El Govern se abre a retocar la ley para limitar la compra especulativa de vivienda tras el rechazo del Consell de Garanties Estatutàries

El Govern no se da por vencido. A pesar del varapalo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ha concluido que la ley para limitar la compra especulativa de vivienda es inconstitucional y vulnera el derecho a la propiedad, el Executiu mantiene que explorará "todas las vías legales" para garantizar "el derecho a la vivienda" frente a la "especulación". "La mercantilización de la vivienda es un peligro cuando tener un hogar se convierte en un problema para la mayor parte de la población", ha declarado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha apostado por encontrar los mecanismos que, de acuerdo con la ley, permitan aportar soluciones al problema.

Paneque se ha expresado así después de que el CGE haya señalado que la norma impulsada por el Govern y los Comuns incumple varios artículos de la Constitución y del Estatut. Concretamente, el dictamen apunta que vulnera el derecho a la propiedad y a la herencia y el derecho a la libertad de empresa, además de invadir competencias estatales. No obstante, el Executiu recuerda que "aún queda camino legislativo" y que se pueden presentar "alegaciones".

Por su parte, los Comuns, principales impulsores de la medida, han rechazado las conclusiones del CGE y han avisado de que seguirán explorando "los márgenes legales" para que la vivienda sea un "derecho" y no "un activo financiero". "Debemos estudiar en profundidad el dictamen y hablar con los expertos que han avalado la propuesta, pero no compartimos el análisis del CGE sobre el proyecto de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda", ha avisado la líder de la formación, Jéssica Albiach, en un mensaje en las redes sociales. Su partido exigió limitar la compra especulativa como condición para aprobar los presupuestos de Salvador Illa.

El pronunciamiento de este organismo estatutario no es vinculante, por lo que la Cámara catalana podría aprobar la ley de todos modos. Sin embargo, el hecho de que las conclusiones se hayan adoptado por unanimidad refuerza el veredicto y dificulta seguir adelante sin hacer cambios, más aún ante la amenaza del PP de recurrir la nueva legislación ante el Tribunal Constitucional si continúa su tramitación.

Junts y el PP piden retirar la norma

Precisamente, tras la publicación de la resolución, Junts y el PP, los dos grupos que habían solicitado el informe, han celebrado el rechazo del CGE y han reclamado al Govern que retire la iniciativa. "Esto no es política de vivienda. Es un ataque a los derechos de la ciudadanía disfrazado de progresismo", ha denunciado la diputada posconvergente Judith Toronjo, que ha reclamado la retirada de la ley y ha pedido apostar por ampliar el parque público y privado de vivienda, así como por adoptar medidas fiscales "para aliviar los bolsillos de las clases medias y trabajadoras".

"Esta ley vuelve a demostrar que el PSC ha asumido plenamente las recetas de los Comuns en materia de vivienda. Más intervencionismo, más restricciones y más inseguridad jurídica. Y, mientras tanto, seguimos sin afrontar el problema real", ha recriminado Toronjo al Govern, al tiempo que ha señalado que la norma "ignora" a los ayuntamientos y genera "graves problemas competenciales".

Por su parte, la portavoz del PP, Lorena Roldán, ha sostenido que el dictamen del CGE "desmonta de arriba abajo" la ley y ha avisado al Govern y a los Comuns de que, si persisten en su tramitación, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Ha quedado demostrado que la ley es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos del Estado de derecho", ha denunciado la dirigente popular a través de un comunicado.

Además, ha aprovechado para acusar a los Comuns y al Govern de "haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro". "Ni en la forma ni en el fondo resiste el mínimo análisis jurídico. Es una ley confiscatoria, que genera inseguridad y asusta a la inversión", ha rematado.

ERC apuesta por "replantear" la fórmula

El proyecto de ley debía aprobarse el pasado mes de julio, pero la impugnación de Junts y PP ante el CGE obligó a retrasar la votación. No obstante, el retraso dio más tiempo a los socios de investidura a negociar la fórmula, que no había conseguido alcanzar un consenso sobre cuál era la mejor fórmula jurídica para poner coto al negocio de la vivienda. Desde el inicio, ERC expresó sus dudas sobre la vía propuesta por los Comuns, y ahora los republicanos ya admiten que habrá que "replantear" la norma.

Fuentes de los republicanos recuerdan que durante la tramitación de la ley ya expresaron sus "dudas" sobre la solidez jurídica de la iniciativa. El partido liderado por Oriol Junqueras está de acuerdo con el fondo, pero considera que la modificación de la ley de urbanismo no es la vía más adecuada y que no se puede tratar del mismo modo a los pequeños propietarios que a los grandes tenedores.

Suscríbete para seguir leyendo