Reconvertir oficinas y plantas bajas, dividir pisos grandes y densificación: la ley del Govern y los Comuns para acelerar la vivienda protegida

Reconvertir oficinas y plantas bajas o incluso hoteles o parkings, permitir construir más en un mismo solar, dividir pisos grandes o permitir más altura en los edificios y, en definitiva, densificar algunas zonas. El Govern y los Comuns han puesto encima de la mesa una proposición de ley que tiene como finalidad activar todas estas medidas excepcionales en las zonas tensionadas para acelerar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) en Catalunya tanto de compra como de alquiler. "Hay que garantizar que la vivienda cumpla su función social, que es que sea un hogar”, ha defendido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Hay que garantizar que la vivienda cumpla su función social, que es que sea un hogar

Sílvia Paneque

— Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Se trata de la concreción de un compromiso derivado del acuerdo de presupuestos y que tiene como objetivo facilitar durante los próximos cuatro años -un plazo prorrogable- la movilización de todos los recursos públicos y privados para aumentar el parque residencial protegido. La estimación más optimista es que, si funciona, en ese tiempo puedan sumarse entre 15.000 y 20.000 VPO. El Govern se compromete a hacer, cada dos años, un recuento público del resultado obtenido por esta vía. "Catalunya vive una crisis salvaje de acceso a la vivienda, el sector privado no se puede lavar las manos ante eso", ha sostenido la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

Catalunya vive una crisis salvaje de acceso a la vivienda, el sector privado no se puede lavar las manos ante eso

Jéssica Albiach

— Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

La norma, que será tramitada por la vía de urgencia en otoño y cuyos impulsores buscan su aprobación antes de que acabe el año, prevé que todas las nuevas construcciones solo puedan ser de uso residencial habitual y permanente, en régimen de propiedad o de alquiler de larga duración con precio acorde con los límites fijados, y que la protección sea perenne. En concreto, la ley incluye cinco medidas que tienen la vocación de atraer al sector privado para que se implique en la "misión de país" que supone construir vivienda social y que serán de aplicación directa e inmediata sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuando se soliciten las licencias. Eso sí, si un municipio quiere que alguna de esas medidas no se aplique en su territorio, podrá autoexcluirse en virtud de su autonomía y por decisión del pleno del ayuntamiento.

La primera de las medidas habilitará que todo el suelo y edificios de uso terciario, es decir, reservados para oficinas, comercios y actividades económicas, puedan transformarse en vivienda protegida. Ahora bien, con condiciones: por lo menos el 50% de la finca deberá destinarse a ese uso y la superficie mínima de las viviendas será de 50 metros cuadrados. Esto permitirá que oficinas, hoteles o aparcamientos construidos en altura puedan transformarse en hogares. También las plantas bajas, siempre que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad. En este último caso, pensado especialmente para los municipios en los que hay locales cerrados y vacíos, sí que hará falta un acuerdo del pleno del consistorio que habilite la zona concreta para ello, una salvaguarda pensada para proteger el tejido comercial existente.

La segunda medida prevista pasa por la densificación, aunque "quirúrgica", sostienen. Prevé que se pueda construir un 20% más de pisos en los terrenos pendientes de desarrollar urbanísticamente. Con todo, ese incremento se destinará íntegramente a vivienda protegida. Es decir, que si la previsión de un promotor es construir 100 pisos en un solar, si se acoge a esta norma podrá construir 120, pero garantizando que ese incremento será para viviendas de carácter social. Se permitirá para ello aumentar la altura de los edificios o bien la amplitud si el entorno lo permite. Este 20% de edificabilidad adicional también aplicará a los edificios de oficinas u hoteleros aislados que apuesten por reconvertirse íntegramente en VPO o equipamientos comunitarios destinados a alojamiento temporal de protección.

Edificar nuevas plantas en bloques en los que ahora no se permite construir más es otra de las medidas que incorporará la norma para sumar pisos protegidos, siempre y cuando estos no hayan alcanzado todavía la altura de los edificios colindantes. Eso sí, no podrán superar esas medianeras ya existentes, simplemente igualarse.

La proposición de ley también contempla la posibilidad de que pisos grandes puedan dividirse en otros más pequeños, garantizando una superficie mínima de 50 metros cuadrados y destinándolos todos ellos a vivienda social. Además, eso no impedirá que puedan convivir con vivienda libre ya existente. También permitirá el cambio de uso de oficinas a VPO en edificios donde la normativa no permite en estos momentos más hogares porque se ha agotado la densidad permitida.

La norma permitirá actuar también sobre terrenos que, por su estado actual, no se pueden edificar porque no cumplen las condiciones urbanísticas exigidas. Se podrá construir en ellos residencias protegidas si se garantizan los requisitos de habitabilidad y la condición de que al menos cada piso tenga 50 metros cuadrados de superficie. También se incentivará que las antiguas colonias textiles puedan reconvertirse en VPO por la vía de rebajar la reserva obligatoria de terrenos para zonas verdes y equipamientos. Se aplicarán, en este caso, los mismos criterios que en los municipios rurales.

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