El Govern de Illa da por hecho que se mantendrá el calendario de cierre de Ascó y Vandellòs

La prórroga de la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, hasta 2030 aprobada por el Gobierno en pleno sopor de agosto, ha abierto la veda sobre si otras plantas en otras comunidades seguirán los mismos derroteros. En el caso de Catalunya, los municipios que albergan Ascó I, Ascó II y Vandellós, todas ellas en la provincia de Tarragona, han manifestado que esperan que se produzca un efecto dominó. Sin embargo, en la Generalitat no contemplan una alteración del calendario de su cierre, previsto, respectivamente, para 2030, 2032 y 2035, tal y como queda recogido en la planificación estatal que se rubricó en 2019.

Fuentes del Govern de Salvador Illa reafirman su "compromiso" con esas fechas de cese y con el proceso de transición energética y descarbonización en un plazo de 24 años, como recoge la Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (PROENCAT), cosa que implica una apuesta por el ahorro y la eficiencia energética y por las energías renovables en sustitución progresiva de la producción nuclear. A su juicio, que se haya alargado la vida de Almaraz no debe extrapolarse al resto de nucleares del Estado. "El Govern entiende que la decisión de alargar la vida útil de la central de Almaraz se circunscribe únicamente a esta central, en respuesta a una conjuntura geoestratégica puntual y específica", aseguran fuentes del Govern a EL PERIÓDICO.

Una posición explicitada en el Parlament

Eso supone, en la práctica, que, aunque la decisión esté en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, la apuesta del Executiu es que el calendario de cierre se mantenga inmutable. Cabe decir que, desde que asumió el cargo de president de la Generalitat de la mano de ERC y los Comuns, Illa no solo no ha cuestionado las fechas de clausura fijadas, sino que el PSC ha votado en el Parlament en contra de alargar la vida útil de las nucleares cuando el PP le reclamó revisarlo y ha hecho oídos sordos ante las peticiones reiteradas de Foment de que se apruebe una prórroga. "Los compromisos se tienen que cumplir", espetó el president en febrero de 2025 en respuesta a la petición del líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández.

Incluso después del gran apagón del 28 de abril del año pasado, cuando el debate sobre el cierre de las nucleares se avivó en Catalunya de la mano de parte del sector empresarial y de partidos como el PP, Junts y Vox, Illa ha mantenido la posición. La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con Sílvia Paneque al mando, ha explicitado también que trabaja con un escenario de cierre "ordenado y progresivo". Tanto es así que, hasta ahora, el Govern ha reforzado el Fons de Transició Nuclear concebido para diversificar la economía de los territorios afectados por el futuro cierre, que se calcula que tendrá un impacto sobre 3.000 puestos de trabajo. El pasado mes de julio el president presentó proyectos de inversión en Terres de l'Ebre -como los 1.000 millones de euros de inversión de Submer Group en los antiguos terrenos de la planta de Ercros en Flix para desarrollar un centro de datos de IA- y ha apostado fuerte por la candidatura de Móra la Nova para acoger una gigafactoría europea de inteligencia artificial con la vocación de robustecer una alternativa económica en la zona.

Los recelos de los socios

Al mismo tiempo, el Govern ha aplazado la aprobación definitiva del Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER) hasta el verano de 2027, cuando inicialmente tenía previsto hacerlo este año tras constatar las reticencias territoriales y recibir más de 12.000 alegaciones. Precisamente ese movimiento es el que ha generado inquietud en los Comuns, uno de los socios de legislatura de Illa que levanta especialmente la bandera del ecologismo. El portavoz en el Parlament, David Cid, explica que existe "malestar" en su formación por la prórroga de Almaraz, como ya expresó Sumar la semana pasada, y que en el caso de Catalunya quieren que el president "se moje" y explicite que Ascó y Vandellós no correrán la misma suerte, además de dar por sentado que el Govern no entrará en conflicto con el Gobierno de Pedro Sánchez si finalmente aprueba alargar la vida de las centrales catalanas.

Es por ello que pedirán la comparecencia de la consellera Paneque cuando se retome el curso político para explicar una "moratoria del PLATER" que tachan de "desastre", especialmente teniendo en cuenta que en Catalunya solo el 15,3% de la demanda eléctrica se cubre con renovables, según el Observatori de las Energies Renovables de Catalunya (OBERCat), frente al 16,2% de 2024. Los Comuns también tienen previsto llevar a votación durante el debate de política general el rechazo a la prórroga de Almaraz y el calendario vigente de cierre de las centrales de Ascó y Vandellós para forzar al Govern a reafirmar su compromiso.

ERC, principal socio parlamentario del Govern, no ha concretado por ahora si piensa impulsar alguna iniciativa a escala catalana para garantizar que se cumpla la fecha de cese de las nucleares, pero su portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, insiste en que Almaraz "debe ser una excepción" y admite "preocupación" porque se haga extensiva la prórroga a otras instalaciones. "Somos antinucleares y hay un calendario que se tiene que cumplir", asegura la diputada, que señala que el problema es que "no se estén haciendo los deberes" en materia de renovables para garantizar la meta de los 160 gigavatios de potencia total instalada de este tipo de energías para el año 2030, un hito clave para que el suministro esté asegurado sin nucleares.

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