Argelia Queralt: "Nos hemos retrasado mucho con Peinado, y el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano"

En la última reunión de la Comisión Permantente del Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ), antes de dar por cerrado el curso judicial, se aprobó instar el análisis disciplinario del instructor del caso Begoña. Hablamos de ello con Argelia Queralt, perteneciente al sector progresista y miembro de la Comisión Permanente, y también responde al cuestionario de EL PERIÓDICO el integrante del grupo conservador Juan Carlos Orga.

¿A qué se debe la fractura en el Consejo en relación con las quejas presentadas contra el juez Peinado? Únicamente se vieron indicios de falta leve en dos casos que se remitieron Tribunal Superior, y usted firmó un voto particular en contra del archivo de otras quejas, como la presentada por el ministro Bolaños.

Lo primero que hay que decir es que estas quejas de Peinado deberían haberse resuelto hace tiempo, nos hemos retrasado mucho y nos ha acercado mucho a la fecha de jubilación del magistrado, que es el 27 de septiembre. Por otro lado, en las redes sociales puedo ver que existe gente enfadada porque el Consejo no actúa en cuestiones que la ciudadanía cree que deberíamos actuar La realidad es que no podemos actuar en cuestiones jurisdiccionales, solo en las disciplinarias, que están muy tasadas en la ley. Sé que hay gente que tiene sensación de frustración, pero el Consejo tiene las competencias que tiene.

La división en el Consejo se fundamenta en algo que este año de mandato es cada vez más claro, que hay un fuerte corporativismo judicial, y el corporativismo tiene mal encaje en la independencia y la imparcialidad judicial. Por ello la ciudadanía puede percibir que hay jueces que no ven cortapisas a lo que puede ser entendido como abusos sino parcialidad judicial. En el caso de Peinado, había indicios claros de abusos fuera de lo procesal, pero en la Comisión Permanente ese sentimiento corporativista hizo valer más la protección de la carrera judicial que el interés de la ciudadanía.

¿Entonces, por qué se quiere limitar la posibilidad de un ciudadano de quejarse ante un juez? ¿Cuándo se aprobará esa modificación reglamentaria?

El problema ese que se hizo pública una parte de un voto particular y se sacó de contexto. No se quiere limitar a quien está legitimado sino al procedimiento, pero tenemos que hacer algo para evitar que el buzón de quejas del Consejo, al que llegan cientos de ellas, suponga abrir un procedimiento aunque que sea inicial por cada una de ellas. No es culpa de la ciudadanía, pero queremos ordenar el procedimiento para que sea más eficaz y teniendo en cuenta las quejas fundamentadas.

Las acusaciones de 'lawfare' frente a determinadas decisiones judiciales siguen produciéndose. ¿Cuál cree que es la razón?

Hablar de 'lawfare' es un error porque inmediatamente nos posiciona en el lado de los unos o de los otros y se banaliza lo que sí puede ser un funcionamiento anormal y en algunos casos anómalo del sistema jurisdiccional. Pero para eso está propio sistema de recursos judiciales, que es lento, pero funciona y funciona bien. Entiendo que hay decisiones que extrañen a la ciudadanía. La carrera judicial debería ser más consciente de la opinión de la ciudadanía respecto a su funcionamiento, pero pienso que la percepción también está mediatizada por los medios comunicación o las redes sociales. En todo caso, no deberíamos ponernos en una situación de alarma constante de que todo funciona mal.

Se les ha acusado de ser tibios, de no ser suficiente con las declaraciones institucionales que llevan años haciendo ¿Qué más se puede hacer?

El problema es que estamos en un momento de polarización enorme. Una parte de la carrera se ha posicionado de manera clara contra la ley de Eficiencia, venimos de ver manifestaciones en la calle contra la tramitación de algunas leyes. Hay falta de entendimiento entre esa parte de la carrera y el Ministerio de Justicia y nos planteamos si nuestros comunicados mejorarán la situación o entraremos a avivar el conflicto y la tensión. Nos planteamos que es echar más leña al fuego.

Por otro lado, se reclama libertad de expresión casi absoluta para los jueces y, en cambio, a los responsables políticos se les pide ser más comedidos. Habría que hacer un ejercicio de prudencia.

¿Por qué tampoco se consigue el Consejo superar la imagen pública de ser un órgano politizado y con una división partidista?

Creo primero que es un discurso interesado promovido por las asociaciones, que defienden que los jueces elijan a los jueces para ser vocales del Consejo. Pero somos órgano de gobierno, no órgano de representación de jueces, así se diseñó en la Constitución por algo. Negar hoy en día que las asociaciones judiciales tienen afiliación ideológica ese hacernos trampas al solitario. Y es injusto que se parta de una desconfianza por nuestro origen parlamentario.

Se han realizado muchos nombramientos, pero parece existir un freno sobre las plazas pendientes en la Sala de lo Penal del Supremo, que es clave a la hora de abordar procedimientos contra la corrupción

Si repasamos los nombramientos, hicimos un montón, y se hizo con procedimientos transparentes y hay para todos los gustos y colores. En cuanto a la Sala de lo Penal, una parte del Consejo que piensa que debe irse reemplazando cuando se produzcan las futuras bajas ya previstas para los próximos meses. Yo creo que se pueden hacer mientras van saliendo, que contribuye a una percepción de mayor normalidad y objetividad en la elección de estos cargos.

El CGPJ trabaja en una instrucción sobre cargas judiciales saludables. El vocal Ricardo Bodas dimitió de la presidencia de la Comisión competente. ¿Qué ha ocurrido?

Hay una realidad, y es que partimos del mantra de que todas las plazas judiciales están sobresaturadas y de ahí deriva la alta pendencia. Otra derivada es que los jueces y juezas sufren estrés por las sobrecargas que hacen que aumenten las bajas y no se preste un buen servicio público. Es una generalización cuyo problema es que para afirmarlas con rigor tienes que apoyarlas en datos, y no están actualizados.

Por la necesidad de esta imagen precisa se realizó un muestreo estadístico y los servicios técnicos llevan meses trabajando en un modelo para cualificarlo. Los datos reflejan que la media de estas plazas es que están al 183 por ciento del módulo fijado, pero es un error interpretar que ello suponga un problema generalizado de sobrecarga y salud.

La normalidad es la no sobrecarga, y ante esa idea, de nuevo el corporativismo porque hay una reacción de la carrera en contra, pero los números no dicen eso. Hay que repartir las cargas, ya que hay sitios donde se puede hacer más y en otros, en cambio, poner más recursos. En cambio, en el Pleno se impuso un documento realizado por tres magistrados utilizando solo su experiencia profesional y que concluye que hay sobrecarga. La imposición de este segundo modelo ha causado la dimisión de Bodas.

¿Cree suficiente la creación de 500 plazas propuesta por el Ministerio? ¿Están de acuerdo con esta política?

Creo que es una excelente noticia para la carrera judicial ese aumento tan extraordinario de plazas, pero todo no está en crear más, sino ordenarlas bien, y ahí volvemos al tema de las cargas judiciales. Eran dos trenes que tendrían que ir en paralelo, pero uno de ellos ha cogido una vía antigua que no sabemos hacia donde llega.

Los últimos incendios no parecen haber tenido incidencia en los juzgados. ¿Está preparada la justicia para situaciones de emergencia tras la pandemia?

El poder judicial está preparado porque además de la normativa general están los decretos para la suspensión de plazos y acabamos de aprobar un protocolo para emergencias y catástrofes. En este protocolo aprendimos mucho del tema de la dana en Valencia, que nos sirvió para darnos cuenta qué cosas habían fallado.

¿Cuáles serán las prioridades el Consejo tras la apertura del año judicial el próximo 10 de septiembre?

Los progresistas hemos presentado un documento con objetivos para cumplir entre los años que nos quedan. Uno es el relativo de a las cargas judiciales y otro a la salud judicial teniendo en cuenta que nosotros no somos los empleadores de los jueces. Pretendemos generar un nuevo sistema en el que la defensa de la independencia judicial pase por el bienestar judicial, ver cómo conseguirlo a través de los instrumentos que tenemos. Otro tema a abordar es el hecho de que después del covid se haya generalizado en exceso trabajar en casa, cuando titulares de las plazas tienen que estar también en los puestos. Hacer justicia es más que dictar sentencias.

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