Mucha crítica y poca concreción: las medidas de los partidos para atajar la corrupción

Es difícil encontrar el día en que los presuntos casos de corrupción que rodean al Gobierno, al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez no salten a la palestra. Y las reacciones, por tanto, no dejan de sucederse. Buena prueba de ello fue este jueves, cuando José Luis Rodríguez Zapatero trató de aclarar, con poco éxito, algunas de las dudas que genera su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra. Solo tuvieron que pasar unos pocos minutos para que dirigentes de todos los partidos -de la oposición y de formaciones aliadas- se pronunciasen, criticando la vaguedad de sus explicaciones. Sin embargo, resulta más difícil encontrar medidas concretas que se hayan puesto sobre la mesa para atajar la corrupción.

En los dos últimos años, unos y otros han intentado hacer suya la lucha contra la corrupción a base de anuncios. El propio Pedro Sánchez prometió en 2024 un proyecto de ley Orgánica de Integridad Pública con una veintena de medidas, pero aún no ha salido de la Moncloa. Se espera que sea este próximo martes cuando el Consejo de Ministro lo apruebe para reenviarlo al Congreso, aunque con lo avanzada que está la legislatura, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, es previsible que quede olvidado en un cajón.

Sin embargo, desde aquel septiembre de 2024 en el que Sánchez anunció su plan, la situación ha cambiado mucho. El caso de Rodríguez Zapatero o la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que espera un juicio con jurado han llevado a algunas formaciones a plantear nuevas propuestas, la gran mayoría bastante vagas.

Dentro del Ejecutivo

El ala socialista del Ejecutivo se mantiene en la senda ya trazada hace años, pero sus socios de Sumar han tratado de desmarcarse. A mediados de junio presentaron en el Congreso un proyecto de ley para restringir las actividades de los expresidentes del Gobierno. Por un lado, plantean que estos no puedan trabajar durante los 10 años posteriores a abandonar el cargo en empresas privadas de sectores estratégicos y que no puedan compatibilizar su cargo como consejeros natos del Consejo de Estado con otras actividades privadas.

Además, dado que los expresidentes del Gobierno son los únicos que cobran una pensión vitalicia y disfrutan de determinados beneficios, como un coche oficial o recursos para disponer de una oficina, Sumar propone que todo esto se suspenda cuando se dediquen a actividades privadas lucrativas. No obstante, ni PSOE ni PP, los dos únicos partidos con expresidentes del Gobierno, se han abierto a ninguna de estas medidas.

Prohibiciones a futuro

La de Sumar es de las pocas medidas que se han concretado en el último año, pese a que muchas formaciones han exigido tomar las riendas ante los numerosos casos de corrupción. Un ejemplo es el PP. Alberto Núñez Feijóo, que esta misma semana tildó a Sánchez de ser el "señor X" de la corrupción del Gobierno, recuperando aquella expresión del caso de los GAL que afectó a Felipe González, anunció hace unos días un "Plan de limpieza institucional". No obstante, solo adelantó algunas de las medidas que impulsará si llega a la Moncloa, pero sin detallarlas por escrito.

El líder popular aseguró que su intención es reformar la figura del suplicatorio, por la cual el Tribunal Supremo tiene que pedir permiso a las Cortes para juzgar a alguno de sus miembros, para que no aplique a los ministros o el presidente del Gobierno. También prohibir los indultos por delitos de corrupción, algo que Sumar también propuso, o regular la relación con los 'lobbies'. Esta tarea lleva años pendiente en el Congreso, bloqueada por las discrepancias entre PP y PSOE, pese a que ambas formaciones coinciden en que habría dificultado situaciones como de las que ahora se acusa a Zapatero.

Otra de las ideas que no ha calado es la de regular la figura de la pareja de quien asuma la Presidencia del Gobierno. El PP llegó a proponer en mayo de 2024 que estos tuvieran que rendir cuentas ante el Gobierno y declarar sus actividades patrimoniales. En aquel entonces, formaciones como ERC apoyaron la medida, pero no se materializó de ninguna forma. Es más, el propio Feijóo descartó esta idea en 2025, que ya había legislación suficiente.

Los aliados

Los socios del Gobierno, pese a mantener a Sánchez en la Moncloa, han sido muy críticos con la gestión que el jefe del Ejecutivo está haciendo de la situación y no han cesado de demandarle explicaciones. Sin embargo, tampoco han llegado a poner negro sobre blanco cuáles serán las reformas necesarias para que esto no volviera a ocurrir en el futuro. Sí han hablado de actuar contra las empresas corruptoras (EH Bildu y Podemos) o la creación de organismos independientes de integridad (PNV), pero sin llegar a registrar propuesta alguna en el Congreso.

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