Acusado de fraude y malversación
La fiscalía pide siete años de cárcel para Oriol Puig por un contrato irregular cuando era director del Meteocat
Anticorrupción sostiene que adjudicó a unos trabajos que no se realizaron a la empresa Triacom, que ha sido investigada por presunta financiación ilegal de CDC
El juez del 'caso 3%' investiga por fraude al Servei Meteorològic de Catalunya

Oriol Puig, a su entrada en los juzgados de Barcelona. / JORDI OTIX
La Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y 15 años de inhabilitación para el exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Oriol Puig Godés, hermano del exconseller Felip Puig, por un delito de fraude a la Administración y otro de malversación de fondos públicos. La acusación está relacionada con la contratación, presuntamente irregular y a dedo, en 2011, de la productora audiovisual Triacom, gestionada por el exgerente de TV3 Oriol Carbó, defendido por el abogado Manuel González Peeters. La empresa ha sido investigada por la supuesta financiación de CDC, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Los abogados de la Generalitat, que ejercen la acusación particular, solicitan para el exalto cargo cinco años de prisión y 11 años de inhabilitación para Oriol Puig por un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de fondos públicos. En su escrito, la letrada expone que de la investigación judicial se desprende que Triacom «formaba parte de una estructura de financiación» de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), mediante el pago de gastos de la campaña electoral de 2010 y a personas «ligadas directa o indirectamente» al partido. El pasado 22 de junio, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la apertura del juicio oral no solo contra Oriol Puig y Oriol Carbó, sino también contra otras dos personas acusadas de delitos vinculados a Triacom.
"Enriquecerse de forma ilícita"
La fiscalía sostiene que Oriol Puig Godés y Oriol Carbó, «de forma concertada y con la finalidad de enriquecerse de forma ilícita en perjuicio» de la Administración autonómica catalana, «participaron» en un expediente de contratación para la creación de una aplicación para móviles. Así, en octubre de 2011, el entonces director de Meteocat, «de forma no justificada», acordó el inicio de ese expediente mediante un procedimiento sin publicidad, con un importe máximo de 60.000 euros, IVA excluido, y «sin basarse en ningún criterio técnico ni comercial».
El objeto de este contrato, según el fiscal Carlos Fernández Irízar, era la creación de una aplicación de consulta de información meteorológica para dispositivos móviles. En el pliego de condiciones técnicas no se exponía, precisa el escrito, nada específico y este «se encuentra carente de las características técnicas», al incluir como único requisito que debía valorarse el precio ofertado.
Servicios inexistentes
De esta manera, señala la acusación pública, Oriol Puig adjudicó esa labor a la empresa Triacom, pese a saber que esta «no cumplía los requisitos legales para ejecutar» el servicio, ya que la actividad que desarrollaba «no coincidía con el objeto» de la adjudicación. Triacom era una compañía audiovisual —fue la productora del popular concurso El Gran Dictat, emitido en TV3—, pero no estaba especializada en el diseño de páginas web ni de aplicaciones.
Esta mercantil emitió dos facturas a Meteocat: una el 29 de diciembre de 2011, por 28.320 euros, y otra al día siguiente, por 42.480 euros. Estas cantidades fueron abonadas, aunque los servicios objeto del contrato «no fueron prestados» por esta empresa, «habiéndose ocasionado a la entidad Meteocat un perjuicio que asciende a 70.800 euros», subraya el escrito.
La fiscalía solicita para Oriol Carbó, por su parte, una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación —la misma que pide la Generalitat—. Además, lo implica, junto con dos gestores de empresas investigados, en una presunta trama de «facturación irregular», por la que se enfrenta a otros tres años de cárcel por falsedad documental.
Triacom, indica la acusación pública, participó entre 2012 y 2015 «por medio de la emisión y recepción» de facturas que «reflejaban prestaciones de servicios inexistentes, con la finalidad no solo de obtener un beneficio fiscal, sino también de permitir el trasvase no justificado de fondos» entre sociedades. Dos de las compañías implicadas giraron facturas a Triacom por trabajos «inexistentes» relacionados con los programas El Gran Dictat o Fish & Chips.
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