El Govern tratará de desactivar la huelga de docentes de inicio de curso anunciando más aulas de acogida

Si hay una patata caliente que el president Salvador Illa tiene que abordar sin demora cuando se agote este mes esta es la del conflicto abierto en canal con los sindicatos educativos, agravado por el polémico error en las pruebas PISA que invalida los próximos resultados en Catalunya. La huelga convocada para el 8 de septiembre, fecha del inicio del curso escolar, se mantiene; y desde el mes de julio no ha habido más negociaciones de la conselleria de Educació con los convocantes para tratar de desescalar la tensión. Sin embargo, el Govern prometió garantizar una vuelta al colegio "con normalidad" en septiembre, por lo que se ha reservado alguna baza para tratar de reconducir la situación. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, una de ellas será el anuncio de más aulas de acogida intensivas en toda Catalunya.

Tras un curso que terminó marcado por 25 huelgas centradas en la reivindicación de mejoras salariales y laborales de los maestros, la guinda del pastel la puso el hecho de que el grueso del alumnado con alguna dificultad fuera excluido de las pruebas PISA. Catalunya eximió a más de un 23% de los estudiantes que debían formar parte de la muestra, cuando la OCDE permite un máximo del 5%, cosa que provocará que los resultados, que precisamente se hacen públicos también el 8 de septiembre, no puedan ser comparables con los de otros territorios ni con ediciones anteriores. Mientras hay todavía una investigación en marcha para esclarecer lo sucedido, el Govern necesita con urgencia desactivar lo que, a todas luces y por la conjunción de malestares, es una bomba de relojería que lastra el sello de la gestión de la que quiere presumir.

Es por ello que, en la semana previa al inicio de curso, está prevista una comparecencia pública en la que la consellera Esther Niubó expondrá "medidas adicionales" para mejorar las condiciones laborales de los profesores, como la ya anunciada incorporación de técnicos sanitarios en la mitad de centros para atender necesidades de salud del alumnado, pero también un "incremento sustancial" de las aulas de acogida, concebidas para incorporar a los nuevos alumnos al sistema educativo catalán, especialmente los que no dominan el catalán y que requieren acompañamiento.

El despliegue de lo ya acordado

En el acuerdo sellado en mayo con algunos de los sindicatos, del que se han desmarcado Ustec, CGT y la Intersindical pero que el Govern está dispuesto a aplicar igualmente, ya se recoge que en el próximo curso habrá 40 aulas de acogida nuevas en primaria, 25 en secundaria y 10 en FP, un aumento que debe mantenerse anualmente hasta 2029, cuando esas cifras deben ascender a 60, 35 y 15 respectivamente. Habrá que ver hasta qué punto la conselleria tiene margen para ir más allá de este incremento, así como si realmente los nuevos anuncios pueden servir para reconducir el conflicto y, por lo menos, evitar que el primer día de curso empiece con las mismas hostilidades con las que acabó el anterior. Más aún cuando ese mismo día PISA pondrá encima de la mesa unos resultados no homologables tras el galimatías por los alumnos apartados de las pruebas.

Antes de las vacaciones, el Govern ya emplazó a los sindicatos a tener en cuenta el "derecho a la educación" y a empatizar tanto con los estudiantes como con sus familias teniendo en cuenta que para algunos de ellos, especialmente los que llegan por primera vez al sistema educativo, cambian de ciclo o incluso de centro, el primer día puede no ser una jornada fácil. Ese llamamiento, por ahora, no ha surtido efecto, puesto que Ustec, sindicato mayoritario en la escuela pública, ya ha dejado claro esta semana que el parón para el día 8 se mantiene. En declaraciones a RAC1 el martes, su portavoz, Iolanda Segura, aseguró que desde principios de julio no han vuelto a reunirse con la consellera.

Una subida salarial sin paz social

Fuentes del Govern explican que durante junio y julio Niubó se reunió con más de 200 representantes de direcciones, docentes y profesionales de los servicios educativos con el objetivo de "impulsar medidas" que contribuyan a mejorar el día a día en las aulas en el próximo curso. La consellera también abordó con la comisión de despliegue de los sindicatos que sí que firmaron el acuerdo -CCOO, UGT y Aspepc- para "concretar y complementar" medidas ya acordadas en materia de retribución salarial de los docentes, como el nuevo complemento de mejora educativa que representa un aumento de 700 euros anuales este año y que se suma a los más de 800 del complemento específico que ya se empezó a cobrar en el tercer trimestre del curso pasado. También el compromiso para que no haya ninguna sobreratio, la reducción de la burocracia y la incorporación de 1.700 nuevos profesionales para la escuela inclusiva.

Pero según han alegado los sindicatos en pie de guerra, esa batería de medidas no cambiará su realidad en las aulas, que definen como cada vez más compleja y sin los recursos suficientes. El desasosiego se ha enquistado entre los docentes sin que, por ahora, se vislumbre cómo enderezar una situación que es todo un quebradero de cabeza para la Generalitat y, también, para las familias con hijos en edad escolar. Por resolver está también la negativa de más de un millar de centros que se han sumado a la negativa a organizar colonias y excursiones, un asunto que, hasta la fecha, ha quedado fuera de las negociaciones.

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