Todas las comunidades, contra el modelo de financiación impulsado por el Gobierno y avalado por Cataluña

El modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno y que apoya prácticamente en solitario el Govern catalán se encontrará el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el rechazo, al menos, de 14 ejecutivos autonómicos presididos por el PP y el PSOE. El Ministerio de Hacienda se dio de bruces desde el principio con el no de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que lo rechazan en bloque. Pero pronto se les unieron las dos autonomías con presidente socialista pertenecientes al régimen fiscal común, Castilla-La Mancha y Asturias.

Solo se desgaja con matices del frente del no Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP como socio minoritario. En este caso, el Ejecutivo de Fernando Clavijo no rechaza la propuesta de plano y se muestra abierto a negociarla. Eso sí, las posibilidades de que el Gobierno amplíe el acuerdo más allá de Cataluña y de las islas es hoy muy difícil. El miércoles, es más que posible que todas las comunidades menos la que preside Salvador Illa se opongan a un modelo presentado, teóricamente, para mejorar la financiación de todas.

Como ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, de aprobarse el sistema, las comunidades recibirán 20.975 millones más que con el modelo vigente, es decir un 47% más. Así, según las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior, por ejemplo, a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación. Además, dentro de la reforma, el Gobierno plantea un incremento del porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.

Necesidades de financiación

Entre otras cosas, el Ejecutivo ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de la prestación de los servicios y en las necesidades de financiación. De esta forma, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre comunidades un 50% respecto al modelo actual, siempre según argumenta el Ministerio tomando de base el borrador enviado a las CCAA el pasado 10 de julio.

Las 11 comunidades del PP mostraron su rechazo al modelo desde el principio y desde antes de recibir el primer borrador. Algunas, como la Junta de Castilla y León, muestran una oposición muy contundente porque, denuncian, la propuesta "favorece a los territorios más poblados" y a las comunidades "con gran extensión, baja densidad de población, dispersión geográfica y una población envejecida". Pero las CCAA con estas características, como Madrid o la Comunidad Valenciana, también están en contra, aunque en este caso sus líderes ponen el acento en que el sistema se pactó con Esquerra Republicana y "sigue los dictados de los independentistas catalanes".

Sin embargo, lo que más en evidencia ha dejado al Ministerio de Hacienda es que los dos ejecutivos socialistas del régimen común (Navarra tiene un sistema foral propio) también se oponen con virulencia, pero con argumentos similares a los de Castilla y León. Fuentes del Ejecutivo castellano-manchego explican que la propuesta "es absolutamente injusta" porque beneficia a las comunidades ricas frente a las pobres, pero reconocen que gobiernos como el de Madrid, una de las regiones más beneficiadas, rechazan el modelo "por motivos políticos, porque en realidad beneficia a la Comunidad de Madrid".

Page: "una reforma reaccionaria"

Castilla-La Mancha es una de las comunidades que rechazan con más rotundidad el sistema. El presidente, Emiliano García-Page, ha calificado la financiación del Gobierno del PSOE como "absolutamente reaccionaria": "Es la mayor amenaza para la igualdad de los españoles de toda la democracia", ha asegurado el dirigente socialista. El consejero de Hacienda de la Junta de Comunidades, Juan Alfonso Ruiz, ha añadido además que el Ministerio lo ha planteado como "un contrato de adhesión" y "sin ningún margen de negociación".

Asturias, la otra comunidad presidida por un socialista, Adrián Barbón, es mucho más suave en las formas, pero coincide en el rechazo de fondo, como confirman a EL PERIÓDICO desde el Gobierno del Principado. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha adelantado que si el miércoles no se presenta una propuesta "con modificaciones sustanciales" sobre lo ya conocido, votará en contra. Como explica el consejero de Hacienda, lo que propone el Ejecutivo de España "premia a los que tienen más población". En Asturias se ha creado una Mesa por la Financiación Autonómica, en la que todos los partidos, salvo Vox, mantienen el diálogo para defender el mismo modelo, opuesto al del Ejecutivo de España.

Fuentes socialistas apuntan a que uno de los principales problemas de origen del modelo es que el acuerdo previo lo alcanzaron Pedro Sánchez y el líder Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el 8 de enero de 2026 en Moncloa. Tras la reunión fue el propio Junqueras el que lo explicó, sin que saliera nadie del Gobierno a ratificarlo. El líder republicano lo calificó como “un buen acuerdo". "Todo el mundo gana y nadie pierde”, dijo. Y enfatizó que el pacto comportará 4.700 millones para Cataluña, elevando un 12% sus ingresos.

Aquella comparecencia encendió la mecha del agravio. Poco después, los socialistas de Aragón, que tenían elecciones en febrero, o de Castilla y León, que se enfrentaron a las urnas en marzo, lo rechazaron. Y ahí empezó la rebelión socialista en cascada, que sumó fuerzas con la oposición en bloque de las comunidades del PP que se escenificará el próximo 29 de julio en Madrid.

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