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Recta final de la legislatura

El Gobierno se deja importantes asignaturas para septiembre: vivienda o financiación autonómica

El Ejecutivo pospone la financiación autonómica y el decreto de vivienda ante el rechazo de la mayoría de las CCAA y la falta de apoyos parlamentarios

La fecha de la presentación de los Presupuestos también será clave para determinar la duración de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con cinco de sus ministros tras la rueda de prensa de este martes en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con cinco de sus ministros tras la rueda de prensa de este martes en Moncloa. / Mariscal / EFE

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Luis Ángel Sanz

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Madrid
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La debilidad parlamentaria del Gobierno o la oposición frontal de 13 de las 15 comunidades autónomas del régimen fiscal común al nuevo modelo de financiación autonómica han terminado forzando al Ejecutivo a dejar pendientes para septiembre dos de las asignaturas más importantes de la legislatura: el alto coste de la vivienda, especialmente en alquiler, y el modelo financiero de las CCAA. Ante la perspectiva de un rechazo frontal a ambas propuestas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por lanzar la pelota lejos, hasta después del verano, para conseguir tiempo extra.

El Ejecutivo se afana en hacer ver que mantiene la iniciativa, que sigue gobernando y que es capaz de aprobar leyes para "mejorar la vida de la gente". Como aseguró el propio Pedro Sánchez en su balance del curso político el martes, el Gobierno ha aprobado en lo que va de legislatura 74 leyes, un 85% de las iniciativas votadas en el Congreso, según fuentes socialistas. "Esta realidad es la de un Gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también, que hace avanzar a nuestro país", aseguró el jefe del Ejecutivo.

Con el movimiento de esta semana, el Gobierno quiere evitar dos sonoras derrotas. Tanto el decreto de vivienda que iba a aprobarse en el Consejo de Ministros de ayer como la propuesta de financiación autonómica podían haber evidenciado la debilidad de Moncloa precisamente en un momento en el que el Ejecutivo ha tomado el mando de una de las mayores emergencias de los últimos años: el macroincendio que ha afectado a Ávila, Madrid y Toledo. Fuentes de Moncloa no esconden su preocupación por la grave situación, pero también respiran después de que el mando único aprobado el fin de semana y que arrebató la gestión de la emergencia a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a petición de la Comunidad de Madrid, haya sido un éxito operativo bajo las órdenes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que la situación parece encaminada a controlarse.

Zona catastrófica

La declaración, además, en el Consejo de Ministros, de estas áreas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil (la antigua declaración de zona catastrófica) dará muy pronto a los damnificados acceso a ayudas en función de las pérdidas originadas por el incendio. El impacto de la rápida reacción del Gobierno ante algo que en principio es de competencia autonómica corría el peligro de diluirse el miércoles con una severa derrota en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en unas semanas en el Congreso si no había acuerdo sobre el decreto de vivienda para prorrogar los alquileres y el decreto que iba a aprobarse hoy era rechazado.

En el Ejecutivo reconocen que ambos asuntos son de una "extrema complejidad" y corren el peligro de no aprobarse tampoco en otoño. Sobre todo dada la tensión que se está viviendo en la recta final de la legislatura, tanto con el PP como con los socios de investidura. Ninguna de las 11 comunidades populares quería ni siquiera negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Unas, como Castilla y León, porque consideran que les perjudica gravemente al beneficiar a las regiones más pobladas o con más recursos. Otras, como Madrid o la Comunidad Valenciana, porque rechazan que la propuesta del Gobierno sea fruto de un acuerdo previo entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque luego los números les favorezcan.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el último pleno del Congreso.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el último Pleno del Congreso. / Víctor Lerena / EFE

Además, las dos comunidades del régimen común gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, también rechazan el modelo, con lo que la previsible derrota del sistema planteado amenazaba con ser más que contundente. De hecho, de haberse mantenido el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para este miércoles, las CCAA del PP habían amenazado con dejarlo sin quórum, con lo que no podría haber tomado ninguna decisión. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha vendido como una "muestra de buena voluntad" una retirada que intenta alejar la imagen de la debilidad del Gobierno.

Algo similar ha ocurrido con el decreto de vivienda que iba a aprobar el Consejo de Ministros de hoy. Junts per Catalunya por un lado y Podemos por el otro habían amagado con tumbarlo por motivos opuestos. Y el Gobierno, a día de hoy, no tiene ninguna esperanza de que se apruebe en el Congreso.

La medida pretendía aprobar una prórroga de los alquileres para los contratos que vencieran hasta el 30 de junio de 2028 para imposibilitar que las rentas subieran de precio. Además, incorporaba medidas para desincentivar el alquiler turístico, aumentando su fiscalidad y endureciendo la publicidad para así desviar viviendas de ese mercado al alquiler residencial.

PP: "Sin capacidad de gobernar"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que los grupos parlamentarios habían pedido algo más de tiempo al Gobierno, pero mantuvo viva la esperanza que pueda aprobarse porque ninguna de las fuerzas políticas del bloque de la investidura "se ha bajado del diálogo". Para el PP, sin embargo, estos dos movimientos "son la demostración de que no tienen capacidad de gobernar, no pueden aprobar nada".

Después del verano, al Gobierno le queda una difícil cuesta de septiembre en la que también queda pendiente la presentación de unos Presupuestos que casi todos dan por sentenciados de antemano. La negativa de Junts a negociarlos y la proximidad de las próximas elecciones generales -como tarde, se celebrarán dentro de un año- convierten esas cuentas generales en un proyecto muerto antes de nacer. La fecha de su presentación podría determinar en buena medida la fecha de la convocatoria electoral. Cada vez más fuentes socialistas e incluso del propio Gobierno aseguran que tras el rechazo de los Presupuestos, "no se podrá aguantar mucho más sin convocar elecciones", a pesar de que este martes, Sánchez volvió a amagar con agotar la legislatura y con que los comicios sean cuando tocan, en julio de 2027.

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