Marruecos desata una crisis y Ayuso no consigue cerrar la suya

El titular puede parecer extraño: mezcla una tragedia humana con la polémica por un ático. Pero fue Isabel Díaz Ayuso quien relacionó hechos muy diferentes cuando escribió en la red social X: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega”. Ayuso convirtió a los muertos y a miles de personas desesperadas en munición contra el Gobierno mientras intentaba desprenderse de una compra pública que sigue sin explicar.

Más de 60 personas han muerto intentando llegar a Ceuta y unas 50.000 cruzaron el jueves desde Marruecos, según el Ministerio del Interior. Los inmigrantes no son culpables. La responsabilidad política está al otro lado de una frontera que Rabat abre y cierra según le interesa presionar a España.

Ya ocurrió en mayo de 2021, cuando entraron unas 10.000 personas, 1.500 de ellas menores. Los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) atribuyeron aquella crisis al “discurso agresivo” de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y concluyeron que buscaba que Madrid reconociera su soberanía.

A Rabat no le salió mal. España recompuso la relación bilateral y Sánchez acabó respaldando en 2022 el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitan ahora cargar las tintas contra Marruecos. La UE dejó hace años parte del control de sus fronteras en manos de terceros países y España necesita a Rabat. Pero fuentes diplomáticas españolas y de otras embajadas europeas dan por hecho que una operación así no se produce, si no con el aliento, al menos sin la connivencia de las autoridades magrebís. Esas fuentes consultadas no se atreven a asegurar cuál es el motivo de la presión esta vez: ¿está el Gobierno de Rabat enfadado por el viaje de Sánchez a Argelia?, ¿por la iniciativa del Congreso para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española y a sus descendientes?, ¿quiere Marruecos poner en aprietos a Sánchez para que sea criticado por la regularización de inmigrantes?

La Comunidad de Madrid compró en abril un ático de 485 metros cuadrados (200 de ellos, terraza), en Chamberí, uno de los barrios más caros de la capital. Lo adquirió Planifica Madrid, la empresa pública de patrimonio del Gobierno regional, que permite hacer una operación así sin controles y transparencia. Después de que ‘El País’ publicara la noticia el miércoles, el Ejecutivo madrileño dijo primero que sería la oficina provisional de Ayuso durante unas obras de la Real Casa de Correos desconocidas hasta entonces; y después apuntó que su destino no estaba decidido. El inmueble, al ser ático, no puede utilizarse íntegramente como oficina, según la normativa madrileña.

La presidenta atribuyó todo a una campaña de desprestigio. Al día siguiente, su Gobierno anunció que vendería el ático y otros cuatro pisos y dedicaría el dinero a los afectados por los incendios. El victimismo no sustituye a la transparencia y la venta tampoco responde a tres preguntas: ¿por qué se compró una vivienda de lujo sin tener decidido su uso?, ¿cuánto se pagó? y ¿qué informes técnicos, jurídicos y económicos avalaron la adquisición?

Los incendios dominaron el martes el balance del curso político de Sánchez antes de agosto. Volvió a pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática --como tras los fuegos del año pasado--, reivindicó los buenos datos de la economía española y aseguró que la legislatura tiene recorrido.

El acuerdo de país vuelve a atascarse antes de empezar. El PP lo rechazó por considerarlo un “titular” y presentó su propio plan. Sánchez dejó claro que no tomará la iniciativa de llamar a Feijóo: que le llamé él cuando quiera hablar del tema, respondió a la prensa. Ambos reclaman unidad mientras esperan junto al teléfono. La negativa del PP resulta difícil de desligar de Vox, socio en varias comunidades y partido que niega la responsabilidad humana en el calentamiento global, mientras el presidente del Gobierno hace dejación de su responsabilidad de liderar el pacto que él mismo propone.

Esta incomunicación se produce mientras en la Moncloa piensan que el PSOE puede seguir gobernando tras las próximas elecciones generales pese a las investigaciones judiciales y la falta de Presupuestos. Un ministro lo explica así: “Hay cuatro comunidades autónomas independizadas de los medios de comunicación de Madrid: Catalunya, Euskadi, Navarra y Canarias”. Allí, sostiene, los votantes progresistas no están “contaminados por las tertulias y las webs de bulos de Madrid subvencionadas por el PP”. Una teoría útil para hacer cuentas electorales, aunque bastante menos para construir un proyecto de país.

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