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Precedente histórico

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Cada sábado de agosto rebuscamos en los archivos de las Cortes Generales para recuperar curiosidades y detalles

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Historias de las Cortes (II): Calaveras, túneles secretos y una cámara acorazada, los subsuelos del Congreso

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Los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde

Los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde / Archivo Gráfico de la Carta de España

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
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Ángel Alcalde fue detenido el 2 de agosto de 1988 por, presuntamente, haber colaborado con ETA. Dieciséis meses después, el 2 de diciembre de 1989, acudía al Congreso para presentar sus credenciales como diputado electo de Herri Batasuna por la provincia de Vizcaya. La renuncia al acta de uno de sus compañeros y el asesinato de otro en la víspera de la constitución de las Cortes le habían convertido en diputado del Reino de España. Los siguientes días fueron decisivos: Alcalde fue uno de los tres parlamentarios que sentaron un precedente al prometer la Constitución "por imperativo legal" y, poco después, se fugó y permaneció en paradero desconocido durante trece años.

Candidato a la alcaldía de Portugalete en 1983 y 1987, Alcalde no logró hacerse con el bastón de mando de la ciudad vizcaína. Fue detenido en el verano de 1988, después de que la Policía encontrara entre la documentación intervenida al terrorista Santi Potros una serie de manuscritos atribuidos a Alcalde sobre posibles objetivos para ETA. Estando en la prisión de Herrera de la Mancha, a la espera del juicio que se había fijado para febrero de 1990, fue incluido el cuarto en las listas de Herri Batasuna por Vizcaya. La formación abertzale nunca había obtenido más de dos escaños por aquel territorio. Nadie esperaba que saliera elegido.

Los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde durante la rueda de prensa tras abandonar el hemiciclo del Congreso de los Diputados el 4 de diciembre de 1989.

Los diputados de Herri Batasuna Jon Idigoras, Itziar Aizpurua y Ángel Alcalde durante la rueda de prensa tras abandonar el hemiciclo del Congreso de los Diputados el 4 de diciembre de 1989. / Archivo Gráfico de la Carta de España

Y los comicios de 1989 no fueron distintos. El brazo político de ETA logró dos asientos en el Congreso. Jon Idígoras y Tasio Erquicia eran los dos diputados electos. Sin embargo, el segundo de ellos renunció a su acta para cederle su puesto a Josu Muguruza, con gran peso en la formación. Así se llegó al 20 de noviembre, víspera de la sesión constitutiva de las Cortes, en la que los miembros de Herri Batasuna iban a participar activamente por primera vez en las instituciones. Aquella noche, Muguruza estaba junto a sus compañeros en el Hotel Alcalá de Madrid. Dos pistoleros, posteriormente relacionados con el movimiento ultraderechista Bases Autónomas, hicieron fuego contra ellos. Muguruza murió en el acto. La lista electoral volvía a correr y Alcalde era diputado.

Portada de El Periódico del día 21 de noviembre de 1989.

Portada de El Periódico del día 21 de noviembre de 1989. / El Periódico

El día de después

"Podría parecer que hoy no es día de palabras, pero pienso, por el contrario, que hoy más que nunca es día de afirmar la superioridad de esta suprema expresión de la civilización, ligada a la esencia misma del Parlamento, frente a quienes han querido alterar con la violencia la normalidad del funcionamiento constitucional", declaró al día siguiente el reelegido presidente del Congreso, Félix Pons, en la primera sesión de la legislatura. Ningún diputado de Herri Batasuna asistió.

Alcalde, que había recibido la noticia en la cárcel de Herrera de la Mancha, fue excarcelado a los pocos días. Al ser diputado electo, gozaba de aforamiento y solo podía ser juzgado por el Tribunal Supremo, por lo que la Audiencia Nacional se inhibió a favor del alto tribunal. El 2 de diciembre, doce días después del asesinato de su compañero, Alcalde presentó las credenciales de diputado en el Congreso. En ese momento, solo le quedaba jurar o prometer la Constitución.

El día marcado fue el 4 de diciembre, al comienzo de la primera sesión de investidura de Felipe González. Alcalde, junto a los otros dos diputados abertzales Itziar Aizpurúa Egaña y Jon Idígoras, llegó al Congreso con un as bajo la manga. "Por imperativo legal, sí prometo", respondieron los tres, uno tras otro, cuando se les formuló la pregunta. Pons consideró que "al no haber utilizado la fórmula reglamentaria no han adquirido la condición plena de Diputados" y les pidió que abandonaran el hemiciclo. Fue la última vez que Alcalde apareció en el Congreso.

Fragmento de la portada de EL PERIÓDICO del día 5 de diciembre de 1989.

Fragmento de la portada de EL PERIÓDICO del día 5 de diciembre de 1989. / El Periódico

La desaparición

Los días 5 y 6 de diciembre, durante los cuales continuó el debate de investidura, ni Alcalde ni sus compañeros se presentaron en la Cámara. Mientras tanto, el Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio al Congreso para poder procesar al diputado. El 12 de diciembre, reunida a puerta cerrada, la Cámara Baja autorizó la petición y el alto tribunal ordenó su ingreso en prisión. Sin embargo, el diputado abertzale ya se encontraba en paradero desconocido. Así permaneció durante trece años, un periodo en el que reapareció puntualmente —para descrédito de la Policía— en París, en Bélgica y en el mismísimo Velódromo de Anoeta, en San Sebastián, donde dio un discurso de siete minutos en mayo de 1991.

Fragmento de la portada de EL PERIÓDICO del día 14 de diciembre de 1989.

Fragmento de la portada de EL PERIÓDICO del día 14 de diciembre de 1989. / El Periódico

En aquella aparición, Alcalde era diputado de pleno derecho. En junio de 1990, el Tribunal Constitucional dió la razón a los tres parlamentarios de Herri Batasuna, asegurando que era válida la expresión utilizada para acatar la Constitución y que, por tanto, tenían la plena condición de parlamentarios. Aquel fallo es el que permitió que en 2019 Oriol Junqueras prometiera la Carta Magna "como preso político" y "por imperativo legal" o que Josep Rull lo hiciera "con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre y al pueblo de Catalunya".

Alcalde siguió fugado hasta el 2003, cuando anunció su regreso estando ya en Donostia. El delito del que le acusaban en la década de 1980 había prescrito ya. No obstante, en 2005 volvió a ser encarcelado y, en esta ocasión, sentenciado a un año y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

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