La medición de una carga de trabajo "saludable" para los jueces causa la dimisión de un vocal progresista en un órgano interno del CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial ha terminado el curso judicial profundamente dividido, y no solo por su respuesta frente las quejas llegadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El plan para fijar una carga de trabajo que sea saludable para los jueces, cuya aprobación mereció el voto discrepante del seis vocales del sector progresista, ha causado un nuevo cisma que ha cristalizado este viernes con la "dimisión irrevocable" de uno de ellos, Ricardo Bodas, como presidente de las comisiones de Carrera y Salud Judicial.

La decisión, según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de este sector, responde a su profunda discrepancia con el acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 22 de julio sobre los parámetros de carga de trabajo a efectos de salud judicial. Las mismas fuentes señalan que la razón de este desacuerdo es la ausencia de base científica del plan establecido, que se ha creado acudiendo a la IA y a experiencias personales y prescindiendo del trabajo objetivo realizado por los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces.

Bodas recuerda en su carta a la presidenta que el proyecto salió adelante la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el de la presidenta del órgano, Isabel Perelló. Lamenta que se haya orillado la labor de los servicios técnicos a favor de "propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico", y advierte también en su carta de dimisión de que los planes del Consejo pasan por desplazar a la propia carrera judicial una responsabilidad que corresponde asumir al propio Consejo.

Se refiere con ello a la decisión de remitir el proyecto a las asociaciones judiciales y a los órganos de gobierno de los tribunales, que podrán presentar alegaciones hasta el próximo 15 de septiembre. Ello, a juicio de este vocal, "comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable".

Obliga el Supremo

Además, Bodas considera que el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que en septiembre de 2023 condenó al Consejo del Poder Judicial a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral.

A juicio de este vocal, considerar que el que Consejo no debe ser considerado como empleador (empresa) de los titulares del poder judicial supone que serán los propios jueces quienes "decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo". Añade que nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados, por lo que este parece ser el criterio que la mayoría del Consejo acabará por asumir.

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