El Gobierno suspende el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este miércoles

El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades del PP y aplaza la celebración de la reunión al viernes 4 de septiembre. Desde el Departamento que dirige Arcadi España remarcan que llevan meses ofreciendo "vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica". "Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación", apuntan fuentes de este Ministerio.

En Hacienda les resulta "sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes", aludiendo al visto bueno avanzado desde el Gobierno canario que preside Fernando Clavijo (CC).

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda insiste en que "nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y de ahí que, fuentes del ministerio avanzan que "la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre".

Por su parte, el ministro de Hacienda sostiene que el cambio de fecha refleja la "buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova". España recuerda que la reforma propuesta por el Gobierno permitirá que las comunidades autónomas dispongan de 20.975 millones adicionales para fortalecer el Estado de Bienestar y, por tanto, mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, según fuentes de Hacienda.

Apoyo de Catalunya y Canarias

La reunión del 4 de septiembre no supondrá, sin embargo, la aprobación definitiva del nuevo modelo. Constituye un trámite necesario para que el texto pueda elevarse posteriormente al Consejo de Ministros y ser remitido al Congreso.

Hacienda pretende completar la tramitación antes de que termine 2026, de manera que el sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027. El modelo actualmente vigente fue aprobado en 2009 y debía haberse revisado en 2014, por lo que acumula más de una década de retraso.

La aritmética del CPFF favorece al Ejecutivo central. Hacienda dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad autónoma respalde la propuesta. Hasta ahora se daba por seguro el apoyo de Catalunya, único territorio que había avalado el planteamiento inicial presentado en enero. La incorporación de Canarias refuerza la posición del Gobierno y evita que la reforma dependa de un único voto autonómico. La propuesta, sin embargo, no cuenta con el apoyo de comunidades gobernadas por los socialistas como Castilla-La Mancha o Asturias.

Más participación autonómica en el IVA y el IRPF

La propuesta de Hacienda contempla elevar la participación de las comunidades en el IRPF del 50% al 55% y aumentar su porcentaje en el IVA del 50% al 56,5%. También plantea reforzar los mecanismos de solidaridad y elevar la aportación del Estado a la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Uno de los puntos más controvertidos es la actualización de la recaudación teórica de los tributos cedidos. Las comunidades podrán mantener bonificaciones o rebajas en impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales, pero deberán asumir con sus propios recursos la diferencia entre la recaudación efectiva y la cantidad que el sistema considera que podrían ingresar.

Los gobiernos del PP interpretan este mecanismo como una armonización fiscal indirecta y un castigo a las autonomías que reducen impuestos. Hacienda sostiene, en cambio, que pretende reforzar la corresponsabilidad fiscal y evitar que las rebajas tributarias aprobadas por una comunidad sean compensadas posteriormente con recursos de la caja común.

El respaldo canario no elimina las dificultades políticas de la reforma. El PP acusa al Gobierno de haber diseñado el sistema a partir del acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Catalunya y denuncia que el resto de territorios recibió una propuesta prácticamente cerrada. Hacienda rechaza esa interpretación, asegura que todas las comunidades ganarán recursos y defiende que el documento todavía podrá modificarse durante la negociación técnica y parlamentaria.

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