Puigdemont recupera la ley para la delegación de competencias en inmigración: "No podemos pagar también esta factura"

Junts volverá a registrar en el Congreso la ley para que Catalunya tenga delegadas las competencias en inmigración. El partido, que asegura que dará el paso las próximas "semanas", justifica que esto evitaría a Catalunya recibir el "impacto" de crisis como la de Ceuta. "Los catalanes no podemos pagar también esta factura", ha afirmado el líder de la formación, Carles Puigdemont, en un mensaje en las redes, en el que también carga contra la regularización de migrantes de los últimos meses. Según el expresident, la Unión Europea "pasará factura" al Gobierno por esta medida que, según señala, muchos gobiernos europeos consideran "mal hecha y descontrolada".

"Propusimos la delegación de todas las competencias en materia de inmigración, que PP, VOX y Podemos se pusieron de acuerdo para rechazar, para disponer de las herramientas necesarias para evitar que crisis como las de Ceuta y Melilla impacten en nuestros servicios públicos, cada día más insuficientes para atender las necesidades de los catalanes", asevera Puigdemont, después de que miles de inmigrantes hayan accedido a la ciudad autónoma a nado y a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos.

Además, el posconvergente asegura que la "irrupción masiva" de jóvenes marroquíes en Ceuta "no responde a una crisis humanitaria", y apunta a una "estrategia deliberada". "Marruecos es una potencia diplomática de primer nivel. Sospecho que sus servicios de inteligencia también lo son", sostiene Puigdemont, al tiempo que niega que se pueda tratar a este país de "peón" y se muestra sorprendido de que España "se haya dejado coger a contrapié y no haya estado a la altura". "La irrupción masiva de jóvenes marroquíes no responde a una crisis humanitaria, sino a una estrategia deliberada en la que confluyen diversos elementos que, en su conjunto, encajan con el concepto de conflicto híbrido", remata.

La ley pactada entre socialistas y posconvergentes, tras una dura negociación que se alargó más de un año, fue tumbada en el Congreso en septiembre de 2025 con los votos de Podemos, PP y Vox. La ley ni siquiera llegó a tramitarse, ya que no superó ni la primera votación. El partido liderado por Ione Belarra argumentaba que era una norma "racista" y, aunque durante este último año se ha abierto a reconsiderar su posición en más de una ocasión, esta posición nunca se ha materializado en nada.

Entre otras cuestiones, la norma habilitaba a la Generalitat para emitir los permisos de residencia temporal y de larga duración, y daba poderes a los Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos. Además, ampliaba la plantilla de la policía catalana en 1.800 nuevos agentes para alcanzar los 26.800 efectivos en 2032. Sin embargo, el principal escollo para Podemos se encontraba en el preámbulo, en el que se hablaba de seguridad y de "derechos y deberes".

"Se puede no hacer nada ante las imágenes que no llegan desde Ceuta y que, por lo tanto, sigan creciendo los extremos, sobre todo la extrema derecha; o se puede aplicar de manera inmediata el método de Junts: que Catalunya tenga el control absoluto de la inmigración y las fronteras. Volvemos a presentar la ley, veremos qué hacen los partidos, si están a favor de una solución o ya les va bien seguir en este caos", ha anunciado la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras.

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