Drama migratorio
El Gobierno compagina la acogida de los menores con la agilización de las expulsiones para resolver la crisis de Ceuta
La Comisión Interministerial de Asilo empieza a tramitar más de 500 expedientes de protección internacional
Los agentes de una Brigada de Extranjería reforzada aceleran los trámites, pero los recursos judiciales podrán retrasar las expulsiones más de un año

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta este lunes. / Reduan / EFE

La grave crisis de Ceuta está todavía muy lejos de resolverse mientras el Gobierno trata de controlar una situación endemoniada con multitud de frentes abiertos. De momento, el Ejecutivo está compaginando dos líneas de actuación que parecen contrapuestas: la mano dura para conseguir la expulsión de los migrantes irregulares lo más rápidamente posible -una mano dura escenificada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska- y, por otro la acogida de los menores y de los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus expedientes. En esta segunda línea están trabajando sobre todo la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La próxima semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la totalidad de los ministros volverán de vacaciones tras un agosto marcado por la peor crisis migratoria de la última década. El martes 25 de agosto, este será uno de los principales asuntos que se debatirán en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político. Además, entre el mismo martes y el lunes 31, comparecerán hasta siete ministros en sus respectivas comisiones del Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis: la titular de Defensa, Margarita Robles, el martes 25; el de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García, el jueves 27; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el viernes 28; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya el lunes 31 de agosto.
A pesar de que hay hasta ocho ministerios implicados en la crisis migratoria, fuentes del propio Ejecutivo y del PSOE señalan a EL PERIÓDICO que están preocupadas porque detectan cierta "sensación de descoordinación". Desde Moncloa aseguran rotundos que "no hay descoordinación ninguna entre ministerios" y que "los miembros del Gobierno no están diciendo cosas diferentes", lo que ocurre es que "cada uno se centra más en sus competencias", añaden.
Los primeros días de la crisis, la coordinación la ejerció el ministro del Interior. Pero a mediados de la semana pasada le tomó el relevo el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Desde el Gobierno argumentan que del departamento de Ángel Víctor Torres depende la Delegación del Gobierno en Ceuta, que tiene un papel clave. Además, Torres ha sido presidente de Canarias y "conoce muy bien el problema migratorio". Por último, su competencia directa es la coordinación del Gobierno con las comunidades, en este caso la ciudad autónoma de Ceuta.
Además, fuentes próximas a Sánchez añaden que "es el presidente quien lleva directamente la gestión de la crisis" y "habla todos los días con los ministros implicados". Como la crisis irá para largo, en el futuro será con toda probabilidad Torres el que mantenga la coordinación de todos los departamentos.
Refuerzos en Extranjería
Interior ha reforzado el número de agentes destinados a la gestión de las peticiones de asilo con 20 nuevos policías que llegaron el fin de semana. La intención de Fernando Grande-Marlaska es que estos trámites sean lo más rápidos posible. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio estudió ya el lunes las más de 500 primeras solicitudes, según ha podido saber este diario. En sus informes iniciales, la Policía Nacional ha recomendado desestimar "la inmensa mayoría" de las solicitudes, ya que la causa principal de esas migraciones son las circunstancias económicas de los extranjeros, y eso no está contemplado como motivo para la concesión del estatuto de refugiado, según confirman desde Interior.
Aun así, desde el ministerio que dirige Grande-Marlaska alegan que por muy rápido que trabaje la Policía, este es un proceso "garantista" que permite presentar alegaciones y recurrir en caso de que el asilo sea rechazado. Cuando la Comisión Interministerial estudie las alegaciones y rechace el asilo de forma definitiva, el demandante tiene derecho a acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo primero, al Tribunal Superior después y al Supremo en última instancia. En Interior confirman que puede pasar "una media de un año" hasta que el rechazo de la petición de asilo sea firme y el migrante pueda ser devuelto a su país. "La ley es garantista con los demandantes de protección internacional y el Gobierno debe cumplir siempre la ley", reconocen fuentes del Ejecutivo.
Los ministros Marlaska y Albares han sido también los encargados de lanzar un mensaje claro a los extranjeros que seguían pensando en atravesar la frontera desde Marruecos: "Todos los que entren irregularmente en Ceuta van a ser expulsados", dijeron la semana pasada. Ese mensaje, que caló entre los migrantes de Ceuta, la dureza de la policía y el ejército marroquí y el blindaje de la frontera española han contenido los intentos de cruce del pasado fin de semana.

Cientos de migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta la semana pasada, ante la presencia de varios policías nacionales antidisturbios. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press
Junto a la mano dura, fuentes del Ejecutivo apuntan que el Gobierno tiene la obligación de garantizar las mejores condiciones sanitarias y de habitabilidad para los extranjeros que continúan en la ciudad. Fuentes de Interior aseguran que son unos 5.000. Sin embargo, desde el Gobierno de la ciudad los eleva a unos 9.000 en total, más del 10% de la población total de Ceuta.
Para ello, la ministra Elma Saiz presentó el lunes hasta cuatro instalaciones que acogerán a 1.500 inmigrantes. Desde su Ministerio confirmaban ayer por la tarde que ya están trabajando en ampliar estos dispositivos e incluso en otros nuevos porque pronto se quedarán pequeños. De hecho, la ministra no descartó ayer ampliar estos centros de acogida hasta las 4.000 plazas en las próximas semanas.
Por último, el Ejecutivo tiene que acometer el problema de los menores no acompañados. Interior ha filiado entre el 30 de julio y el día de ayer a las 9:00 de la mañana a 2.168 niños y adolescentes entre los migrantes que se han quedado en la ciudad autónoma. La acogida de estos pequeños es prioritaria en todos los dispositivos que se están poniendo en marcha para que duerman bajo techo, entre ellos dos colegios de Infantil y Primaria. Durante estos días, las autoridades están buscando a sus familias en Marruecos, en España o en terceros países para dar prioridad a que vayan a vivir con sus padres o tutores.
El reparto de los menores
La próxima semana, la ministra Sira Rego reunirá a todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para tratar la ayuda que el Gobierno quiere dar a la ciudad autónoma para atender a los pequeños, 25 millones de euros. Además, intentará dar a los consejeros de Juventud e Infancia la información de la que disponga de los pequeños y tratar su posible traslado a la península. La semana pasada, el PP rechazó incluir este punto en el orden del día de la reunión.
A diferencia de Vox, que hizo un llamamiento a "cazar" a los pequeños y del PP, que quiere que sean expulsados, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, hizo ayer un llamamiento al "humanismo" en la gestión de los menores y rechazó cualquier intento de criminalizarlos por su llegada a las fronteras españolas, informa Europa Press.
Barbón insistió en que los niños que llegan a territorio español "tienen que integrarse en la sociedad española, en todo el territorio" debido a que "la presión que hay en Ceuta lo hace sencillamente insostenible", argumentando que esta distribución es necesaria para aliviar la situación en la ciudad autónoma.
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