Catalunya impulsa una ley para que los directivos públicos se elijan por meritocracia y no por afinidad política

El Govern ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de la dirección pública profesional, una norma que busca despolitizar a los principales directivos de la Generalitat de Catalunya y de sus empresas públicas. Desde siempre, la mayoría de estos altos cargos tiene el carné del partido que gobierna o su afinidad política es determinante para su elección. De lo que se trata, pues, es que en el futuro estos directivos se escojan por criterios de meritocracia y no por su adscripción a un partido u otro. La ley empieza ahora su trámite en el Parlament y tendrá que encontrar los votos suficientes para ser una realidad.

Cada vez que en Catalunya hay un cambio de gobierno se procede a renovar entre 400 y 900 altos cargos de la administración, un proceso que se alarga durante meses y que somete a la Generalitat a una cierta parálisis. La nueva norma busca acabar con este relevo masivo tras cada cambio de ejecutivo y que, a partir de ahora, la designación de estos cargos se someta a los "principios de mérito, capacidad, publicidad e idoneidad". La idea es crear un "órgano independiente de calificación" -con representación paritaria y formado por personas de "reconocido prestigio"- que sea el encargado de seleccionar al personal idóneo.

La ley impulsada por la Conselleria de Presidencia de Albert Dalmau plantea otras novedades destacadas. Establece que los mandatos de estos directivos sean de siete años que se podrán prorrogar en función de los "resultados obtenidos". Para poner en perspectiva la medida, esto significa que un directivo que acabara ahora su mandato habría visto pasar a tres presidentes de la Generalitat de diferente color político: Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa. Esta longevidad es poco habitual con el sistema actual.

Cambios en el sueldo

Hay otros cambios importantes que tener en cuenta. También se plantea, por ejemplo, que hasta un 15% por ciento del sueldo de estos directivos pueda ser variable, es decir, que se cobre en función de que cumplan con "los objetivos fijados". Ahora mismo, estos sueldos oscilan entre los 50.000 y los 130.000 euros. Además, la ley elimina la posibilidad de cesar libremente a estos cargos y solo se podrá cambiar a un directivo del sector público cuando se le acabe el mandato o si recibe una "evaluación desfavorable". Una evaluación que, de nuevo, tendrá que realizar este órgano independiente de nueva creación.

La nueva normativa afectará al personal directivo de la Administración de Catalunya, es decir, a los directores generales y de servicios de las consellerias y a los subdirectores generales; también a los organismos autónomos y entidades de derecho público; a las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la Generalitat; a los consorcios adscritos a la Administración y las fundaciones de la Generalitat. Quedan excluidos de la ley los consellers y los secretarios de los departamentos, que seguirán siendo elegidos por designación política.

Fuentes del Govern calculan que la ley afectará a entre 700 y 800 personas. De este total, el gobierno de turno podrá mantener la prerrogativa de designar políticamente a algunos de estos puestos -como hasta ahora-, pero nunca podrá superar el 20% del total. Esta reforma no será inmediata. Ahora la ley tiene que recorrer un camino parlamentario de varios meses y, luego, el Govern se da un año para desarrollar el estatuto que detalle todos los cambios.

La última actualización del listado del personal directivo de la Generalitat evidencia la politización actual de estos cargos. Por ejemplo, el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) es el exalcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), y el presidente de Infraestructuras de la Generalitat es Isaías Táboas, expresidente de Renfe y exmano derecha del expresidente José Montilla. También hay ejemplos de otros partidos heredados de gobiernos anteriores: la exdiputada de ERC Irene Fornós dirige el 112. La nueva ley supondrá que todos estos cargos tengan que elegirse por un proceso meritocrático y no por libre designación.

Captar talento del sector privado

Con esta norma el Govern busca un modelo de gestión pública orientado a "la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación objetiva del rendimiento". Y, aunque no se pueda reflejar en la norma explícitamente, también persigue captar talento del sector privado. Es decir, personas especializadas en ciertos ámbitos sin ningún contacto con la política que quieran dar el salto a la Generalitat o a sus empresas públicas. El actual Govern de Salvador Illa considera que así se conseguirán mejores "resultados".

La nueva normativa plantea un cambio radical en la distribución de los principales cargos de la administración, por lo que no sería extraño que cuente con una resistencia interna. Por eso, antes de impulsarla, la Generalitat ha buscado el apoyo de varias entidades sociales y académicas. Así, apoyan estas medidas actores como la Cambra de Comerç de Barcelona; la patronal Cecot; el Col·legi de Professionals de la Ciència Política; el Col·legi d'Economistes de Catalunya y la Taula del Tercer Sector Social, entre otros.

Además, esta es una de las medidas que se incluyeron en las propuestas que un grupo de expertos formuló a finales de 2025 al Govern para llevar a cabo una reforma profunda de la administración. Algunas de estas ideas ya se han llevado a cabo, como la reducción de varios trámites burocráticos; la ley que prescinde de la cita previa y la reforma integral de la web de la Generalitat.

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