Tres años de catalán en el Congreso: un millón de euros anual y la normalización (casi) absoluta

"Se trata de sumar, de practicar el diálogo, de hablar, de falar, de hitz egin, de parlar, y de hacerlo para avanzar", dijo Francina Armengol en su primer discurso como presidenta del Congreso. Aquel día de agosto de 2023, el PSOE había pactado con ERC y Junts el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Tres años después, aquellos auriculares que permiten escuchar la traducción de las intervenciones se han incorporado a la rutina parlamentaria y el catalán, el euskera o el galego se oyen en el hemiciclo con total normalidad. Aun así, hay quienes siguen defendiendo que la medida debe suprimirse cuanto antes.

La primera exigencia que los republicanos y posconvergentes pusieron sobre la mesa para darle al PSOE el control del Congreso fue una reforma del Reglamento de la Cámara para que el catalán y las demás lenguas cooficiales pudieran usarse en todos los ámbitos: en el pleno, en comisiones, para presentar un escrito… "Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, así como la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta Presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva", aseguró Armengol, confirmando aquel acuerdo. La promesa se cumplió.

Antes incluso de que se modificaran las normas internas, las tres lenguas se escucharon en la primera sesión plenaria que se celebró. Después, se reformó el Reglamento y, poco a poco, la medida se extendió al conjunto de la Cámara. La implantación inicial, sin embargo, fue lenta. El contrato para cubrir la "traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo" de las tres lenguas durante los siguientes tres años, por un importe superior a 12 millones de euros, no se licitó hasta abril de 2024. Luego, hubo que esperar hasta noviembre para que fuera adjudicado

El coste

Sin embargo, desde entonces, el uso del catalán, del euskera y del galego se ha ido normalizando, sin grandes polémicas, hasta convertirse en una realidad cotidiana del Congreso. Ya no resulta extraño ver a Pedro Sánchez cogiendo el auricular para escuchar la traducción simultánea cada vez que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le formula una pregunta en catalán durante las sesiones de control al Gobierno. Es más, varios diputados plurilingües explican a EL PERIÓDICO que perciben que, cuando emplean su lengua, disminuye el interés del hemiciclo. Por muy encendido que sea el debate o muy duras que sean sus palabras, muchos parlamentarios desconectan y no recurren a los auriculares.

Además, ha desaparecido buena parte de la expectación por el coste de la medida. 2025 fue el primer año completo en el que estuvo en vigor aquel contrato de 12 millones de euros que reservaba 3 millones para cada ejercicio. Sin embargo, el gasto acabó siendo cercano a los 920.000 euros, de los cuales se destinaron más de 660.000 a la interpretación en directo de las 66 sesiones plenarias, dos sesiones de la Diputación Permanente y las más de 280 reuniones de comisiones que se celebraron.

Volver al pasado o al Senado

No obstante, hay quienes se resisten a la medida. Siempre que tiene ocasión, Vox trata de suprimir el uso de las lenguas oficiales. Hace pocas semanas se aprobó una reforma del Reglamento que rebajaba los requisitos para que los partidos minoritarios tengan grupo parlamentario propio y la formación de Santiago Abascal aprovechó para presentar una enmienda que impidiese hablar en catalán, euskera o galego. "En tanto que Cámara de representación del pueblo español, el Congreso de los Diputados utilizará en el desempeño de sus tareas la lengua española oficial del Estado", rezaba el texto que, finalmente, fue rechazado.

El PP tampoco se ha mostrado favorable a la medida. Aunque no ha presentado iniciativa para eliminar el uso de las lenguas cooficiales, tampoco ha tratado de fomentarlo. En varias ocasiones a lo largo de la legislatura, Junts y ERC han tratado de extender al Senado el uso del catalán, pero los populares han rechazado todas sus propuestas.

Actualmente, el catalán, el euskera y el galego sólo se pueden emplear en las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas y en la defensa de mociones -iniciativas no legislativas- en el pleno del Senado. No pueden utilizarse para debatir una ley, formular preguntas al Gobierno ni intervenir en el resto de las comisiones. La Cámara Alta, pese a su función de representación territorial, refleja en menor medida la pluralidad lingüística de España.

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