El PP revisa su apoyo histórico a la ley de nacionalidad saharaui tras la polémicas migratorias de la ley de nietos y la regularización

La ley de nacionalidad saharui se le atraganta al Partido Popular. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha venido defendiendo en los últimos años la necesidad de un "reconocimiento histórico" a Sáhara Occidental, un discurso que se acentuó tras el giro del Gobierno sobre este asunto, cuando en 2022 enmendó la posición de España y pasó a reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio. Pero el apoyo popular a esta causa parece haberse diluido al calor de las últimas polémicas migratorias, donde los procesos de concesión de permisos de residencia y de nacionalidad han agitado un tablero político ya marcado por los pactos entre PP y Vox.

La ley de nacionalidad saharaui, que otorga la nacionalidad a los nacidos bajo administración española, antes de 1976, y a sus descendientes, ha sido defendida activamente por el PP como una manera de solventar la deuda histórica de España con el pueblo saharui, y también como una suerte de ariete contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su giro sobre el Sáhara.

El apoyo se mantuvo hasta bien entrada la primavera, pero después de firmar sus pactos autonómicos con Vox y tras las últimas polémicas en torno a asuntos migratorios por las nacionalizaciones incluidas en la ley de nietos y la regularización extraordinaria de migrantes, los populares replantearon sus posiciones, llegando a votar en contra en el último trámite de la norma. Justificaron la decisión en cuestiones técnicas que hasta entonces no se habían planteado.

Este jueves, la ley afronta su último trámite en Comisión con la aprobación del informe final, y los populares estudian su posición, que dependerá en último término de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Justicia, Defensa e Interior del PP, Cuca Gamarra, encargada de estas cuestiones en las filas populares.

La votación definitiva del informe tendrá lugar en el Pleno del Congreso previsto para el 10 septiembre, donde el PP tendrá que justificar su posición final sobre el asunto, manteniendo la tesis hasta ahora defendida o ratificando su giro marcado por el contexto político, donde el peso de la migración marca cada vez más el debate.

Apoyo inicial del PP

El PP ha sido uno de los actores que en los últimos meses más han presionado, junto a Sumar, por aprobar esta iniciativa, defendiendo el explotando también las contradicciones que genera la norma en el partido de Gobierno: en febrero de 2025, cuando el Congreso votó por primera vez esta norma, el PP la salvó con su voto a favor. El único partido que votó 'no' fue precisamente el PSOE. Fueron los populares quienes permitieron que se debatiera en sede parlamentaria.

Gracias al apoyo inicial de los populares, la ley de nacionalidad saharui comenzó a tramitarse esta legislatura. Desde entonces, el ala minoritaria del Gobierno ha venido presionando a los socialistas para impulsar esta norma. Pero el PSOE ha mostrado grandes resistencias a la hora de impulsar esta ley de nacionalización saharui, y la ha mantenido bloqueada durante meses en la Comisión de Justicia, presidida por un diputado socialista. Un bloqueo que en Sumar atribuían directamente al Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares y a su afán por mantener el favor de Marruecos.

En abril se produjo un nuevo giro de guion, después de que el Gobierno aprobara la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que se planteó por la vía de la reforma del Reglamento de Extranjería y que no pasó por el Congreso. En el texto, el Gobierno eliminó la posibilidad de que los saharuis pudieran acogerse a esta proceso.

Aunque en los primeros borradores del decreto de regularización sí estaban, en la redacción final quedaron excluidos solicitantes del estatuto de apatridia, un colectivo integrado de forma abrumadoramente mayoritaria por saharauis. Según datos del Ministerio de Inclusión, alrededor del 95 % de las más de 11.500 personas apátridas en España son de origen saharaui. Por entonces, Sumar y PP escenificaron una suerte de 'pinza' parlamentaria en el Congreso y presionaron activamente al PSOE para acelerar la tramitación de la norma, que permanecía bloqueada. El PSOE llegaron a plantar al Frente Polisario en una reunión en el Congreso a la que sí acudieron tanto sus socios de Gobierno como los populares.

Acercamiento del PSOE

A lo largo de junio, los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición fueron acercando posiciones, un cambio de postura del PSOE que en Sumar achacaron a la mejora en las relaciones con Argelia, con quien Pedro Sánchez mantuvo esta misma semana la primera cumbre bilateral tras quedar las relaciones congeladas en 2022, a raíz precisamente del giro de España sobre el Sáhara.

Una de las figuras que ha pesado en el nuevo acercamiento ha sido Francina Armengol, que ha sido proactiva para permitir el avance de la norma. La presidenta del Congreso abrió las puertas del hemiciclo la semana pasada a un centenar de niños saharauis del programa "Vacaciones en Paz", y en un emotivo discurso, reveló su experiencia personal como madre de acogida de dos niños saharauis.

Así las cosas, el pasado mes los socios de Gobierno acordaron varias enmiendas al texto inicial de la ley de nacionalidad saharaui, que recibió el visto bueno de la ponencia el pasado 30 de junio en la Comisión, donde se aprobó el informe con el respaldo de los socios de izquierda, mientras que Junts optó por abstenerse. El PP, tras apoyar la norma durante meses, se posicionó finalmente en contra, junto a Vox.

Un cambio de posición de los populares que coincidió con la firma de distintos pactos autonómicos con Vox y que llegó tras las polémicas abiertas en materia migratoria, desde las nacionalizaciones concedidas en base a la ley de nietos, una disposición adicional a la ley de memoria democrática; como la regularización extraordinaria de migrantes. Pese al apoyo que los populares han venido manteniendo a esta norma, estos episodios parecen haber marcado un punto de inflexión. Hace dos semanas, en la Comisión de Justicia, el PP ya rechazó el informe de la ponencia, en una sesión a puerta cerrada. Este jueves deberán ratificar posiciones y justificar públicamente su postura.

La ley

La condición de saharaui nacido en ese contexto se podrá demostrar mediante DNI español (aunque esté caducado), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental emitido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros documentos.

El PSOE ha rechazado reconocer como válidos los documentos expedidos por el Frente Polisario, al no estar oficialmente reconocido como autoridad. Además, la petición para obtener la nacionalidad no llevará aparejado ningún tipo de tasa y deberá formalizarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, que se producirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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