El PP pide al juez del caso Leire que prohíba a la directora de la Guardia Civil poder supervisar a la UCO y vete su acceso a expedientes

Las acusaciones populares en el caso Leire, bajo la dirección letrada del Partido Popular, han presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz toda una batería de nuevas diligencias para impulsar este procedimiento, que tiene entre sus imputados a la directora general de la General de la Guardia Civil, Mercedes González y al jefe operativo del cuerpo, Manuel Llamas.

Con respecto a ambos solicitan que se les prohíba "ejercer cualquier facultad de mando, dirección, supervisión, destino, evaluación o régimen disciplinario sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y, en particular, sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN) y sus 5 integrantes" que son quienes llevan el peso de las investigaciones en causas que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y fueron el objetivo de la presunta trama investigada en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez.

En su escrito, inciden en que los dos mandos imputados en la causa, mantienen "el ejercicio pleno de sus funciones y en la superioridad jerárquica sobre la propia unidad cuya labor se investiga si trataron de obstaculizar". También abogan por que se impida a González y Llamas "incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento"; y que se impida su acceso "a la documentación, sistemas y expedientes relativos a la investigación en curso".

El escrito firmado por el letrado del PP Alberto Durán --que recoge peticiones de otras organizaciones, como Hazte Oír-- recuerda que González y Llamas están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia por obstrucción, "consistentes en la instrumentalización del régimen disciplinario interno de la Guardia Civil, mediante la apertura de sucesivas informaciones reservadas, para presionar, intimidar y condicionar el trabajo de la UCO en causas que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE".

Tras subrayar que el juez "ya ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO", el escrito menciona que "la existencia del riesgo no es una hipótesis de esta parte, sino una realidad ya apreciada por el propio instructor, que ordenó a la UCO mantener la debida cautela sobre la evolución de la investigación y no informar de sus avances a la cúpula del Cuerpo, precisamente para evitar que los detalles llegaran a los dos máximos responsables investigados".

Por otra parte, las acusaciones populares también piden -- y por segunda vez-- que se cite como investigado al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, el antecesor de la actual directora, una petición que el juez Pedraz rechazó en el primer intento al no apreciar indicios en su contra. Aluden a que la investigación ha determinado que el exjefe de la UCO Rafael Yuste desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para "ponerse de perfil" en la investigación a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

Comparan con el hermano de Sánchez

En otro de los escritos remitidos al juez Pedraz, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la acusación compara el puesto creado "a medida" para la exmilitante socialista en Correos, donde desempeñó las funciones de directora de Relaciones Institucionales y Filatelia entre 2022 y 2024, con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, por la que acaba de ser condenado por prevaricación administrativa, un delito que atribuyen ahora a Díez. Pide que se le impute también este delito a la exmilitante.

Además, para ahondar en la investigación de este asunto, las acusaciones solicitan que se cite como investigados a José Luis Pérez, "vicesecretario de Correos", y a Patricia Álvarez, "subdirectora de Desarrollo Organizativo y de Personas de la empresa pública".

En otro de los documentos remitidos se reclama también la citación, aunque esta vez en calidad de testigo, del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso en relación con una denuncia presentada en dicha provincia contra Díez que finalmente fue archivada. Se justifica en que Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica del Ministerio Público cuando Álvaro García Ortiz lo encabezaba, ha reconocido ya ante Pedraz que "habría contactado con el fiscal jefe de Badajoz en relación con dicha denuncia, llegando incluso a trasladar criterios concretos sobre su tratamiento procesal y sobre la conveniencia de su archivo".

Finalmente, solicitan la copia íntegra de "todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre cualesquiera fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación", como correos electrónicos corporativos, registros de llamadas, videoconferencias o reuniones, comunicaciones internas o informes, entre otros.

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