Junqueras propone crear un comité de expertos para Educació con un mandato de 12 años

El fiasco del Govern con las pruebas PISA, que miden la calidad de la enseñanza, sigue planteando más interrogantes que certezas. Con este conflicto abierto, el president de ERC, Oriol Junqueras, ha propuesto crear un comité de expertos que asesore a la Conselleria d'Educació a implementar mejores políticas y a salir del bucle de polémicas en el que vive instalada desde hace tiempo.

En una entrevista con Europa Press, el líder republicano ha explicado que este grupo de expertos debería estar formado por personas de prestigio en el sector educativo, con o sin trayectoria política previa, y debería ser elegido de forma consensuada por los partidos políticos. La selección final de los integrantes tendría que ser, en última instancia, validada por el Parlament.

Las personas seleccionadas tendrían un mandato de entre 8 y 12 años para dar "estabilidad y tranquilidad" a un sector educativo que ve cómo los consellers no acostumbran a agotar los mandatos. En la última década, Catalunya ha tenido seis consellers de Educació diferentes y ninguno ha completado un mandato de cuatro años. "Esto se puede pactar y no es necesario estar siempre cambiando los equipos de Educació ya que resulta que cada cinco años acaba habiendo tres consellers diferentes", ha argumentado Junqueras.

Este grupo de expertos, pues, debería ser escuchado y reconocido por los sucesivos gobiernos aunque eventualmente cambiara el color político de la Generalitat. Esto, según el líder de ERC, daría solidez a la política educativa de Catalunya y la alejaría de los vaivenes que viene acumulando y que la han convertido en un foco de polémica. Ahora mismo este sector tiene hasta tres frentes abiertos: las huelgas de los profesores; el plan piloto para situar agentes de paisano de los Mossos en centros educativos y, finalmente, el fiasco de las pruebas PISA.

Estos asesores deberían ser los encargados, por ejemplo, de velar por el cumplimiento año a año de los presupuestos en educación. Y si un año el Parlament no lograse aprobar las cuentas catalanas -como pasa a menudo-, se encargaría de que hubiera los suplementos de créditos pertinentes para garantizar que las inversiones educativas no se resientan.

Desde que estalló la crisis por PISA, ERC ha evitado pedir la dimisión de la consellera de Educació, Esther Niubó, como sí han hecho otros partidos. Junqueras argumenta que es más importante hablar de las soluciones: "Desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, en el mundo se ha impuesto otra manera de hacer política, que es el reproche y el menosprecio".

Más allá de los partidos, Junqueras también ha considerado que los agentes económicos y sociales también deberían participar en la búsqueda de soluciones. Sería una forma de ayudar a generar "una confianza mínima entre todas las partes". Fuentes de ERC explican que la idea es implementar este grupo de expertos en el plazo de uno o dos años tras haber escuchado a la comunidad educativa, las asambleas de docentes, las familias, los equipos directivos y los sindicatos.

Un modelo exportable

En la misma entrevista, Junqueras ha expuesto que esta propuesta de trabajar con expertos podría aplicarse a otros ámbitos como el de las infraestructuras, donde ha defendido que la prioridad pasa por resolver el mantenimiento de la red ferroviaria actual y por construir kilómetros de tren convencional. También a ámbitos como el de la energía y las renovables y, finalmente al de la vivienda.

"Puede haber un gran acuerdo de país sobre la energía, sobre los ferrocarriles, sobre la vivienda o sobre la educación. Trabajemos en ello", ha reclamado. Además, ha incidido en la importancia de abordar otros posibles acuerdos en materia de gestión forestal o de rentas para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias, por ejemplo con una subida de los sueldos.

También ha argumentado que se debe actuar en vivienda porque se ha acabado convirtiendo "en un elemento más determinante que el sueldo mismo para entender la capacidad adquisitiva de una familia". En este campo, plantea que el cobro por parte de la administración del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se fraccione en el tiempo para ayudar a las familias: "Para la familia que compra, es un 10% que no debería poner de entrada".

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