El Govern reclama al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía por los gastos del 1-O

Una semana después de que el president Salvador Illa reclamara públicamente la aplicación de la amnistía de forma "integral, diligente y sin subterfugios" una vez recibido el aval de la justicia europea, el Govern ha decidido mover ficha. La Generalitat ha presentado este viernes un escrito al Tribunal de Cuentas para reclamarle que dé por extinguidas las responsabilidades contables y aplique la amnistía y levante las medidas cautelares por el 1-O y la acción exterior. Se trata de la causa que afecta a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente Carles Puigdemont y Artur Mas, y exconsellers como Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull, sobre el uso de fondos públicos para la preparación, logística y ejecución del 1-O y los recursos destinados a la promoción internacional del 'procés' entre 2011 y 2017 mediante el Diplocat y la red de delegaciones del Govern.

Según ha explicado en un comunicado, la Generalitat comparece "exclusivamente" en su condición de entidad del sector público presuntamente perjudicada y haciendo uso de la formulación de alegaciones permitida. El Tribunal de Cuentas, que ha asegurado que de momento no aplicará la amnistía pese a la sentencia favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dio 10 días a todas las partes para presentar esas alegaciones.

Una aplicación "preferente y urgente"

La presentación del escrito, remarca el Govern, se ha hecho de forma anticipada y sin esperar el eventual trámite de audiencia que pueda acordar el tribunal. Lo justifica por el carácter "preferente y urgente" que la ley de amnistía atribuye a su aplicación, puesto que la norma establece un plazo máximo de dos meses para que se haga efectiva. Justamente por esa urgencia que queda recogida en la ley, el Executiu justifica el traslado de su posición institucional, que pasa por considerar extinguidas las responsabilidades contables de los hechos examinados acogiéndose a la doctrina del TJUE que sostiene que hay que aplicar la amnistía.

Más allá de los argumentos jurídicos, la Generalitat defiende que las instituciones deben actuar con "plena coherencia" con el marco legal vigente y con las decisiones de los tribunales europeos y constitucionales, todo ello con la finalidad de garantizar la efectiva aplicación de las leyes. El Govern vuelve a reiterar su compromiso de contribuir al "cierre definitivo" de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable pendientes del 'procés'.

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