Sánchez lleva ya 20 reales decretos en 2026, el tercer máximo histórico de la democracia

El Gobierno cerró la semana pasada el curso político cogiendo algo de aire. Sufrió una derrota con la senda de estabilidad presupuestaria, sí, pero logró sacar adelante más de media decena de iniciativas legislativas que mejoran el balance parlamentario del Ejecutivo. Fuentes del PSOE no tardaron en reivindicar las 74 leyes que se han aprobado en lo que va de legislatura. Sin embargo, 40 de estas normas corresponden a reales decretos, la herramienta preferida del Ejecutivo para legislar ante la inestable mayoría que le sostiene. La situación cada vez más complicada ha obligado al Gobierno a aprobar desde enero y hasta este martes 20 reales decretos, una cifra que a estas alturas del año solo se había superado en dos ocasiones en lo que va de democracia.

En un intento por apretar el acelerador para desmontar la imagen de parálisis parlamentaria, el Ejecutivo ha activado en los últimos meses las negociaciones de aquellas leyes en las que ve más posibilidades de lograr un acuerdo con sus socios. La orden es evitar cualquier norma que pueda derivar en una derrota para el Gobierno. Sin embargo, esto deja un reducido margen de maniobra al Ejecutivo que ha tenido que suplir con la aprobación de reales decretos, esa figura reservada para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" que ha terminado usándose para casi todo.

Desde que arrancó el año, con una mayoría enclenque tras el aviso de ruptura que lanzó Carles Puigdemont a finales de 2025, el Consejo de Ministros ha aprobado 19 de los 50 reales decretos impulsados en toda la legislatura. Esta cifra solo se había superado a 31 de julio en dos ocasiones desde 1979: en 2012, debido a la crisis económica internacional, se alcanzarón los 22 y en 2020, en pleno auge de la pandemia de covid-19, los 26. La media de los últimos 49 años en este mismo periodo de tiempo (enero-julio) suele ser de 8 reales decretos, menos de la mitad de los aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los temas

En los dos casos anteriores, los ejecutivos, uno el de Mariano Rajoy y otro el del propio Sánchez, tuvieron que lidiar con una crisis internacional que afectó fuertemente a la economía, en el primero de los casos, y, además, a la salud de la población, en el segundo. No obstante, en estos últimos meses, el Gobierno ha hecho uso del real decreto para cosas muy dispares. Cinco han ido dirigidos a catástrofes nacionales, como el accidente ferroviario de Adamuz, un temporal en Andalucía, nuevas medidas para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la dana de 2024 o el aprobado este martes ante la oleada de incendios.

Otros tantos han estado dirigidos a hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, el último de ellos convalidado por el Congreso la semana pasada. Después, se ha empleado también para revalorizar las pensiones, intentar prorrogar el escudo social, reformar el sistema de copago farmacéutico, financiar el sistema de dependencia, otorgar más recursos a las comunidades, retocar la financiación de RTVE, poner en marcha los descuentos en transporte para los jóvenes o regular la jubilación parcial de los funcionarios.

Otras cifras récord

Echar mano de los reales decretos ha dado cierto oxígeno al Gobierno para impulsar algunas medidas, pero también le ha pasado factura. La práctica totalidad de los socios han denunciado reiteradamente el trágala que supone que el Ejecutivo lleve al Congreso las medidas ya cerradas, sin margen a la negociación. Además, es habitual que el Gobierno se comprometa a reformar el texto a posteriori, una vez haya sido convalidado por la Cámara Baja, pero esto nunca ocurre. Así, los aliados han asestado varios reveses a Sánchez.

Solo desde enero el Congreso ha rechazado cinco reales decretos, algo que nunca había pasado en el último medio siglo. Entre los derogados está el que contenía la subida de las pensiones junto a otras medidas; uno que limitaba los incrementos de precios en situaciones de emergencia; el que prorrogaba los contratos de alquiler; un cuarto que transfería recursos a algunas instituciones del Estado y el relativo a los mecanismos financieros de RTVE.

De los 716 reales decretos aprobados desde 1979, solo 15 han sido tumbados por la Cámara y diez corresponden a esta última legislatura: los cinco ya mencionados, dos en 2025, otros dos en 2024 y uno en los últimos meses de 2023. Anteriormente, solo hay cinco años en los que el Congreso se opusiera a una iniciativa de este tipo, lo que demuestras una vez más la debilidad parlamentaria sobre la que se sostiene Sánchez y con la que está dispuesto a aguantar hasta 2027.

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