Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: "El interrogatorio rebasó la corrección exigible"

Dos de los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, Bernardo Fernández y Argelia Queralt, han querido dejar por escrito la discrepancia con sus compañeros por el archivo de las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por las circunstancias que rodearon su declaración como testigo en el caso Begoña en abril de 2025.

Según estos vocales, "nadie cuestiona que el magistrado careciera de potestad para dirigir el interrogatorio, sino el modo concreto y reiterado de ejercerla, que rebasó (..) la corrección exigible y cristalizó en una falta de consideración e incluso en un exceso o abuso de autoridad".

En el voto particular en el que discrepan de la decisión mayoritaria, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los dos vocales elegidos a propuesta del PSOE lamentan que se validara la propuesta de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, que transformó "una queja sobre la forma continuada de ejercer la autoridad en una discrepancia sobre decisiones jurisdiccionales".

Reconocen que es cierto que corresponde al juez decidir si cita al testigo, si admite la declaración escrita, dónde se practica, qué preguntas son pertinentes, si exhibe documentos o si acuerda un receso. "Ninguna de esas decisiones puede revisarse por vía disciplinaria. Pero de esa premisa no se sigue la conclusión del archivo", insisten.

Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

La sonrisa de Bolaños

Los vocales aluden a "los reproches reiterados por la forma de responder, las correcciones sobre las expresiones utilizadas y la censura de una sonrisa y de la sorpresa manifestada ante una pregunta" para señalar que La condición de ministro del testigo no le confería un mayor derecho a la consideración que a cualquier ciudadano, pero sí obligaba a ponderar la dimensión institucional expresamente contemplada" en la ley.

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"El conjunto de los elementos descritos proporcionaba indicios suficientes para ordenar la incoación de un expediente disciplinario y determinar, con todas las garantías, si la conducta podía constituir la falta leve de desconsideración (...) o, atendidos el posible exceso o abuso de autoridad, la reiteración y aquella dimensión institucional, la falta grave". A juicio, ello no suponía afirmar la existencia de responsabilidad disciplinaria," sino reconocer que no podía descartarse sin una valoración completa y conjunta".

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