Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía

Un 62,6% de los catalanes está a favor de que la ley de amnistía se aplique a todas las causas judiciales pendientes relacionadas con el 'procés'. Así se desprende de la Encuesta Política de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, que fue realizada entre el 16 y el 22 de julio, una vez la justicia europea ya había avalado el contenido de la norma y había determinado que no contravenía los intereses financieros de la Unión Europea ni era contraria a la directiva en materia de terrorismo.

Los más partidarios de dar la exoneración a todos los condenados o procesados son los votantes de la CUP: más del 93% de quienes eligieron su papeleta en las últimas elecciones al Parlament apoya la amnistía. Les siguen de cerca los votantes de Junts (90,5%) y los de ERC (86,5%). En cambio, solo un 65% de los de Aliança Catalana está a favor, mientras que más de un 26% se declara contrario a este perdón. Se trata de un apoyo muy inferior, por ejemplo, al de los Comuns (80%), mientras que en el caso de los votantes socialistas de las últimas catalanas están de acuerdo cerca del 60%.

No es sorprendente, por contra, que la mayoría de votantes del PP y Vox rechace la amnistía. Los populares lo hacen en un 78%, mientras que los que eligieron la papeleta de la extrema derecha son contrarios a la exoneración en un 82%. Las diferencias son menos significativas en función del sexo, la edad, el lugar de residencia o el nivel académico. Un 65% de los hombres apoya la ley, frente a un 60% de las mujeres; mientras que por edades el grupo más reacio es el de entre 30 y 44 años: apoya la norma un 52%. El más favorable, en cambio, es el de más de 60, ya que está de acuerdo casi un 69%.

Si se observa la distribución por provincias, en Tarragona un 55,6% respalda la amnistía, frente a casi un 40% que está en contra. En cambio, Girona es la más favorable con un 65% de partidarios y un 30% de detractores, seguida de Lleida, con cifras muy parecidas, y Barcelona (63% frente a 27%). En cuanto a Barcelona ciudad, avala la amnistía un 64% de sus habitantes, mientras que en el resto de grandes ciudades de la comunidad -las que tienen más de 100.000 habitantes- solo un 58% se declaran defensores de la norma aprobada por el Congreso en 2024. Por contra, en los pueblos pequeños -de menos de 10.000 habitantes- un 68% son favorables.

Finalmente, si se tiene en cuenta la ocupación, se declara favorable a la ley un 69% de los jubilados, un 62% de los trabajadores y un 55% de los ciudadanos en paro, mientras que solo lo son un 46% de los que realizan trabajos del hogar o no remunerados. A nivel educativo son un 68% de los que tienen estudios superiores, seguidos de un 60% de los que declaran tener baja formación y de un 57% de los que tienen un nivel medio.

Dos años después de la validación de la norma por parte de las Cortes Generales, aún hay múltiples dirigentes independentistas pendientes de beneficiarse de ella. El caso que acapara más titulares es el del expresident Carles Puigdemont, que aún no ha podido regresar a Catalunya -al igual que los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig-, pero las penas de inhabilitación siguen pesando sobre otros líderes políticos como Oriol Junqueras o Jordi Turull. Y también hay ciudadanos anónimos que siguen a la espera de que se les aplique. Sin embargo, la mayoría de los afectados confía en que su situación procesal pueda cambiar en un futuro próximo, tras el fallo del Tribunal de Justícia de la Unión Europea.

De hecho, el Tribunal Supremo aplicó este viernes la ley de amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos, entre ellos al expresident del Parlament Roger Torrent, y a otros miembros de la Mesa. También amnistió a dos ciudadanos que fueron condenados a un año y medio de prisión por lanzar piedras en las protestas en octubre de 2019, cuando trascendió la sentencia al 'procés'. Los casos de Puigdemont y de los demás miembros del Govern se deberán empezar a resolver este otoño. Primero tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional y, posteriormente, el Supremo.

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