El juez del caso Montoro se da seis meses más para seguir investigando el supuesto tráfico de influencias desde el despacho que fundó el exministro

El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye el caso Montoro contra el exministro del PP y otros ex altos cargos de Hacienda -- por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el despacho Equipo Económico, que él fundó en 2006-- ha acordado prorrogar por seis meses más su investigación, según una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Ya el pasado enero dictó un auto similar y pidió determinados informes a las Mossos que aún están pendientes de análisis. En una segunda resolución, el juez apremia a los Mossos D'Escuadra por el "estado de las investigaciones", si bien fuentes policiales señalan a este diario que está previsto entregar esta información en breve.

En su resolución, el juez Rus señala que en este momento se ha practicado la citación de quince investigados, cinco personas jurídicas y diez personas físicas, si bien solo una de ellas ha contestado a sus preguntas y "el resto se ha acogido a su derecho a no declarar, manifestando que se reservan el derecho a hacerlo en el momento en que, por la Audiencia Provincial, se resuelvan distintas apelaciones interpuestas". Aún no se ha llamado a declarar ni a Cristóbal Montoro ni a los principales imputados en esta causa.

"Teniendo en cuenta lo expuesto y a la vista de las declaraciones que restan por efectuar y la vista de los informes que deben incorporarse a la causa, es previsible que de su práctica pueda resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias, especialmente tras escuchar a los investigados cuyos argumentos exculpatorios podrían exigir la práctica de actuaciones a posteriori, actuaciones y diligencias que en este momento no pueden preverse y por tanto, no pueden acordarse sin prorrogar el plazo de instrucción. Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de instrucción de la causa por tiempo de seis meses" añade la resolución notificada este lunes.

La investigación de este caso puso de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

En concreto, según el juez, "las gasísticas asociadas a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta empresa interviniese en el procedimiento legislativo tendente a la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de manera que se llevasen a cabo modificaciones legales".

Labor del juez

La resolución incide sobre la instrucción llevada a cabo desde la última prórroga del pasado mes de enero, que tres de los investigados citados, han manifestado que residen fuera de España, solicitando su declaración por medio de Orden Europea de Investigación (OEI) y de comisión rogatoria para que aportasen documentación de interés para la investigación. También se ha requerido a las empresas gasistas así como a la AFGIM, a fin de que aporten documentación de interés, y se ofició a Mossos d'Esquadra a fin de que aportasen varios informes.

Recuerda el juez que el pasado mes de marzo se libró un mandamiento al Ministerio de Hacienda para que aportara ciertos documentos y notas adjuntas y que se autorizó el acceso al Fichero de Titularidades Financieras por parte de la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d'Esquadra. Como consecuencia de todo ello en mayo se acordaron "cerca de cuarenta mandamientos dirigidos a entidades bancarias con el objeto de completar el informe encargado a la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Agencia Tributaria". "Queda pendiente en este momento completar el análisis derivado de la documentación obtenida", agrega el magistrado.

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