El Gobierno deja sin blindar la ordinalidad para Cataluña en la nueva financiación y da más capacidad tributaria a todas las CCAA

El modelo de financiación autonómica que el Gobierno someterá a votación este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) garantizará 'de facto’ el principio de ordinalidad para Catalunya pactado con ERC, pero no 'de iure’. En la propuesta final que se someterá a votación de las comunidades en el órgano multilateral, antes de llevarla al Consejo de Ministros, no se blinda legalmente este principio al no aparecer como tal en la redacción del texto.

Si bien Catalunya seguirá siendo la tercera en recibir recursos al ser la tercera en aportar a la caja común, el blindaje legal de mantenerse en esta situación dependerá ya de las enmiendas al proyecto cuando arranque su tramitación parlamentaria. Los dos mecanismos centrales de nivelación preservan implícitamente la ordenación inicial de las comunidades según su capacidad tributaria por habitante ajustado sin apenas variaciones en el ranking.

El rechazo a este principio es transversal. No solo entre las comunidades gobernadas por el PP, sino también entre las dos socialistas del régimen común, Asturias y Castilla-La Mancha. Algo por lo que el Ejecutivo ha tratado de hacer equilibrios para respetar su acuerdo político y al mismo tiempo excluir de la redacción del texto. Insuficientes dadas las posiciones con las que llegan los territorios al encuentro con Hacienda. Sin embargo, el voto del Gobierno y Catalunya sería suficiente para aprobar el nuevo modelo en el CPFF.

Entre las principales novedades de la reforma está el aumento de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de forma generalizada. Con el nuevo modelo, la recaudación del IVA que se les cedería pasaría del 50% actual al 56,5% y la del IRPF sería de cinco puntos más, del 50% actual al 55%. La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

Las comunidades deberán solicitarlo y se atribuirán recursos atendiendo a la diferencia entre el IVA territorializado por domicilio empresarial y el calculado según el consumo. Según una simulación de FEDEA con datos de 2023, este mecanismo aportaría a Catalunya unos 1.441 millones, alrededor de tres cuartas partes del total. Según los datos de Hacienda, en función del aumento de la capacidad tributaria propuesta, los recursos aumentarían en casi 16.000 millones.

El modelo trata de contrarrestar las críticas de las comunidades con una nivelación que garantiza que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria. Asimismo, se incluye un fondo climático de unos 1.000 millones, de los que dos tercios se repartirían entre las autonomías del litoral mediterráneo. Por último, se establece la garantía de statu quo para que ninguna comunidad reciba nominalmente menos que con el sistema anterior. Por otra, parte, Extremadura recibiría 216 millones y Cantabria 46 millones mediante un tramo específico del Fondo de Compensación Interterritorial.

El escollo de Junts

El modelo final puesto sobre la mesa por el Gobierno mantiene para Andalucía y Cataluña el mayor aumento de recursos, con 4.846 y 4.686 millones de euros adicionales, respectivamente. Les siguen la Comunitat Valenciana (3.669 millones) y la Comunidad de Madrid (2.555), mientras que La Rioja cierra la lista con 25 millones de euros más. En total, se establece una aportación adicional al conjunto de comunidades autónomas de 20.975 millones de euros.

La pretensión del Gobierno es aprobar definitivamente el nuevo modelo en el Congreso antes de que acabe el año, para poder iniciar el próximo ejercicio de 2027 bajo esta arquitectura financiera. Sin embargo, Junts sigue siendo el principal escollo. En Hacienda insisten frente a las críticas en que el nuevo modelo acarreará “más recursos para todas las comunidades autónomas sin excepción, incrementará la solidaridad interterritorial, elevará la autonomía fiscal, blindará el Estado de bienestar y reducirá las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado”.

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