Las acusaciones ajustan su petición de cárcel para Begoña a los 13 años pero mantienen la necesidad de interrogar a Sánchez ante el jurado

Las acusaciones populares personadas contra Begoña Gómez han reducido de los 24 a los 13 años de cárcel su petición de condena para la esposa de Pedro Sánchez en el juicio que la sentará ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos relacionados con la creación de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y la labor de su asistente en Moncloa.

El instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, se vio obligado a pedir este ajuste en sus escritos de acusación provisional después de que la audiencia Provincial anulara los de apropiación indebida y corrupción en los negocios. Subsidiariamente, si el tribunal aprecia concurso medial entre el tráfico de influencias y la malversación, la pena única solicitada sería de 10 años de prisión.

Así se señala en el escrito presentado este lunes por la acusación liderada por Hazte Oír, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que también rebaja la petición para la asesora Cristina Álvarez, de los 22 a los 6 años de prisión. En el caso de esta trabajadora, la inhabilitación absoluta debería ser de 15 años, como cooperadora necesaria en el desvío del 'software' creado para el desarrollo de la cátedra universitaria. Será la única acusación con la que se enfrenten ante el jurado popular, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

El escrito elimina cualquier petición para el empresario Juan Carlos Barrabés --presuntamente favorecido en contratos públicos-- para quien inicialmente se pedían 6 años de cárcel, pues la Audiencia Provincial de Madrid le sacó del procedimiento ante el jurado al eliminarse los delitos citados y la causa contra él proseguirá por el procedimiento ordinario.

Dos malversaciones y tráfico

Concretamente, para Gómez solicitan dos años por prevalerse de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que presuntamente la universidad madrileña creara a su medida la cátedra de Transformación Social Competitiva. A ello debe sumarse, según esta parte, una multa por el duplo del beneficio obtenido y prohibición de contra las acusacionesctor público 10 años.

En cuanto al delito de malversación, Hazte Oír --que ejerce la dirección letrada de la acusaciones de las que también forma parte Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias, entre otros-- encuentra que deben imputársele dos diferentes. El primero una malversación continuada que debe ser penada con tres años de cárcel por destinar presuntamente a fines privados a su asistente, que retribuida con fondos públicos -- calculan este gasto en más de 364.000 euros en nóminas de los Presupuestos del Estado-- más la suspensión de cargo público 4 años.

La segunda malversación, de carácter agravado, supondría la pena más alta a petición de las acusaciones para Gómez, un total de 8 años de prisión si se la encuentra culpable de apropiarse del 'software' desarrollado con fondos públicos para el curso universitario a través de diferentes marcas.

También la acusa de apropiarse el dominio transformatsc.org y la creación de la sociedad Transforma TSC SL. que utilizaría dicho sistema operativo en beneficio propio. El perjuicio para la Universidad, personada como acusación particular, se eleva según esta parte a 113.509 euros. En este caso, la inhabilitación absoluta debe elevarse según las acusaciones a 20 años.

Testigos

No obstante, se mantienen otras peticiones del escrito inicial, como la necesidad de interrogar a Pedro Sánchez como testigo ante el jurado popular para ser preguntado sobre el uso de La Moncloa como "ámbito relacional del proyecto".

Igualmente, las acusaciones populares solicitan que sean también llamados a declarar el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños -- que consideran determinante para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez--; el exrector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache --para ser interrogado sobre las reuniones en Moncloa para la creación del curso universitario--; y del propio Barrabés. En este último caso, por su relación profesional con Gómez en relación con el máster universitario.

En el auto en el que confirmaba la celebración de juicio para Begoña, la Audiencia Provincial consideraba "perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra --de la UCM--, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".

Mantienen la petición de declaración como testigo del comisionista del caso mascarillas, Víctor de Aldama, para que declare "sobre las labores desempeñadas por Cristina Álvarez y sobre la actividad de la Cátedra" de Transformación Social Competitiva.

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