Los pactos de Illa con los Comuns, a examen: avances en vivienda y deberes pendientes en servicios públicos

Si de algo sacan pecho los Comuns es de llevar dos años "marcando" las políticas de vivienda del Govern de Salvador Illa pese a tener solo seis diputados. Es un alarde que irrita especialmente al president de la Generalitat, que reivindica tener una agenda propia pese a los acuerdos que ha tenido que sellar tanto con el grupo de Jéssica Albiach como con el de ERC para impulsar la legislatura con un gobierno en minoría. Pero es evidente que las políticas para tratar de contener los precios de los alquileres y para incrementar el parque público de pisos forman parte del núcleo de la alianza entre ambas partes, tanto para la investidura como para la aprobación de los presupuestos de 2026, y son las que más se han desarrollado.

En cambio, hay otros ámbitos, especialmente en materia sanitaria y educativa, en los que las medidas acordadas circulan al ralentí, mientras que los Comuns señalan que no se ha logrado mejorar el servicio de Rodalies por más que se haya avanzado en el traspaso del servicio o aumentado las inversiones del Estado. En los próximos meses será clave el grado de ejecución de los presupuestos de 2026 para cumplir algunas de las grandes asignaturas pendientes.

La vivienda, el epicentro de los pactos

El pacto entre el Govern y los Comuns con el que arrancó la legislatura tenía en el epicentro el plan para construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 y la regulación de los alquileres de temporada. La Generalitat está manos a la obra con la construcción de edificios y la movilización de suelo público y el Parlament ha aprobado una batería de medidas para intervenir el mercado de la vivienda. Además de poner un tope a los alquileres de temporada y por habitaciones, se ha puesto en marcha un cuerpo de 60 inspectores para sancionar a los incumplidores de la ley de vivienda, unos efectivos que progresivamente deben alcanzar el centenar. En virtud de los acuerdos entre ambas partes, también se han duplicado las ayudas al alquiler.

En paralelo, se aprobó duplicar el tipo impositivo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para elevarlo del 10% al 20% para grandes tenedores que adquieran edificios o viviendas, lo que los Comuns han bautizado como "impuesto antiespeculación".

Limitar la compra especulativa de vivienda es uno de los asuntos que ha quedado en el tintero. Junts y PP pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, lo que ha postergado la aprobación definitiva de la ley, y que resuelve -aunque no de forma vinculante- que la norma es inconstitucional y atenta contra la propiedad privada, por lo que el Govern se abre a hacer retoques de acuerdo con los morados de cara al próximo otoño, cuando se prevé su debate. En esa misma época está previsto que empiece a tramitarse la ley pactada entre el Govern y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda protegida mediante densificación de zonas y reconversión de oficinas y plantas bajas, aunque para que prospere será necesario el aval de ERC.

También están pendientes todavía la puesta en funcionamiento de la oficina antidesahucios, para la que se comprometieron 40 millones de euros, así como que la Generalitat empiece a imponer multas "ejemplares" a los infractores de la ley de vivienda porque los Comuns consideran que hasta ahora no ha sido lo suficientemente diligente. Para ello, se ha creado la dirección general de vivienda para coordinar el cuerpo de inspectores. También está pendiente el plan para rehabilitar 150.000 viviendas ya existentes.

Al ralentí con los servicios públicos

"¿Estamos en materia sanitaria mejor que hace dos años?", preguntó Albiach al president Illa en el último pleno del curso político en julio. "Yo le digo que no", continuó. Para los Comuns, no se han materializado los acuerdos para reducir las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y primeras visitas de especialidad, así como garantizar la atención primaria en un plazo de cinco días. Además, señalan que en salud mental continúa habiendo un déficit de recursos notorio. No están tampoco implantadas aún la ayuda de 25 euros anuales para la compra de productos menstruales para jóvenes de 12 a 25 años ni el bono para la compra de anticonceptivos.

En el ámbito educativo hay un gran compromiso que ha quedado relegado del debate por ambas partes: la recuperación de la sexta hora en la escuela pública para equipararla en horas lectivas con la concertada. Tampoco ha despegado la promesa de garantizar la gratuidad de los comedores escolares empezando por los centros de alta complejidad, aunque sí que se han acordado 100.000 becas comedor más para los próximos dos cursos.

La mejora de Rodalies que no llega

La mejora de la información y la atención a los usuarios de Rodalies ha formado parte de manera recurrente de los pactos entre el Govern y los Comuns, pero pese a que se hayan aumentado los efectivos y los recursos, los pasajeros continúan denunciando que están desinformados sobre el paso de los trenes o los planes alternativos cuando hay cortes. "El Govern no logra salir adelante con Rodalies", sostienen fuentes del grupo de Albiach, que insisten en que la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es demasiado densa como para recaer en una sola consellera, en este caso, Sílvia Paneque.

También pactaron asumir el traspaso de cinco líneas de Rodalies, y de momento solo está iniciado el de la R1, la del Maresme, y reformular la R-Aeroport. Reforzar la red de autobuses con una inversión de 21 millones de euros es otra de las asignaturas pendientes que depende de la ejecución de los presupuestos. En materia de infraestructuras, el president Illa sí que se ciñe al compromiso, aunque a regañadientes, de no alargar la B-40 hasta Granollers en esta legislatura. En cuanto a grandes proyectos que el PSC ha abanderado, los Comuns dan por cumplido la eliminación de los beneficios fiscales a los casinos para ahuyentar el complejo del Hard Rock.

Deudas en materia climática

Los Comuns también suelen lamentar que el Govern no está haciendo todo lo que está en sus manos para desplegar las energías renovables y que los municipios participen de la toma de decisiones. Culminar el despliegue de la Agència de la Natura o del Conservatori del Litoral continúan siendo deudas, así como la aprobación de la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, que aún no ha completado su tramitación. En el pacto de presupuestos se incluyó también que, antes del verano, se aprobaría el Fons d’Atenció Solidària para "rescatar" a familias en situación de pobreza energética, algo que no se ha cumplido por ahora.

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