El Consell de Garanties Estatutàries ve inconstitucional la ley que limita la compra especulativa de vivienda

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE), el órgano que vela por la adecuación de las leyes del Parlament y del Govern al ordenamiento jurídico, ha avisado este martes de que la norma que prepara la Cámara catalana para limitar la compra especulativa de vivienda incumple varios artículos de la Constitución y del Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Según el dictamen, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la ley vulnera el derecho a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución) y el derecho a la libertad de empresa (artículo 38). También considera que invade competencias estatales en materia de obligaciones contractuales (artículo 149) e incumple el Estatut en materia de derecho civil (artículo 129).

El Consell de Garanties Estatutàries ha adoptado todas estas consideraciones por unanimidad, lo que refuerza sus conclusiones. Los dictámenes de este órgano no son vinculantes, por lo que los promotores de la ley podrían seguir adelante con la norma, pero no es habitual desatender sus recomendaciones.

Esta es una norma que el Govern del PSC y los Comuns pactaron en su día como medida estrella para combatir las dificultades de acceso a la vivienda. En su elaboración también han participado activamente ERC y la CUP. La previsión inicial, antes de conocerse el dictamen del Consell, era que el texto legislativo se sometiera a votación definitiva en un pleno de otoño. La ley busca acotar la compra de vivienda con fines especulativos en las zonas de mercado tensionada y fue impugnada por Junts y el PP.

Los impulsores de la ley la tramitaron por el procedimiento de urgencia, al considerar que hay que implementar cuanto antes las medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el Consell de Garanties Estatutàries también cuestiona esta decisión: considera que es una materia lo bastante compleja como para tener que reformarse por los procedimientos habituales, más garantistas, y no por la vía de urgencia.

Los argumentos del Consell

La ley que se está tramitando en el Parlament plantea que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas que pueda tener una persona -física o jurídica- en zonas tensionadas y condiciona su adquisición a que se destine a vivienda habitual o a una segunda residencia bajo ciertas condiciones. En su exposición de motivos, el Consell de Garanties Estatutàries admite que los poderes públicos tienen la potestad de poner límites al derecho a la propiedad privada por motivos de "sociales", pero añade que tiene que ser una limitación basada en criterios de "razonabilidad" y "equilibrio".

El CGE concluye que se somete propietarios a condiciones "excesivas" y "desproporcionadas"

En el caso de esta ley catalana, el órgano concluye que no existe este "equilibrio justo entre el interés general perseguido y las cargas impuestas", ya que se acaba sometiendo a los propietarios a condiciones "excesivas" y "desproporcionadas". Estas condiciones que fija la ley, según el Consell, son de una "gran intensidad limitativa" porque no solo limitan de forma "muy significativa" la compra de viviendas, sino también "la posibilidad del propietario de transmitir o ceder el uso" de estas. Con todo, llega a la conclusión de que "la ley no supera un test de razonabilidad porque no existe un justo equilibrio entre todas las restricciones impuestas a los titulares de bienes inmuebles y la finalidad de frenar la compra especulativa".

Contra las enmiendas

El tema es tan complejo que los partidos que impulsan la ley presentaron varias enmiendas a su propio texto para introducir matices y evitar futuras impugnaciones. Enmiendas que, según el Consell de Garanties Estatutàries, en ocasiones son "contradictorias" entre ellas y tampoco se adecuan a la Constitución. Sin embargo, sí valora que algunas de estas enmiendas pretenden acotar el alcance de la limitación del derecho a la propiedad privada, como por ejemplo aquellas que buscan que la aplicación de la ley sea solo a los grandes tenedores, es decir, a las personas físicas o jurídicas con más de 5 viviendas. Sobre la vulneración del derecho a la libertad de empresa, el Consell concluye que la ley impone una "barrera de acceso al ejercicio de actividades económicas en este sector" que tampoco supera "el examen de proporcionalidad".

El dictamen final del CGE es contundente porque advierte de que considera inconstitucional tanto el artículo 1 como "el resto de preceptos", ya que mantienen entre ellos una "conexión" evidente. Los dos partidos que impugnaron la ley, Junts y el PP, han celebrado el fallo y han pedido su retirada. Los populares también han advertido de que, si no se cumple con su demanda, llevarán la norma al Tribunal Constitucional. Pero el Govern ha dicho que explorará "todas las vías legales" para garantizar "el derecho a la vivienda" frente a la "especulación", abriéndose a hacer algún que otro retoque a la literalidad de la ley, y los Comuns se han comprometido a estudiar en "profundidad" el dictamen y a abordarlo junto con "expertos". "La mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte de la población", ha declarado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha apostado por encontrar los mecanismos que, de acuerdo con la ley, permitan aportar soluciones al problema, ya que "aún queda camino legislativo" y que se pueden presentar "alegaciones".

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