El Govern de Illa aparca la "anomalía" del Estatut y se centra en exprimir el autogobierno

Hace cuatro años, cuando era líder de la oposición, Salvador Illa abogó en una conferencia en Madrid por "corregir la anomalía" que supone que Catalunya tenga vigente un Estatut que no fue el que votaron sus ciudadanos porque, tras ser aprobado en referéndum, fue recortado por el Tribunal Constitucional. Se trata de un diagnóstico compartido por el PSC y también por dirigentes que tuvieron que lidiar con ese episodio, como el expresident José Montilla. Sin embargo, 20 años después de la entrada en vigor del marco estatutario y ahora que preside la Generalitat, Illa mantiene aparcada esta asignatura pendiente y se centra en exprimir el autogobierno sobre la base del texto resultante de la sentencia.

La lectura del Govern es que, pese a los artículos que fueron suspendidos, el Estatut es un "instrumento útil" que ofrece un "amplio margen de autogobierno" muy importante en el que aún hay mucho recorrido. La gran apuesta de los socialistas en estos momentos es la reforma del modelo de financiación pactado con ERC, que se someterá a votación antes de que acabe el año, pero hay otros asuntos que considera viables desplegar. En materia de traspasos, por ejemplo, citan el de Rodalies con la R1 como primera línea que gestionará la Generalitat. También mencionan la ampliación de las competencias en la gestión del litoral o la delegación de las competencias en inmigración pactada con Junts, que Illa espera que obtenga la mayoría del Congreso. Otra materia pendiente que figura en su agenda es la aprobación de una ley orgánica de pluralidad lingüística que blinde el catalán.

El Govern de Illa también tiene en el radar reforzar la participación de la Generalitat en los órganos de decisión y gestión del Estado que afecten a sus competencias e intereses. "Hay ámbitos en los que se puede avanzar más, como la participación en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general situados en Catalunya", aseguran apuntando otro de los acuerdos en cartera que tienen con los republicanos. La "bilateralidad", sin que vaya en detrimento de la "cooperación multilateral", tanto en el ámbito estatal como en el europeo, aseguran, es la fórmula más eficaz para atender las "singularidades" de Catalunya. Prueba de ello, citan, es que en los dos últimos años las ocho comisiones bilaterales celebradas han permitido alcanzar una cuarentena de acuerdos.

La estabilidad tras el 'procés'

Así que abrir el melón sobre cómo recuperar lo que el TC se llevó por delante, como la definición de Catalunya como nación, el uso del catalán como lengua "preferente" o la supresión de las provincias para organizarse en 'vegueries', no entra por ahora en los planes de Illa. Su objetivo es la estabilidad, por lo que considera que reabrir el debate de la relación con España sería, máxime ante el nuevo ciclo electoral, una temeridad.

Fuentes gubernamentales asumen que en algún momento deberá afrontarse la anomalía del Estatut, puesto que se trata de la única comunidad autónoma que se encuentra con esta distancia entre lo que votaron sus ciudadanos y la norma que está en vigor, pero que ahora no se da el contexto para ello. Y es que, tanto una reforma del Estatut como una ley orgánica para recuperar los artículos suspendidos requieren de mayorías amplias tanto en el Parlament como en el Congreso; y los independentistas, cuyos votos son necesarios en estos dos escenarios, no están por la labor tras considerarla años atrás una pantalla pasada. De hecho, ni siquiera existe un acuerdo con Junts para que dé su 'sí' a la nueva financiación, algo en lo que concentrarán esfuerzos el Govern y ERC en los próximos meses.

La lectura del independentismo es que la sentencia del Estatut fue uno de los ingredientes que propició el 'procés'. En 2007, fue el propio Montilla quien, como president de la Generalitat y en plena incertidumbre sobre la sentencia del TC, advirtió de la "desafección emocional de Catalunya hacia España y las instituciones comunes" si el veredicto era adverso -como finalmente sucedió- y no se revertía la desinversión en infraestructuras como la de Rodalies. Tras la sentencia, llegó también el intento frustrado de Artur Mas de pactar un concierto económico con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Objetivo: financiación y Rodalies

Dos décadas después de la alerta de Montilla, Illa se ocupa ahora, precisamente, de intentar que el maltrecho servicio de Rodalies levante cabeza después de un año en el que se ha puesto de manifiesto que hace falta invertir en mantenimiento y obras urgentes. Además, buscar dar un salto hacia una financiación que garantice más recursos a la Generalitat y de poner en marcha instrumentos como el consorcio de inversiones para tratar de elevar el porcentaje de ejecución de las inversiones del Estado.

Es decir, que lo que busca ahora que se ha aplacado la crispación de la época del 'procés' y que Pedro Sánchez está todavía en la Moncloa, es resolver carpetas acumuladas desde hace años que en su día alimentaron la sensación de agravio entre buena parte de la sociedad catalana y no reabrir otras que no tengan garantía de éxito.

No son pocas las voces dentro del independentismo que alimentan la hipótesis de que, si este intento fracasa por incumplimientos del Estado, podría labrarse un nuevo crecimiento de los partidarios de que Catalunya se independice de España. Así que el president, con el argumento de no mirar hacia el pasado sino "hacia adelante", aparca la sentencia del Estatut y se centra en sacar adelante lo que ya tiene entre manos con la esperanza de que no llegue un cambio de Gobierno que altere sus planes.

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