José Carlos Orga: "El caso de Peinado es singular, pero se han archivado nueve de once quejas contra él

En la última reunión de la Comisión Permanente del Consejo del General del Poder Judicial (CGPJ), antes de dar por cerrado el curso judicial, se aprobó instar el análisis disciplinario del instructor del caso Begoña. Hablamos de ello con José Carlos Orga, perteneciente al sector conservador y miembro de la Comisión Permanente, y también responde al cuestionario de EL PERIÓDICO la integrante del grupo progresista Argelia Queralt.

¿A qué se debe la fractura en el Consejo en relación con las quejas presentadas contra el juez Peinado?

Cada uno de los expedientes disciplinarios se aborda de manera independiente de acuerdo a criterios técnicos, si bien este caso tiene una singularidad porque hemos visto hasta once denuncias diferentes, si bien nueve han sido archivadas. En dos de estos expedientes se ha apreciado por parte de una mayoría, y con el voto de la calidad de la presidenta Isabel Perelló, apreciar una posible falta leve y se han remitido al Tribunal Superior, que es el competente. Las discusiones fueron realmente técnicas, y cada uno de los vocales defendió sus argumentos jurídicos sobre si había indicios o no. El del juez Peinado es un caso muy singular, pero solemos llegar a consensos en muchas materias.

¿Por qué se quiere limitar la posibilidad de un ciudadano de quejarse ante un juez? ¿Cuándo se aprobará esa modificación reglamentaria?

Desconozco la gestión de ese reglamento en particular, aún está en fase de estudio. Este segundo año de mandato nos hemos propuesto reformarlos todos, porque son muy antiguos y hay que adaptarlos a la ley de Eficiencia de la justicia, una tarea que justifica todo un mandato

Las acusaciones de 'lawfare' frente a determinadas decisiones judiciales siguen produciéndose ¿Cuál cree que es la razón?

Sobre el 'lawfare' me remito a todos los comunicados del consejo y las declaraciones de la presidenta Isabel Perelló, pero una cosa es el derecho de crítica las decisiones judiciales y al otro la descalificación de todo el poder judicial por resoluciones que son minoritarias, ya que se dictan miles pero los medios de comunicación solo se hacen eco de unas cuantas. El 'lawfare' no existe, existen jueces bien formados, con criterios técnicos y con resoluciones susceptibles de ser recurridas. Las descalificaciones globales al final socavan los principios de la democracia.

Se les ha acusado de ser tibios, de no ser suficiente con las declaraciones institucionales que llevan años haciendo ¿Qué más se puede hacer?

Sinceramente, nuestra labor se tiene que juzgar por el ejercicio de nuestras competencias que son hacer buenos nombramientos, reglamentos, salud judicial, regulación de las cargas de trabajo etc. Si cada vez que alguien hace una manifestación pública en contra del Poder Judicial tuviéramos que manifestarnos no haríamos otra cosa. Además, dentro del Consejo hay diferentes sensibilidades e intentamos que prevalezca la unanimidad.

¿Por qué no consigue el Consejo superar su imagen pública de estar dividido de forma partidista?

En el Consejo del Poder Judicial existen diferentes opiniones sobre cómo debe ser el nombramiento de los vocales, y la imagen de los bloques parte de esa situación inicial. Cuando entramos en el Consejo hicimos un informe y desde grupo conservador propugnamos que los jueces elijan a los jueces, pero los progresistas no, y no hubo forma de ponerse de acuerdo. Es cierto que los diez vocales propuestos por el PP siempre hemos votado con búsqueda de consenso, pero tampoco se puede hacer un ejercicio de ingenuidad.

Se han realizado muchos nombramientos, pero parece existir un freno ahora en lo relativo a los de la Sala de lo Penal del Supremo, clave a la hora de abordar procedimientos contra la corrupción

Hicimos un primer año que teníamos 160 nombramientos con alto grado de unanimidad y ahora lo nos queda por afrontar son las salas Segunda (Penal) y Tercera (Contencioso-Administrativo) del Supremo y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se convocará en breve. También nos hemos encontrado que se siguen produciendo jubilaciones y ahora tendremos la oportunidad de afrontarlo manera más global.

El CGPJ trabaja en una instrucción sobre cargas judiciales saludables. ¿Cuál es la actual situación? ¿Por qué es necesaria?

La nueva fijación de las cargas de trabajo vino impuesta por sentencias del Tribunal Supremo, y lo que hemos hecho es abordarlo en términos en los que se mezclan salud judicial y cargas de trabajo. Fijar estas cargas de trabajo es impredecible a efectos también de refuerzos o por motivos disciplinarios y por ello hemos acordado recapitular datos estadísticos de los últimos años y hacernos una idea de qué es lo que los jueces han estado afrontando, y están sobretrabajando. A partir de ahí hemos acordado dar audiencia a todo el mundo para delimitar cuál debe ser la carga que deba soportar cada juez y ello entronca con el sistema de retribuciones variables. Hay órganos que trabajan al 400 por ciento.

¿Cree suficiente la creación de 500 plazas propuesta por el Ministerio? ¿Está de acuerdo con esta política?

Es muy necesario pero no se está haciendo bien porque no se han creado las plazas de forma progresiva en los últimos años. El proceso formativo tarda dos años, y quizá haya que reformar el artículo 307 de la ley del Poder Judicial (que regula la Escuela Judicial) para simultanear la fase teórica y práctica en la escuela y reducir la estancia en la Escuela. La entrada escalonada va a ser un reto porque hay que hacerlo de manera coordinada con el Consejo y no de la noche a la mañana crear esa 500 plazas sin coordinación.

También quiero mencionar la eliminación de los refuerzos, que fue de la noche a la mañana y ya han supuesto el dictado de 12.000 resoluciones menos y la suspensión de señalamientos. La postura del Ministerio es que como se han creado 500 plazas no son necesarios, pero falta año y medio para que empiecen a funcionar esos nuevos jueces.

Los graves incendios de los últimos días no parecen haber tenido incidencia en los juzgados. ¿Está preparada la justicia para situaciones de emergencia tras la pandemia?

Hace unos días hemos aprobado la actualización de un protocolo de catástrofes y hemos estado comunicándolo con las presidencias del los Tribunales Superiores. Por los últimos incendios no ha habido grandes incidencias pero estamos en constante contacto con los tribunales superiores, y si se solicitan medidas las acordaremos.

Finalmente, ¿Cuales serán las prioridades el Consejo tras la apertura del año judicial el próximo 10 de septiembre?

Acabar la reforma la los reglamentos y fijar las cargas de trabajo y ya son tareas absolutamente merecedoras de un mandato.

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