El Supremo levanta las cautelares a Aldama pero tendrá que seguir pidiendo permiso para salir del país por el caso hidrocarburos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban contra el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a petición de su defensa, dada la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años y medio de prisión teniendo en cuenta su colaboración con la justicia.

Desde diciembre de 2024 pesaba sobre el empresario la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada dos semanas en sede judicial. Para el Supremo ya no es necesario que siga sometido a esos requisitos, que se acordaron de forma preventiva hasta la celebración del juicio, aunque el empresario sigue sin tener libertad de movimientos: el juez Pedraz mantiene medidas contra él por el caso hidrocarburos, en el que está imputado.

Pese a ver delito en las actividades que llevó a cabo con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, el Supremo acordó que no entraría en prisión a cumplir su pena dado que todos los delitos por los delitos conllevaron fue condenado conllevaron penas pequeñas de prisión.

En la providencia en la que adopta esta decisión, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el presidente de la Sala del Tribunal Supremo que le juzgó, Andrés Martínez Arrieta, señala que, pese a estar pendientes de resolución aclaraciones de la misma, así como el incidente de nulidad de actuaciones planteado por Ábalos y Koldo, "no es menos cierto que la consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares" adoptadas en su momento por el instructor de la causa, Leopoldo Puente.

Viajará a Paraguay

En lo que respecta al caso hidrocarburos, sigue siendo necesario que pida permiso, y así lo ha hecho ante el juez instructor, que ha autorizado, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario, que pueda salir del territorio nacional desde este martes y hasta el sábado 24 de julio para viajar a Paraguay, "con la finalidad de mantener reuniones de tipo profesional enmarcadas en el sector inmobiliario" según reza el escrito presentado por su abogado, José Antonio Choclán.

Aldama fue condenado a cuatro años de prisión en el Supremo por los delitos de organización criminal y cohecho, si bien los magistrados aplicaron al empresario la atenuante de colaboración muy cualificada y suspendieron la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos", según la sentencia. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Colaboración

Ya antes de celebrarse la vista, Aldama reconoció por escrito la comisión de tres delitos, actuando de conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal -- organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada--, si bien consideraba que se le debían aplicar atenuantes que rebajasen la petición inicial de siete años de cárcel por parte de Anticorrupción, que es lo que terminó ocurriendo.

Por otra parte, sigue colaborando con la justicia. El pasado 21 de mayo, el empresario manifestó durante una declaración ante el juez que instruye otra parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno que conocía que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos desechables, aunque no le consta de forma fehaciente que el origen de los mismos fuera el guardia civil implicado en el caso Koldo Rubén Villalba, que era el que facilitaba las denominadas "cafeteras" seguras a esta trama.

Aldama comparecía a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas que incluye nuevas conversaciones entre el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos y la entonces presidenta balear y hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol sobre estas contrataciones y, también,, sobre la adquisición de test para aeropuertos.

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