PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio

Fumata blanca. Tras meses de negociaciones, los grupos del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP han llegado a un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament y blindar las sanciones contra los discursos de odio. El texto, según ha podido saber EL PERIÓDICO, será registrado este miércoles ante la Cámara catalana con la intención de que se pueda debatir y aprobar en otoño, cuando se retome el curso político.

Hasta ahora este tipo de discursos ya podían ser castigados a través del código de conducta, pero quedaba pendiente que se incluyera en la normativa parlamentaria para darle rango de ley. Esto permitirá blindar los las sanciones impuestas de posteriores recursos de los amonestados ante la justicia.

El texto acordado por los cinco grupos veta el "lenguaje ofensivo" y "difamatorio", entendido como aquel que "fomenta el odio". También detalla las tareas que recaen sobre la comisión del estatuto del diputado y las que debe asumir la Mesa, y establece una graduación de sanciones en función de la gravedad de las conductas.

El actual código de conducta permitía al órgano rector poner sanciones desde la "amonestación pública" hasta multas de 12.000 euros, pero no dejaba claro qué tipo de comportamientos debían considerarse "leves", "graves" y "muy graves", ni tampoco el castigo para cada uno de ellos; se dejaba a merced de la comisión -encargada de tipificar- y de la Mesa -responsable de las sanciones-. Ahora se ordena, aunque los importes económicos se mantienen en la reforma.

Para cambiar el reglamento del Parlament solo se necesita una mayoría absoluta de los diputados, esto es 68 escaños. Sin embargo, la voluntad de todos los firmantes ha sido recabar cuantos más apoyos mejor para hacer la normativa más robusta. Solo han quedado fuera de ella el PP y los dos grupos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana, frente a los 107 diputados que suman el resto de grupos.

Sancionados Orriols y Garriga

El entendimiento para sacar adelante dicha reforma llega un día después de que la Mesa acordara sancionar con una amonestación pública a los diputados Sílvia Orriols y Joan Garriga por su conducta en el pleno. El órgano rector de la Cámara decidió imponerles la sanción más baja posible después de que la comisión calificara en su informe dichos comportamientos de "faltas leves".

Orriols tenía un expediente abierto por haber acusado a la diputada de ERC Najat Driouech de "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres" y de hacer "ostentación de la misoginia islámica" al llevar velo. Garriga, por su parte, tenía dos investigaciones, una por llamar "asesino" al expresident Lluís Companys y otra para acusar a los socialistas de gastarse el dinero "en drogas y putas".

En su última reunión, dicha comisión, encargada de velar por el cumplimiento del código de conducta, también analizó otro procedimiento contra la diputada de Vox Júlia Calvet. En este caso, sin embargo, concluyó que no había infracción, por lo que el órgano rector no la ha sancionado. A Calvet se le abrió una investigación por haber acusado de "corrupción" a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, por la gestión de la DGAIA, pero finalmente se decidió que entraba dentro de la libertad de expresión.

Cuatro expedientes abiertos

No obstante, hay cuatro casos más abiertos. Uno de ellos es también contra Calvet, por presentar el racismo como "la reacción lógica de un pueblo" que ve cómo se degradan sus barrios y se siente "extranjero en su propia casa". También hay otra investigación contra Alberto Tarradas por insinuar que iba a deportar a Driouech. El parlamentario se disculpó posteriormente, pero la Mesa decidió, de forma inédita, remitir el caso de oficio a la comisión del estatuto del diputado.

Los otros dos afectan a Rafael Villafranca, que hace unos meses llamó "delincuentes" a los diputados de la CUP, y a Maria García Fuster, por llamar "vulgar asesino" a Lluís Companys. Este último caso es prácticamente idéntico al de Garriga, que ya se ha calificado de "falta leve" y se ha saldado con una amonestación pública.

En la pasada legislatura, el Parlament impuso al diputado de Junts Francesc de Dalmases una multa de 600 euros, además de una amonestación pública, por haber intimidado a una periodista de TV3. Ha sido la única sanción económica que se ha impuesto hasta el momento.

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