El Supremo fija una vista el 7 de septiembre para estudiar si suspende la eficacia del derecho al voto concedido por la llamada 'ley de nietos'

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado el próximo lunes 7 de septiembre para la celebración de una vista en la que analizará la suspensión de la norma la derivada de Ley de Memoria Democrática que permite el voto por la concesión de la nacionalidad española a los descendientes españoles que viven en el extranjero y que sufrieron el exilio, lo que se ha venido en llamar la 'ley de nietos'.

Se celebrará a instancias de Iustitia Europa, que presentó un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central que a juicio de este partido político incurrió en dejación de funciones sobre este asunto. El órgano electoral declaró que excedía de sus competencias intervenir frente a las irregularidades denunciadas por varios partidos, entre ellos Vox y la propia Iustitia, en la adquisición de nacionalidad derivada de la Instrucción que fue aprobada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que depende del Ministerio de Justicia.

Pidieron que se estudie, entre otras medidas cautelares, la suspensión de la eficacia de la instrucción de Justicia que ampara la concesión del voto en y que se obligue a las embajadas a separar los expedientes de nacionalidad ya tramitados. La celebración de la vista pública se justifica por la "relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas planteadas", según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Otras medidas planteadas que tendrá que estudiar el Supremo pasan porque le sea remitido, con periodicidad mensual, un informe estadístico desglosado de las altas producidas en el CERA desde el 1 de noviembre de 2022. También quieren los recurrentes que se ordene el aseguramiento y conservación íntegra, bajo apercibimiento legal, de todos los expedientes administrativos, metadatos, registros de cita y documentos soporte relacionados con las altas en el CERA (censo electoral en el exterior) tramitadas al amparo de la ley de Memoria.

El recurso sostiene que no consta una cifra exacta oficial de las altas incorporadas al CERA vinculadas a estos expedientes ni tampoco existe información suficiente para comprobar su distribución territorial, y recuerda que la propia Junta Electoral Central había considerado insuficiente la información facilitada por la Oficina del Censo Electoral a la que el partido Iuistitia acudió inicialmente.

La Junta Electoral declaró que excedía de sus competencias intervenir frente a las irregularidades denunciadas por varios partidos, entre ellos Vox y la propia Iustitia, en la adquisición de nacionalidad derivada de la Instrucción que fue aprobada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que depende del Ministerio comandado por Félix Bolaños. Para los recurrentes, sin embargo, los efectos de esta norma "se proyectan de manera directa, automática y potencialmente irreversible sobre la formación del censo electoral".

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