Andalucía, una frontera sur pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"

El episodio de presión migratoria que vive Ceuta, donde más de 2.000 personas han entrado a nado en las últimas horas, no obliga a la Junta de Andalucía a activar ningún dispositivo propio. La crisis, sin embargo, ya ha provocado la movilización de recursos andaluces de las organizaciones sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y podría terminar alcanzando a las plazas estatales de acogida situadas en la comunidad. Andalucía es frontera sur y mira de frente a Marruecos. Es pura geografía. De momento, España y Marruecos han acordado la devolución de las personas que han entrado irregularmente en territorio español, pero este proceso, que confirman fuentes oficiales, no es inmediato. Pedro Sánchez viaja este viernes a Ceuta para tomar directamente las riendas de una crisis que ha movilizado al Ejército español.

Lo vivido en las últimas horas en la ciudad autónoma no es un escenario inédito, pero sí extraordinario. La imagen a esta hora es la de dos millares de personas hacinadas sobre suelo español tras haber cruzado la valla entre entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta, al menos nueve muertos tratando de llegar a nuestras costas, y una administración ceutí que reconoce estar desbordada para dar respuesta a una situación cuya dimensión remite a la crisis de 2021, cuando llegaron más de diez mil personas. Aquella crisis coincidió con la atención hospitalaria en España al líder del Frente Polisario y fue interpretada como una represalia de Marruecos, aunque Rabat nunca lo reconoció oficialmente.

Este jueves, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha exigido al Gobierno de España una respuesta "contundente" y plantea establecer un mando único ante esta crisis. Andalucía, como frontera sur de Europa, no vive ajena a este episodio aunque no tenga competencias directas en materia migratoria. El Ejecutivo andaluz ha expresado su solidaridad con Ceuta, pero recuerda que la gestión de los flujos migratorios y de los solicitantes de protección internacional corresponde al Estado.

Preguntadas por la posibilidad de prestar ayuda social a Ceuta al amparo del protocolo de colaboración firmado entre ambos territorios en 2019, fuentes de la Junta de Andalucía descartan que ese acuerdo contemple específicamente actuaciones en materia migratoria. "Lo que ocurre en Ceuta no creo que se pueda enmarcar en ningún concepto de normalidad", señalan, antes de concluir que "ahí es el Estado quien tiene que actuar".

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, mostró este jueves la "preocupación" de la Junta y defendió la necesidad de solucionar el "problema en origen". "Habrá que cambiar la ley, habrá que ir al origen del tema", afirmó España, que recordó que Andalucía siempre ha sido "solidaria" y emplazó a comprobar "qué ocurre en los próximos días".

Mientras tanto, la respuesta humanitaria sí ha comenzado a movilizarse desde las organizaciones sociales. Cruz Roja Andalucía ha reforzado el operativo de emergencia en Ceuta con el envío de personal y material para apoyar a los equipos que trabajan sobre el terreno. La organización ha desplazado un primer tráiler con tres mil unidades de ropa, mantas y kits de higiene. Además, prevé enviar un segundo este viernes, además de dos ambulancias con personal sanitario para reforzar la atención a las personas, con cuatro técnicos de emergencia sanitaria.

El Gobierno puede derivar migrantes a recursos del Estado repartidos por todo el país

Por ahora, tampoco consta que el Gobierno de España haya planteado traslados hacia recursos situados en Andalucía. Fuentes oficiales explican que, si se siguiera un procedimiento similar al aplicado con Canarias, las personas solicitantes de asilo o protección internacional serían derivadas a plazas disponibles del sistema nacional de acogida, con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

Esas plazas están repartidas por todo el territorio español y son gestionadas, en buena medida, en colaboración con asociaciones y organismos especializados. La Delegación no dispone todavía de información concreta sobre la situación en Ceuta ni puede precisar cuántos recursos existen en Andalucía o dónde se ubican. Al tratarse de adultos y no de menores sujetos a tutela autonómica, la Junta no tendría que intervenir necesariamente en esos traslados.

Este episodio, calificado ya por Santiago Abascal, líder nacional de Vox como "invasión", irrumpe, además, en los primeros pasos del Gobierno de coalición de PP y Vox. De hecho, este jueves se han aprobado los decretos de estructura de las consejerías del nuevo Ejecutivo con Manuel Gavira como vicepresidente. En virtud del acuerdo suscrito, la Junta de Andalucía se compromete a rechazar cualquier mecanismo de reparto de migrantes, adultos o menores, y a no crear nuevas plazas ni centros de acogida.

Sur Acoge: "Es una crisis fronteriza que requiere una respuesta política"

Frente a la postura de Vox, está la voz de las organizaciones sociales. Por su autoridad y experiencia sobre el territorio, Sur Acoge es una de las voces más destacadas. La federación considera que la situación vivida estos últimos días en Ceuta ya no puede interpretarse como un incremento de llegadas migratorias. "Los acontecimientos apuntan a una crisis fronteriza con una clara dimensión política, que debe abordarse desde las relaciones diplomáticas entre España, Marruecos y la Unión Europea", traslada en un comunicado.

La organización considera que existen indicios de una instrumentalización de la población más joven del entorno de Ceuta para generar presión política, en un escenario que recuerda a la crisis de 2021. "No estamos ante una crisis migratoria en sentido estricto, sino ante una crisis fronteriza que requiere una respuesta política e internacional", subraya la nota.

"Este análisis no exime de responsabilidad a las administraciones españolas". Sur Acoge recuerda que Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y las costas andaluzas forman parte de la frontera sur de Europa y que sus recursos de acogida deben dimensionarse para responder con garantías a situaciones como la actual. La Federación insiste en que el Estado y la Ciudad Autónoma deben contar con plazas suficientes para atender con dignidad a las personas que llegan, especialmente a niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares.

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