Los Comuns garantizarán el derecho a la herencia en la ley para limitar la compra especulativa

Los Comuns no dan su brazo a torcer con la ley para limitar la compra especulativa de vivienda. Pese al revés del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluye que pone en jaque el derecho a la propiedad privada y a la herencia, la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica, el partido liderado por Jéssica Albiach se ha comprometido a continuar "dando la batalla" para que la norma salga adelante. Para ello, impulsarán algunas mejoras en el texto legal, algo que el Govern ya ha manifestado que piensa hacer, unas modificaciones que admiten que son necesarias para proteger las herencias y evitar que las entidades del tercer sector no se vean perjudicadas.

El encargado de verbalizar cómo piensan proceder una vez arranque el curso político ha sido el portavoz de los Comuns, David Cid, que en una entrevista en TV3 ha explicado que será en septiembre cuando se reúnan con el PSC, ERC, la CUP y el Sindicat de Llogateres para tratar de acordar la introducción de cambios en la ley. El dictamen del CGE no es vinculante, pero sí supone un severo tirón de orejas al planteamiento de una norma acordada con el Govern de Salvador Illa a cambio del apoyo de los seis diputados de los Comuns a los presupuestos de 2026.

"Respetamos el trabajo del Consell de Garanties, pero continúa siendo una prioridad garantizar el acceso a la vivienda", ha defendido Cid. Su partido está dispuesto a incorporar "mejoras", pero no a renunciar a esa ley que consideran determinante para poner coto al negocio que se hace con el precio de la vivienda. Sin embargo, el gran rompecabezas por resolver es qué cambios se pueden introducir para que la norma cumpla con la finalidad declarada y, a la vez, subsane los déficits legales señalados por el órgano estatutario.

El riesgo de acabar en el Constitucional

Según Cid, la Constitución "reconoce que se pueden poner límites" a la propiedad privada. De hecho, ha argumentado que, por más que se quejen Foment o los partidos contrarios a la ley -Junts, PP y Vox-, quienes limitan el acceso a la propiedad privada son, a su juicio, "los fondos buitre" que impiden que las familias puedan acceder a la compra de una vivienda porque los precios actuales son "inabarcables". El portavoz también ha detallado que ya existe un acuerdo con el PSC para diferenciar entre pequeños propietarios y grandes tenedores, otro de los aspectos que señalaba el dictamen del CGE.

Se haga lo que se haga, el dirigente ha dado por sentado que la ley acabará en el Tribunal Constitucional por decisión de Junts, PP y Vox, a quienes ha bautizado como el "tripartito de la patronal". Las tres formaciones se han opuesto desde el principio al impulso de este texto legal que habrá que ver cómo acaba este otoño, cuando deberá afrontar su aprobación definitiva en el Parlament. La vocación del Executiu es evitar que se apruebe una ley que acabe quedando a merced de los tribunales.

El portavoz de los Comuns también ha vuelto a criticar al Govern de Illa por no imponer más sanciones a los propietarios que incumplen los topes fijados por la ley de vivienda y que también deben aplicarse a los alquileres de temporada y por habitaciones. "El Govern no se ha creído la ley y no la está haciendo cumplir", ha sentenciado. Su expectativa es que, a partir del próximo curso político y ya con la nueva dirección de disciplina de vivienda en marcha bajo la batuta de Fuensanta Alcalá, el Executiu "se ponga las pilas" y deje atrás lo que considera una "falta de voluntad política y contundencia".

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