El PP planta al Gobierno en la conferencia sectorial de inmigración y le acusa de "deslealtad"

El PP planta a la conferencia sectorial de migraciones y acusa al Gobierno de "deslealtad institucional" y de tratar de emplear la cita como "aval" a su política, "diseñada al margen" de las comunidades autónomas. Los consejeros autonómicos populares no han asistido a la convocatoria prevista para este jueves por la mañana en el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones con la ministra Elma Saiz y, en una declaración conjunta, denuncian que el Ejecutivo "veta información clave a las CCAA". La reunión, según confirman desde el Gobierno, no ha podido celebrarse por falta de quórum.

En las filas del PP acusan al Ejecutivo de haber "vaciado la Conferencia Sectorial de Inmigración de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones". Prueba de ello, alegan, es que la última convocatoria de esta cita tuvo lugar hace quince meses, "un plazo que por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo".

"En lugar de convocar a las Comunidades Autónomas con la periodicidad necesaria para construir conjuntamente una política migratoria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las ha ignorado sistemáticamente durante más de un año, para ahora buscar que su presencia sirva únicamente de aval a una política migratoria irresponsable y diseñada al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto".

El PP también acusa al Gobierno de "ocultar actas y grabaciones" de las anteriores reuniones, además de "vetar información clave a las comunidades autónomas" en materia migratoria. Así, denuncian que el ministerio "tampoco cumplido en lo relativo a la documentación que prometió hacer llegar a las CCAA".

En este sentido, señalan que "seguimos sin recibir ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo" y "sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las CCAA y entidades locales sobre la mayor regularización de inmigrantes de la historia". En su lugar, critican, el ministerio les ha remitido únicamente la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de tramitación del Real Decreto de Regularización.

La ministra Saiz ha comparecido ante los medios para denunciar la postura de PP, que a su juicio "ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema", advirtiendo de que por primera vez se habían convocado a los consejeros de Vox tras la firma de pactos de Gobierno autonómicos entre PP y Vox. "No sé si esta actitud se ha decidido en Génova o ha sido siguiendo la estela marcada por Vox", criticó.

Balance de política migratoria

La conferencia sectorial no ha podido celebrarse finalmente, aunque la ministra sí prevé mantener reuniones bilaterales a lo largo del día con las comunidades autónomas que sí han asistido: Catalunya, Canarias, Euskadi, Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra.

El objetivo de la cita era abordar el balance del proceso de regularización extraordinaria, cuyo plazo para presentar las solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones, un asunto sobre el que varias comunidades han pedido más coordinación e información por parte del Ejecutivo.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, 608.000 peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que implica que estos solicitantes tienen una primera autorización temporal para residir y trabajar en España, y ya han sido resueltas de forma favorable unas 12.000.

Durante la reunión también estaba previsto abordar la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto sobre el que autonomías como Canarias demandaron más información antes de la entrada en vigor del paquete normativo, el pasado 12 de junio, por sus implicaciones en procesos como el triaje que se debe realizar a las personas que llegan de forma irregular al país.

En el encuentro también se debatirá el despliegue del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, anunciado el pasado 30 de junio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una dotación para el primer año de más de 500 millones de euros, de los cuales más de 200 irán destinados a reforzar los servicios públicos.

Entre los puntos del día también figuran otros temas, como la evolución de la situación migratoria, el funcionamiento del sistema estatal de acogida y el desarrollo de las vías legales y ordenadas de migración.

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