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Condena al hermano de Sánchez

Una acusación contra el hermano de Sánchez acude al Tribunal de Cuentas por los más de 427.000 euros cobrados que ni la Diputación ni Fiscalía reclamaron

Iuistitia Europa pretende que se abra un procedimiento que interrumpa la prescripción de la responsabilidad contable mientras se declara en firme la sentencia de la Audiencia de Badajoz

David Sánchez Pérez Castejón en su declaración como investigado ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

David Sánchez Pérez Castejón en su declaración como investigado ante la Audiencia Provincial de Badajoz. / EUROPA PRESS

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
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Una de las acusaciones en la causa que ha concluido con la condena a nueve años de inhabilitación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación relacionado con puestos que ocupó en la Diputación de Badajoz ha acudido al Tribunal de Cuentas. Reclama el reintegro de los más de 427.000 euros cobrados por este y su colaborador Luis Carrero que ni la Diputación de Badajoz ni la Fiscalía pidieron que fueran devueltos ante el tribunal que juzgó los hechos.

El presidente de Iuistitia Europa, que es la entidad que realiza la reclamación, ha explicado a EL PERIÓDICO que con esta denuncia consiguen interrumpir la futura prescripción que se pueda argumentar en un futuro, con independencia de que, tras abrir el procedimiento, el tribunal contable tenga que dejar su actuación en suspenso hasta que exista sentencia firme. Las acusaciones populares no pudieron reclamar la devolución del dinero ante la Audiencia de Badajoz por falta de legitimación, un requisito con el que sí cuentan ante el Tribunal de Cuentas.

Concretamente, se interpone acción pública contable ante el Tribunal de Cuentas para que "se investiguen, cuantifiquen y, en su caso, se reintegren" las cantidades abonadas por la Diputación Provincial de Badajoz en relación con los puestos ocupados por David Sánchez Pérez-Castejón y Luis María Carrero Pérez.

Se basan en que la Audiencia consideró acreditada la creación de una plaza "innecesaria y vacía de contenido esencial", destinada al músico -primero como coordinador de conservatorio luego como jefe de la Oficina de Artes escénicas, así como otra "igualmente vacua" según los jueces reservada a su colaborador, mediante procedimientos de selección calificados como cosméticos.

Luis Carrero y David Sánchez.

Luis Carrero y David Sánchez. / Jesús G. Hinchado

Cuantías

Según las certificaciones retributivas conocidas, apunta Iustitia en su escrito, David Sánchez habría percibido de la Diputación Provincial de Badajoz alrededor de 340.572 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025. Por su parte, Luis María Carrero habría percibido 86.988 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Así, el volumen inicial de retribuciones sometido a comprobación asciende, por tanto, a 427.561 euros, sin incluir todavía las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas, desplazamientos ni los costes adicionales derivados de que otros empleados públicos tuvieran que asumir funciones que correspondían a los puestos investigados.

Además, consideran deberán tenerse en cuenta por parte del Tribunal de Cuentas, las asignaciones presupuestarias para ambos puestos. Rubén Sobrino, que ejerce la dirección letrada de esta acción judicial pide también en su escrito ante el Tribunal de Cuentas que recabe las nóminas, certificados de haberes, cotizaciones, expedientes de personal, documentos presupuestarios y órdenes de pago, y que determine qué parte de las cantidades abonadas contó con una prestación real y qué parte, en su caso, careció de contraprestación efectiva.

Finalmente, interesan que se investiguen también los gastos vinculados al Proyecto Ópera Joven y a la producción "La paz perpetua", cuyo coste publicado ascendió a 128.080 euros frente a una recaudación aproximada de 2.000 euros según esta acusación popular.

Por su parte, Vox también ha solicitado ante el Tribunal de Cuentas que se investigue la documentación contable de Carrero. Considera que la falta de transparencia en la información aportada sobre esta cuestión podría "constituir un saldo deudor injustificado susceptible de generar responsabilidad contable, como en el caso el hermano de Pedro Sánchez, a quién está vinculado Carrero".

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