El Parlament sanciona con una advertencia pública a Sílvia Orriols y Joan Garriga por su conducta en el pleno

Los diputados Sílvia Orriols y Joan Garriga recibirán una "amonestación pública" por parte del Parlament por su conducta dentro del pleno. Así lo ha decidido la Mesa del Parlament después de recibir el informe elaborado por la comisión del estatuto del diputado, encargada de velar por el cumplimiento del código de conducta del Parlament, que calificaba sus comportamientos de "faltas leves". Orriols tenía un expediente abierto por haber acusado a la diputada de ERC Najat Driouech de "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres" y de hacer "ostentación de la misoginia islámica" al llevar velo. Garriga, por su parte, tenía dos investigaciones, una por llamar "asesino" al expresident Lluís Companys y otra para acusar a los socialistas de gastarse el dinero "en drogas y putas".

La comisión, integrada por un diputado de cada grupo parlamentario, tras abrir audiencia con las partes afectadas y consensuarlo con los servicios jurídicos, acordó hace dos semanas que estos tres episodios fueran considerados una "falta leve". Posteriormente, trasladó el caso a la Mesa para que fuera esta quien decidiera si imponía alguna sanción. El actual código de conducta de la Cámara no establece una graduación en función de la gravedad de las conductas, pero sí contempla medidas que van desde la "amonestación pública" hasta multas de 12.000 euros. La Mesa ha optado por aplicar la sanción más baja, la de la advertencia. A la práctica, esto significa que se publicará la resolución en el Butlletí Oficial del Parlament, que quedará reflejada en la página web del Parlament en su perfil de diputado -igual que pasa con la declaración de bienes- y que se leerá públicamente en el próximo pleno.

En paralelo, la Mesa del Parlament ha instado a los grupos a impulsar una reforma del reglamento del Parlament que permita sancionar estas conductas con mayores garantías y tipificar mejor las sanciones, algo que la mayoría de los grupos -todos salvo PP, Vox y Aliança Catalana- ya lleva meses debatiendo. La actual arquitectura jurídica no blinda suficientemente las sanciones, ya que el régimen sancionador no tiene rango de ley. Por ello, PSC, Junts y ERC trabajan desde hace tiempo en una propuesta, que ya han trasladado a los Comuns y la CUP, y confían en poder presentarla esta misma semana. La reforma necesitaría mayoría absoluta para salir adelante, un umbral que los tres grupos ya alcanzan, pero la voluntad de los impulsores es sumar cuantos más apoyos mejor para hacerla más robusta.

La comisión del estatuto del diputat también analizó otro expediente, en este caso contra la diputada de Vox Júlia Calvet, pero concluyó que no había infracción. Por lo tanto, la Mesa no la ha sancionado. La Cámara considera que haber acusado de "corrupción" a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, por la DGAIA, entra dentro de la libertad de expresión. No obstante, hay cuatro casos más abiertos. Uno de ellos es también contra Calvet, ya que durante una comisión parlamentaria de políticas de juventud negó que en Catalunya o en España se muera por racismo y presentó el racismo como "la reacción lógica de un pueblo" que ve cómo se degradan sus barrios y se siente "extranjero en su propia casa". El PSC elevó el caso al considerar que estas declaraciones son "extraordinariamente graves" e incluso "susceptibles de constituir un delito de odio", porque configuran un "discurso de exclusión identitaria".

También hay otra contra Alberto Tarradas por insinuar que iba a deportar a Driouech. El parlamentario se disculpó posteriormente, pero la Mesa decidió, de forma inédita, remitir el caso de oficio a la comisión del estatuto del diputado. Los otros dos son contra Rafael Villafranca, que hace unos meses llamó "delincuentes" a los diputados de la CUP, y contra Maria García Fuster, por llamar "vulgar asesino" a Lluís Companys en la comisión parlamentaria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Este último caso es prácticamente idéntico al de Garriga, que ya se ha calificado de "falta leve" y saldado con una amonestación pública.

Suscríbete para seguir leyendo