Illa exige al PP "menos excusas y más responsabilidad" tras retrasar la reforma de la financiación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido "menos excusas y más responsabilidad" al PP después de que el Gobierno haya decidido aplazar hasta el 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se validará la propuesta de financiación para que sea aprobada posteriormente en el Consejo de Ministros y elevada al Congreso para su debate.

Durante la celebración de un foro económico entre Catalunya y la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh, donde se encuentra de viaje oficial, Illa ha defendido que el nuevo modelo permite "poner 21.000 millones de euros a favor de la sanidad y la educación públicas", por lo que "el 4 de septiembre se acabará el tiempo de las excusas y empezará el tiempo de las soluciones".

Así, el president ha asegurado que la apuesta del Gobierno "por el diálogo" le parece "acertada", aunque antes de saber que la cumbre prevista para este miércoles iba a posponerse pidió que se debatiera el modelo "cuanto antes". "Hay que tramitarlo, hay que discutirlo y que quien tenga una mejor propuesta factible la ponga sobre la mesa, aunque creo que no es el caso hasta ahora", sentenció el martes, tras criticar al PP por "hacer castillos en el aire".

El retraso de la reforma de la financiación es un asunto especialmente delicado para el Govern, porque es el puntal de la legisltura de Illa y de los acuerdos con ERC. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, insistió en que este aplazamiento afecta también a la llegada de los recursos adicionales que permitirían financiar los servicios públicos. En el partido temen que esto provoque que no se llegue a tiempo de votar la reforma de la financiación en el Congreso si el cerco al PSOE por los casos de presunta corrupción se estrecha y Sánchez activa el botón electoral.

Romper el bloque del PP

El Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Arcadi España, acordó pasar la reunión a septiembre después de que los populares reclamaran más tiempo para analizar los detalles de la propuesta y de que el Gobierno arrancara el apoyo de Canarias al nuevo modelo a cambio de que se reconocieran sus singularidades y de recibir una aportación de 1.300 millones más al año. Este cambio de posición del Ejecutivo canario rompió el bloque liderado por el PP en contra de la renovación del sistema, caducado desde 2014, aunque el plan ya salía adelante con el 50% de los votos del Gobierno y el apoyo de Catalunya.

Pero el 'sí' de Canarias no solo refuerza a Sánchez, sino que le permite desmontar el relato de que la financiación se ha hecho a medida para la autonomía catalana y que no beneficia al resto de las comunidades del Estado. Es por ello que los socialistas consideran que se abre ahora una pugna entre barones populares que puede hacer que alguno de ellos acabe aceptando su apuesta y sumar una mayoría mucho más numerosa.

El proyecto contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) en 20.975 millones de euros en 2027. En total, serían 224.507 millones, un 9,34% más de lo que percibirían con el sistema actual y se reduciría la diferencia en financiación por habitante entre las comunidades mejor y peor dotadas (Cantabria y Murcia) de 1.500 euros a 700 euros, después de una corrección especial para que ninguna comunidad reciba menos de lo que ya ingresa ahora. Catalunya recibiría 4.686 millones más, con un incremento de en torno al 12%, y sería el segundo mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás de Andalucía (4.846 millones) y por delante de la Comunidad Valenciana (3.669 millones) y la de Madrid (2.555 millones).

La previsión es que, si supera la aprobación definitiva en el Congreso -algo que está en entredicho porque los votos de Junts son indispensables y por ahora los posconvergentes se oponen-, la nueva financiación debería entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.

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