Los veranos que cambiaron España: pactos de Estado, recortes y hasta la primera amnistía tras la dictadura

En España, el verano casi nunca ha supuesto una tregua para la política. Algunas decisiones se tomaron aprovechando que el país parecía mirar hacia otro lado y, en otras ocasiones, llegaron rupturas inesperadas y crisis que a punto estuvieron de desbordar las instituciones. La entrada de cerca de 70.000 inmigrantes en Ceuta, con graves consecuencias políticas y sociales, se ha sumado este año a una larga serie de episodios que cambiaron España en vacaciones.

Apenas ocho meses después de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno de Adolfo Suárez (Unión de Centro Democrático, UCD) aprobó el 30 de julio el real decreto-ley de amnistía que permitió liberar o cancelar responsabilidades por numerosos delitos de intencionalidad política (rebelión, sedición, deserción…) y abrió el camino hacia la reconciliación que supuso la Transición. No fue la amnistía general de octubre de 1977, pero sí el primer gran gesto político de Suárez al que Juan Carlos I había puesto de presidente solo unos días antes, el 3 de julio. El 1 había dimitido Carlos Arias Navarro, en el que el Rey ya no confiaba.

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (Unión de Centro Democrático, UCD), y el líder de la oposición, Felipe González (PSOE), firmaron el 31 de julio los llamados Acuerdos Autonómicos. Es el primer gran pacto de Estado sellado en democracia y en verano. Acababa de ocurrir el golpe de Estado del 23 de febrero y Ejecutivo y oposición intentaron ordenar y generalizar el Estado de las autonomías.

Incluían criterios sobre el mapa autonómico, los estatutos, las competencias, las transferencias, la financiación territorial y el proyecto que desembocaría, un año más tarde, en la ley orgánica de armonización del proceso autonómico (LOAPA).

Las Cortes modificaron el artículo 13.2 de la Carta Magna para permitir que los ciudadanos comunitarios pudieran no solo votar, sino también ser candidatos en las elecciones municipales. La reforma, necesaria para ratificar el Tratado de Maastricht, fue sancionada el 27 de agosto. Era la primera vez que se abría la Constitución tras ser aprobada en 1978 y se hizo con rapidez, consenso y en pleno verano. Fue la primera vez que se hizo con ‘agosticidad’ un cambio de la ley de leyes, pero no sería la última.

ETA secuestró el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Vizcaya), y dio al Gobierno 48 horas para acercar a sus presos a cárceles del País Vasco. El ultimátum paralizó el país. Millones de personas salieron a la calle, con las manos pintadas de blanco, para exigir su liberación.

El Gobierno no cedió. El 12 de julio, agotado el plazo, los terroristas le dispararon dos veces en la cabeza y lo abandonaron gravemente herido. Murió al día siguiente. Su asesinato provocó una reacción social sin precedentes contra ETA y dio origen al llamado ‘espíritu de Ermua’. Aquel verano, el miedo empezó a cambiar de bando: por primera vez, una parte de la sociedad vasca se enfrentó públicamente y en masa al terror.

La mañana del 11 de julio, gendarmes marroquís desembarcaron en Perejil, un islote situado a apenas 250 metros de la costa marroquí y a unos ocho kilómetros de Ceuta. Plantaron tiendas, izaron su bandera y rompieron un equilibrio que nadie se había atrevido a alterar. España exigió la retirada; Marruecos se negó. Durante casi seis días, unas 140 horas, la tensión creció entre comunicados, movimientos navales y negociaciones fallidas.

Al amanecer del 17 de julio llegó la respuesta. La operación española Romeo-Sierra comenzó con helicópteros Cougar dejando en el islote a 28 militares de operaciones especiales. Con apoyo militar, rodearon a los seis soldados marroquís que lo custodiaban. No hubo disparos: tras una orden por megafonía, depusieron las armas y fueron trasladados a Ceuta. El desalojo duró una hora, pero la crisis tardó tres días en cerrarse. El 20 de julio, tras la mediación de Estados Unidos, España retiró sus tropas. Perejil volvió a quedar vacío, aunque ya nunca volvió a parecer insignificante.

El Consejo de Ministros del 11 de julio aprobó el despliegue de 1.300 militares en el centro-sur de Irak. España ya había mandado soldados en marzo, pero esta vez no iban a una misión humanitaria que operaban desde barcos en el Golfo Pérsico. En este segundo envío, ya se establecieron en las provincias de Diwaniya y Nayaf, conviviendo con la población civil y rodeados de facciones hostiles.

Los españoles se habían manifestado desde principios de año en contra de la participación en una guerra lanzada por EEUU y el Reino Unido y que el entonces presidente José María Aznar (PP) había apoyado. Pocos meses más tarde, el 14 de marzo de 2004, en las elecciones generales, el partido conservador perdió el Gobierno. Tres jornadas antes un atentado de Al Qaeda contra varios trenes en Madrid había dejado 192 muertos y 1.856 heridos.

Aquella primavera y aquel verano la crisis financiera golpeaba Europa y se cebaba con algunos países como España. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy (PP) sellaron un acuerdo inesperado: reformarían la Constitución para blindar la estabilidad presupuestaria. El nuevo artículo 135 limitaría el déficit estructural de las administraciones y otorgaría “prioridad absoluta” al pago de los intereses y el capital de la deuda.

Todo ocurrió a una velocidad desconocida. La propuesta entró en el Congreso el 26 de agosto y fue aprobada el 2 de septiembre por 316 votos frente a cinco. No hubo referéndum porque no lo pidió el número necesario de parlamentarios.

El déficit del año anterior había sido mucho mayor de lo previsto y financiar la deuda resultaba cada vez más difícil. El día 11 de julio, El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), subió a la tribuna del Congreso y anunció un ajuste de 65.000 millones de euros para los siguientes dos años y medio.

El IVA general pasó del 18% al 21% y el reducido, del 8% al 10 %. Los empleados públicos perdieron la paga extraordinaria de diciembre; la prestación por desempleo bajó del 60% al 50% desde el séptimo mes para los nuevos beneficiarios, y desapareció la deducción por vivienda para nuevos compradores desde 2013. El Gobierno lo presentó como un sacrificio inevitable para recuperar la confianza y contener el déficit. La crisis ya no era una cifra lejana: había entrado en la vida cotidiana.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), y el de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (CiU), se reunieron en la Moncloa el 30 de julio descontando ya los días que faltaban para el 9 de noviembre, día que los soberanistas habían anunciado que harían una consulta independentista. El ‘procés’ había empezado.

En ese encuentro de dos horas, Mas le entregó a Rajoy 23 reclamaciones sobre financiación, déficit e infraestructuras. El ‘president’ le exigió una salida política, que el Ejecutivo central propusiera al menos una ‘tercera vía’ si no quería un pacto fiscal especial con Cataluña. Rajoy rechazó cualquiera de las dos opciones y no llegaron a ningún acuerdo. Algunos ya sospecharon que era el camino hacia el choque total.

Juan Carlos I comunicó el 3 de agosto a Felipe VI que se marchaba del país. La decisión llegó tras meses de informaciones sobre sus negocios y cuentas en el extranjero, y con la Corona intentando contener el daño. Durante unos días, su destino fue un misterio; después, la Zarzuela confirmó que el país elegido para ese ‘exilio’ era Emiratos Árabes Unidos, donde continúa viviendo. El hombre que simbolizó la Transición salió de España casi a escondidas para intentar cerrar una crisis para la monarquía seis años después de haber dejado el trono también tras el escándalo de la cacería en Botswana y su relación con Corinna Larsen.

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