Las cuentas de 2027 serán expansivas y se presentarán como contraste de lo que haría un posible Gobierno del PP y Vox. De hecho, fuentes socialistas reconocen que, aunque sean rechazadas, servirán de programa electoral de cara a los comicios de 2027.

La fecha de las elecciones

El presidente ha apuntado varias veces a agotar la legislatura, pero ni en el Gobierno, ni en la cúpula socialista descartan que pueda haber un adelanto electoral en el primer trimestre de 2027, tras el rechazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado: "el presidente convocará las elecciones cuando considere que es el mejor momento para los ciudadanos y para el partido", asegura un ministro socialista. El PNV, con el que el Ejecutivo ha negociado que los comicios generales no coincidan con las municipales de mayo, ha exigido ya que la convocatoria se produzca tras el rechazo de las cuentas generales, que todos dan por muertas antes de nacer.

El grueso de la acción del Ejecutivo en las próximas semanas se volcará en la propuesta de financiación autonómica, que fue aparcada para septiembre a petición del PP, en la elaboración y la presentación de los Presupuestos, que el Ejecutivo asegura que esta vez sí llevará a las Cortes, o en el paquete de medidas de vivienda que también se aplazó por falta de los apoyos parlamentarios suficientes.

Quedan pocos meses de legislatura, pero el Ejecutivo tratará de hacer ver que mantiene la iniciativa, que sigue gobernando y que es capaz de aprobar leyes para "mejorar la vida de la gente", como aseguró el propio Sánchez en su balance del curso político de finales de julio. Sin embargo, una parte importante del PSOE considera que el tiempo se agota y que lo mejor sería convocar las elecciones cuanto antes: "Cuando el Congreso rechace los presupuestos, ya no habrá muchos motivos para seguir", asegura a EL PERIÓDICO un destacado diputado socialista.

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