El Consejo del Poder Judicial ve posible falta leve en las manifestaciones de Peinado sobre los escoltas de Begoña Gómez y pide al TSJ que lo valore

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General ha podido llegar finalmente a un acuerdo --aunque profundamente dividida-- sobre las quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Pese a que el promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de todas las iniciativas presentadas, en la reunión de este martes se ha acordado remitir al Tribunal Superior de Madrid dos de las diligencias para que valore la posible comisión de una falta disciplinaria leve por las manifestaciones vertidas por Peinado en un auto: el que sugería que los policías que escoltan a la esposa de Pedro Sánchez podrían facilitar su huida. Esta decisión ha tenido cuatro votos en contra y cuatro a favor, por lo que ha sido necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para deshacer el empate.

Igualmente, se remite al tribunal superior la queja de un particular por retraso injustificado y se ha tomado conocimiento de la propuesta de archivo de otras cuatro quejas, entre ellas las planteadas por Bolaños y por el grupo municipal Más Madrid.

Entre los escritos contra el instructor del caso Begoña se encontraba el presentado por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno y el del Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial que ha sido remitido para su valoración junto a la del particular. Se han rechazado las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid, el diputado sociexalcaldero Guillermo Hita -ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid).

No hay unanimidad

La decisión, en todo caso, no ha sido unánime, y cuatro de los vocales del sector conservador han presentado un voto discrepante. Consideran que la decisión adoptada por la mayoría "es estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación".

Por su parte, dos vocales progresistas han votado en contra del archivo de las quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños, por Cristina Álvarez --asistente de Begoña Gómez también procesada-- y por Más Madrid y el diputado Guillermo Hita.

Los vocales del grupo designado a propuesta del PSOE Bernardo Fernández y Argelia Queralt sostuvieron durante el debate de este asunto que la valoración del trato dispensado durante la declaración judicial del ministro de Justicia "no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas".

Para estos miembros del Consejo, la reiteración de advertencias, reproches sobre la forma de responder y censuras de los gestos del testigo "excedía de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaba, al menos, la apreciación de una falta leve". El archivo salió adelante con los votos del sector conservador y de Carlos Hugo Preciado, un vocal al que se le supone cuota de Podemos pero que en ocasiones se alinea con los conservadores.

Competencia sobre faltas leves

En cuanto a la decisión de la mayoría, el órgano de gobierno de los jueces señala en su resolución que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "son competentes para la imposición de sanciones por faltas leves los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia si la sanción es de advertencia o las Salas de Gobierno de esos órganos judiciales si la sanción fuera de multa o de advertencia y multa".

El promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, propuso el archivo "por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso". Ahora, el CGPJ señala que existen precedentes que "permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procedibilidad".

"Carga de menosprecio"

En concreto, se cita una resolución del Tribunal Supremo que decía que "es indiscutible la elevada carga de menosprecio" que el magistrado había expresado en distintas resoluciones judiciales "plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña".

La segunda resolución remitida al tribunal superior es una denuncia presentada por un ciudadano alegando un "retraso injustificado" en la tramitación de un procedimiento, que se dilató entre junio de 2024 y enero de 2026. También quería archivarla el promotor Conde, al considerar que los hechos no revestían carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente ha estimado que estos hechos "pueden ser constitutivos de una falta leve de retraso", por lo que ha acordado su remisión.

Quejas archivadas

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha tomado conocimiento del archivo de la diligencia informativa abierta tras "sucesivas quejas presentadas" por Bolaños, por hechos relacionados con su declaración como testigo en el 'caso Begoña Gómez' el año pasado.

El ministro protestó por escrito tras considerar que el juez Peinado llevó a cabo "actuaciones anómalas", como la petición de magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa para interrogarle como testigo o al pedir "una tarima para ubicarse físicamente, en una posición más alta" que Bolaños durante su diligencia.

No obstante, el órgano de gobierno de los jueces considera que las quejas se refieren a cuestiones "accesorias de la declaración judicial" y están basadas en "interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo". Reconoce por otro lado que aunque la declaración del ministro en Moncloa "se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante".

Otra de las quejas archivadas es la formulada por el grupo municipal de Más Madrid en la capital y por el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, por haber acordado fuera de plazo la prórroga de la instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación. En su escrito, el promotor afirma al respecto que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga hasta la fecha en la que la acordó.

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